El propósito del presente trabajo académico es mostrar cómo requiere y no establece absolutamente medidas, ni excepciones, para cumplir con los requisitos específicos el artículo 565-A del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, esto es “acreditar estar al día en el pago de la pensión alimentaria”, de cualquier persona que alegue que el órgano jurisdiccional extinguida una obligación de carácter alimentaria al cual se está obligado, en violación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a los efectos de preparar este acto para determinar que debe ser interpretado sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el marco legal en el que se construye. También se analiza que debemos entender por derecho a alimentos y los que están obligados a otorgarlos, al hacer un análisis específico de causas específicas en las que se estableció la transferencia de exenciones de impuestos sobre los alimentos, se estableció en el artículo 483° del Código Civil, lo siguiente; por la incapacidad material de seguir cumpliendo dicha obligación por parte del obligado, de manera tal que exigirle dicho cumplimiento ponga en riesgo su propia subsistencia; por haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista y por ultimo cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad. Una vez que se determine cada causal, los parámetros o excepciones a la aplicación de una solicitud especial al momento de calificar la demanda, llegando a la conclusión de que el juzgador en todo caso vía control difuso, debe aplicar la ley constitucional a un comportamiento legal efectivo, comparable a un requisito oficial para limitar el acceso a la justicia, incluso una declaración de sustancias en una justicia de proceso donde se hace la garantía mínima para verificarse y establecerse sobre la fundabilidad de la pretensión.

En este artículo, se trata de establecer si se garantiza la tutela judicial efectiva y debida diligencia reforzada con las medidas de protección dictadas por un juzgado especializado del distrito judicial de Ancash, a favor de las mujeres víctimas de violencia durante el año 2021, para el cual se ha procedido a evaluar tales principios a la luz de resoluciones que conceden dichas órdenes judiciales, habiendo llegado a la conclusión de que para anularse, controlarse y disminuir el riesgo en que se encuentren las mujeres violentadas y permitírseles una vida libre de violencia, es necesario que las medidas de protección sean idóneas, integrales, razonables y ejecutables; y, para lograr ese objetivo debe aplicarse los enfoques basados en los derechos humanos, de género, de interseccionalidad e interculturalidad, así como juzgar con perspectiva de género, libre de todo estereotipo sexista y aplicando los métodos legales feministas, como “la pregunta por la mujer”, que es capaz de revelar objetivamente la realidad en que se encuentran las mujeres y la desigualdad entre ellas y los hombres. Además, para alcanzar los estándares universales de la debida diligencia reforzada es menester que los jueces tanto al impartir como al realizar el seguimiento y supervisión de las órdenes de protección actúen con celeridad, seriedad, imparcialidad y exhaustividad, no debiendo intervenir como si se tratara de una simple formalidad destinada anticipadamente al fracaso, exigencias que no se vislumbran plenamentede los casos analizados. / This article tries to establish whether effective judicial protection and reinforced due diligence are guaranteed with the protection measures issued by a specialized court of the judicial district of Ancash, in favor of women victims of violence during the year 2021, for the which has proceeded to evaluate such principles in the light of resolutions that grant said judicial orders, having reached the conclusion that to annul, control and reduce the risk in which violated women find themselves and allow them a life free of violence, it is protection measures must be suitable, comprehensive, reasonable and enforceable; and, to achieve this objective, approaches based on human rights, gender, intersectionality and interculturality must be applied, as well as judging with a gender perspective, free of all sexist stereotypes and applying feminist legal methods, such as "the question about the woman”, which is capable of objectively revealing the reality in which women find themselves and the inequality between them and men. In addition, in order to achieve the universal standards of enhanced due diligence, it is necessary that judges, both when issuing and when monitoring and supervising protection orders, act promptly, seriously, impartially, and thoroughly, and should not intervene as if they were a simple formality destined to fail in advance, requirements that cannot be seen in the cases analyzed.

El presente informe es parte del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Procesal, es por ello que se analiza la Casación N° 241-2019/ANCASH; la cual aborda los siguientes temas: prueba por indicio, el estándar probatorio y tipo penal colusión, los cuales serán parte del análisis en conjunto. La presente Resolución resolvió declarar FUNDADO el recurso de casación por inobservancia del precepto constitucional y quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por la Fiscalía de Ancash contra la sentencia de vista de fecha 20 de noviembre de 2018, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 25 de junio de 2018, absolviendo así a los investigados de los cargos por colusión agravada en perjuicio del Estado. La Corte analizó si resulta determinante para el ejercicio del derecho de defensa, que el Ministerio Público mencione expresamente que probará los hechos mediante prueba por indicios y si la falta de tal mención significa la no valoración de los medios de prueba. Al analizar la casación, se concluye que la Corte correctamente señala que la fiscalía no vulneró el derecho de defensa al no postular expresamente la prueba por indicios y por ende estos pueden ser valorados. Sin embargo, la Corte ha excedido sus funciones al analizar los detalles de la acusación, sentencia de primera y segunda instancia concluyendo que la sentencia de vista no realizó una explicación suficiente y por el contrario la de primera instancia tenía una lógica trama argumentativa que atribuye responsabilidad penal –materias que no eran objetivos casacionales

El objetivo del presente trabajo es demostrar que la regla establecida por el Tribunal Constitucional en el precedente Vásquez Romero resulta adecuada para armonizar su rol de último garante de los derechos fundamentales y su rol de tribunal de casos. El análisis jurídico parte del hecho de que esta última función deriva en una sobrecarga procesal que, a su vez, dificulta la labor de brindar tutela de urgencia en las causas que realmente lo ameritan. Así, conforme a los criterios desarrollados por el profesor Marinoni para controlar la insuficiencia normativa para garantizar el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, se concluye que las causales de rechazo del RAC resultan idóneas para concentrar los recursos institucionales del Tribunal Constitucional y, a su vez, no desnaturalizan su rol de tribunal de casos, pues permiten descartar causas en que no medie necesidad de tutela de urgencia desde una dimensión subjetiva. Asimismo, en el presente trabajo se demuestra por qué las pretensiones planteadas por la señora Francisca Lilia Vásquez Romero deben ser desestimadas, tanto si se emite un pronunciamiento sobre el mérito como sobre su procedencia. Se trata de lo que se denomina un caso fácil, respecto al cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta armónica; aunque, pese a ello, se detectan algunas deficiencias argumentativas del Tribunal Constitucional al declarar infundadas ambas pretensiones

La tutela jurisdiccional es el derecho fundamental de cualquier justiciable a obtener una respuesta eficiente del Estado frente a la vulneración de sus derechos (acceso a la justicia, juez imparcial predeterminado por ley, derecho a la defensa, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, debida motivación de las resoluciones o sentencias, cosa juzgada; y, derecho a la efectividad de las resoluciones o sentencias). A través de una aproximación analítica a la doctrina, normas y jurisprudencia nacional e internacional se evidencia que la regulación peruana no es efectiva para proteger de forma eficiente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de personas trans que han sido víctimas de violencia sexual. Esto debido a que contamos con una regulación ineficiente e ineficaz, así como un tratamiento estatal negligente respecto de las necesidades especiales que este tipo de casos requieren. El Estado peruano no cuenta con la existencia de un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia; las investigaciones penales de estos casos suelen adolecer de perspectiva de género; tampoco existe un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTIQ+ efectivo y eficaz ni existe un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTIQ+. Debido a lo anterior, es preciso llevar a cabo medidas de corrección para garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva en casos de violencia sexual a personas trans como contar con una regulación específica que reconozca la incidencia de estos actos de discriminación, así como la necesidad de contar con refuerzos normativos y criterios jurisprudenciales. / The effective judicial protection is the prime human right to have an efficient answer from the State (access to justice, an impartial judge predetermined by law, defense right, right to a trial without undue delay, due motivation of resolutions or sentences, res judicata effect, and, the right to the effectiveness of resolutions or sentences). The Peruvian regulation about trans sexual violence is inefficiently. The main reason is because we have inefficient and ineffective regulation, as well as negligent State's treatment regarding the special needs that these types of cases require. The Peruvian State does not have a protocol for the investigation and administration of justice during criminal proceedings for cases of LGBTIQ + victims of violence; the criminal investigations does not have gender perspective; there is also no effective and efficient training and awareness plan on violence against LGBTIQ + people, nor is there a system for the collection and statistical production of violence against LGBTIQ + people. Due to the foregoing, it is necessary to carry out corrective measures to guarantee access to effective judicial protection in cases of sexual violence to transgender people, such as having a specific regulation that recognizes the incidence of these acts of discrimination, as well as the need to have normative reinforcements and jurisprudential criteria.

El presente trabajo tiene por objeto hacer un desarrollo sobre la situación del desarrollo de la Tutela Colectiva en el Perú. El problema central para enfrentar este tipo de controversias es la capacidad de identificar el interés detrás del grupo, pues, al ser un número bastante amplio de sujetos, no es posible atribuir a uno de ellos la titularidad exclusiva de derechos colectivos. Los intereses difusos y colectivos pertenecen a todos en general, pero a nadie en particular. Es por ello que surge la necesidad de que se realice un proceso eficaz para la tutela de los derechos supraindividuales. Pues bien, este contexto nos permite reflexionar sobre la regulación de tutela colectiva y las pocas normas sobre la materia se encuentran dispersas en el Código Procesal Civil y en otras leyes, así como de las instituciones procesales básicas que, al pretender aplicarse a este tipo de controversias presentan problemas en los justiciables, en los órganos jurisdiccionales y en general en todo el sistema judicial. Este problema, entonces, interesa a todos los sujetos que participan en un litigio, por lo que debe buscarse un tratamiento especial para este tipo de situaciones con la finalidad de superar los problemas tradicionales del proceso. Así descrito el problema, debemos revisar cuáles serían los beneficios de contar con una regulación colectiva en nuestro país, la cual permitiría satisfacer los derechos de incidencia colectiva. Una regulación sobre esta materia implica desafíos para las instituciones procesales tradicionales como lo son legitimidad para obrar y la cosa juzgada, las cuales deben ser replanteadas en beneficio de una regulación colectiva.

The purpose of this legal article is to demonstrate how to be required in an absolute manner and without establishing parameters, or exceptions to compliance with the special requirement contained in article 565-A of the TUO of the Civil Procedure Code, that is, "to demonstrate to be up to date in the payment of alimony ”, whoever wants the court to extinguish a maintenance obligation to which they are obliged, violates their right to effective judicial protection, for the purposes of developing the issue it will be established that they are understood as a right to judicial protection effective and the regulatory framework in which it is developed, it will also be taken into account that it is understood by the right to food and who is obliged to grant it, and then carry out a specific analysis of the specific causes on which the claim can be sustained. of exemption of alimony, which are established in article 483 of the Civil Code, as are the s following; due to the material inability to continue fulfilling said obligation on the part of the obligor, in such a way that demanding such fulfillment puts his own subsistence at risk; for having disappeared the state of need of the obligee and finally when the obligee reaches the age of majority. Once each specific cause has been established, the parameters or exceptions for the application of said special requirement will be established at the time of qualifying the claim, and the judge must in any case via diffuse control, make the right to effective judicial protection prevail against a formal requirement that limits access to the defendants even a statement on the merits after carrying out a judicial process where the minimum guarantees are met to verify and establish on the foundations of the claim. / El presente artículo jurídico tiene por finalidad demostrar como el exigir de manera absoluta y sin establecerse parámetros, ni excepciones, al cumplimiento del requisito especial contenido en el artículo 565-A del T.U.O del Código Procesal Civil, esto es “demostrar estar al día en el pago de la pensión de alimentos”, de quien pretenda que el órgano jurisdiccional extinguida una obligación de carácter alimentaria al cual se está obligado, vulnera su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para efectos del desarrollo del presente trabajo, se busca establecer, que se entienden por derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el marco normativo en el cual este se desarrolla. Asimismo se analiza que debemos de entender por derecho a alimentos y quienes están obligados a otorgarlos, realizando un análisis en concreto de las causales especificas en las cuales se sustentan la pretensión de exoneración de alimentos, establecidas en el artículo 483° del Código Civil, como lo son las siguientes; por la incapacidad material de seguir cumpliendo dicha obligación por parte del obligado, de manera tal que exigirle dicho cumplimiento ponga en riesgo su propia subsistencia; por haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista y por ultimo cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad. Siendo que una vez fijadas cada causal se establecerá cuáles son los parámetros o excepciones para la aplicación de dicho requisito especial al momento de calificar la demanda, llegando a la conclusión de que el juzgador en todo caso vía control difuso, deberá hacer prevalecer el derecho de carácter constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, frente a un requisito formal que limita el acceso a los justiciables aun pronunciamiento de fondo llevado a cabo en un proceso judicial donde se cumplan las garantías mínimas para verificarse y establecerse sobre la fundabilidad de la pretensión.

El presente trabajo de investigación analiza la relación entre la tutela ejecutiva y la institución procesal de la cosa juzgada. El objetivo fundamental propuesto es determinar si la decisión emitida en el marco de la tutela ejecutiva puede tener la autoridad de cosa juzgada. En este sentido, la hipótesis que se formula consiste en que, toda vez que el ejecutado se encuentra limitado en sus alegaciones por la regulación de nuestro Código Procesal Civil peruano y que la tutela ejecutiva no implica una cognición plena, lo decidido en el proceso de ejecución no puede gozar de la autoridad de la cosa juzgada. Para ello, se realiza un análisis e investigación de la institución de la cosa juzgada, de la tutela ejecutiva y, sobre todo, del incidente de contradicción del proceso de ejecución peruano. Luego de la investigación se concluye que, si bien debe respetarse el mandato que ordena seguir adelante con la ejecución, lo resuelto sobre el derecho aparentemente cierto y que será ejecutado no puede gozar de la calidad de cosa juzgada. De lo contrario, el ordenamiento jurídico estaría avalando la inmutabilidad de decisiones injustas. Esto atendiendo a la naturaleza de la tutela ejecutiva y de la contradicción como un incidente de cognición sumaria. / This report analyzes the relationship between execution process and the procedural institution of res judicata. The fundamental objective is to determine whether the decision issued under the execution process may have the authority of res judicata. In this sense, the hypothesis that is formulated is that every time that the execution process is limited in his allegations by the regulation of our Código Procesal Civil and that execution process does not imply full cognition, the enforcement proceedings cannot enjoy the authority of res judicata. To this end, an analysis and investigation of the institution of res judicata of executive guardianship is carried out and, above all, the incident of contradiction of the Peruvian execution process. After the investigation, it is concluded that although the mandate that orders the execution to continue must be respected the decision on the apparently certain right and to be enforced cannot enjoy the quality of res judicata. Otherwise, the legal system would be endorsing the immutability of unjust decisions. This is taking into account the nature of execution process and the contradiction as an incident of summary cognition.

El presente trabajo de investigación comprende una situación problemática en el ámbito procesal penal, concretamente la tutela de la víctima en la ejecución de fallos condenatorios con pena suspendida o no privativas de la libertad del sentenciado; de ese modo, especificamos las limitaciones que presenta la regulación procesal vigente que impiden al agraviado asumir un rol activo para ver satisfecho la reparación civil que le fue fijada a su favor en la sentencia, pues su participación está supeditada a la previa intervención del Ministerio Público. En ese entender, además de exponer nociones teóricas necesarias para un mejor entendimiento y tratamiento del estado de la cuestión, bajo un método descriptivo, concluiremos que los mecanismos de tutela de la víctima en la ejecución de sentencias con pena suspendida no son adecuados ni suficientes para dotar de eficacia a la reparación civil; por lo que, siguiendo una interpretación sistemática, constitucional y convencional, concluiremos que se debe permitir su participación activa en dicha etapa del proceso con la finalidad que pueda exigir el resarcimiento por el daño que le fue causado por la comisión del delito, sin excluir las facultades inherentes del Ministerio Público vinculadas al control de la legalidad y la ejecución de las penas. / This research work includes a problematic situation in the criminal procedural field, specifically the protection of the victim in the execution of convictions with suspended sentences or non-custodial sentences of the sentenced person; In this way, we specify the limitations presented by the current procedural regulation that prevent the aggrieved from assuming an active role to see satisfied the civil compensation that was established in his favor in the sentence, since his participation is subject to the prior intervention of the Public Ministry . In this understanding, in addition to exposing theoretical notions necessary for a better understanding and treatment of the state of the matter, under a descriptive method, we will conclude that the mechanisms of protection of the victim in the execution of sentences with suspended sentences are neither adequate nor sufficient to make civil reparation effective; Therefore, following a systematic, constitutional and conventional interpretation, we will conclude that their active participation in said stage of the process should be allowed in order to demand compensation for the damage that was caused by the commission of the crime, without excluding the Inherent powers of the Public Ministry linked to the control of legality and the execution of penalties.

En nuestro medio el Nuevo Código Procesal Penal tiene un carácter acusatorio y en base a los principios de publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas; hacen que los sujetos procesales (parte acusada y acusadora) deben encontrarse preparados, a fin de conseguir la justicia y equidad en el proceso penal; en consecuencia, bajo el nuevo paradigma del Estado Constitucional de Derecho pasa a ser trascendental el papel desempeñado por la defensa quien está representada por el abogado defensor, quien es el llamado a ejercer una defensa técnica eficaz a fin de garantizar al procesado el cumplimiento y la efectividad del derecho al Debido Proceso y a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. En tal sentido, en el desarrollo del presente trabajo nos hemos planteado determinar los estándares de una defensa técnica eficaz; y si la actividad desempeñada por el abogado que no cumple con estos parámetros conlleva a la vulneración de las garantías constitucionales del procesado, situación que podría acarrear nulidad absoluta de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del artículo 150 del Código Procesal Penal. Sin embargo, consideramos que para alegar nulidad por defensa técnica ineficaz no es suficiente que se configure esta; toda vez que, además, debe concurrir simultáneamente lo siguiente: a) Que el justiciable se encuentre en estado de indefensión; b) Que como consecuencia de la indefensión se le haya obstaculizado el acceso efectivo a la justicia; y, c) Se le haya vulnerado otros derechos constitucionales.