La creciente aparición de Tribunales Constitucionales alentada en todo el mundo - primero por la segunda postguerra y luego por los movimientos democráticos- es manifestación de un deseo generalizado por garantizar el predominio de los valores consagrados en las Constituciones, bajo el entendido de que éstos pueden conducir a sociedades más humanistas. De nuestro lado, han pasado ya más de diez años desde que el Tribunal Constitucional del Perú volvió a un pleno funcionamiento luego de la restitución de los tres magistrados destituidos por el gobierno fujimorista. Éste es un tiempo suficiente para reflexionar acerca de su gran contribución al desarrollo de la democracia en nuestro país. Dicha reflexión, desde el ámbito jurídico, debe tener como eje central la frondosa jurisprudencia que ha desarrollado este órgano constitucional en relación a los derechos fundamentales de la persona, al establecimiento de los límites al poder político y a la organización jurídico-política del Estado. / Tesis

El Proceso Constitucional de Hábeas Corpus, es una institución jurídica de trascendental importancia para el desarrollo de una sociedad, toda vez que se trata de una acción de garantía que procede en los casos en que se violen o amenacen los Derechos Constitucionales por acción o por omisión de actos de cumplimiento obligatorio. Siendo la libertad individual su razón de ser. Si bien esta Institución se encuentra presente en el desarrollo de los pueblos del mundo, sin embargo, no tienen una evolución idéntica ni sus mismos caracteres, aun cuando guarden similitudes. La acción del Hábeas Corpus tiene una literatura impresionante, sobre todo en Inglaterra y en los Estados Unidos de América. En la actualidad, es usada como medio de asegurar el control judicial del Ejecutivo, fundamentalmente en caso de extradición e inmigración, pero es utilizable en otras áreas del poder, tales como detención e internamiento bajo poderes de emergencia o cuando es limitada o restringida la libertad en pacientes mentales.

La presente investigación tiene por finalidad determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la remuneración. Esta labor es importante porque, como se sabe, sólo este tipo de contenido goza de garantía constitucional, a través del proceso de amparo. Si los jueces no conocen el contenido constitucional del derecho a la remuneración, corren el riesgo de decretar la improcedencia de demandas de amparo que, justamente, versan sobre aquel. Este error ocasiona la desprotección constitucional del derecho a la remuneración. Seguramente, el lector de estas páginas no es ajeno a la idea del Tribunal Constitucional peruano (y de cierto sector de la doctrina) sobre la existencia de un “contenido esencial” en los derechos fundamentales. Pues bien, mi argumentación va en sentido contrario: el derecho a la remuneración no tiene un “contenido esencial”, sino un “contenido constitucionalmente protegido”, que no es equiparable de ningún modo a aquel. / Tesis

La presente tesis tiene por objeto estudiar las funciones y competencias asignadas a nuestro Tribunal Constitucional. Para este propósito, en el primer capítulo se desarrollará un análisis general del origen de la jurisdicción constitucional y las razones de su existencia. Asimismo se estudiará el origen del Tribunal Constitucional, entendido como aquel organismo constitucional autónomo e independiente, que al interior del ordenamiento jurídico, ejerce la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales, garantizando los valores propios de la democracia. Luego de abordar el origen del Tribunal Constitucional a nivel mundial, veremos desde cuándo nuestro país adoptó esta institución y los motivos de dicha adopción, para luego pasar a analizar su finalidad y naturaleza. Seguidamente. Veremos el estatuto jurídico de nuestro Tribunal Constitucional, es decir, su organización y estructura: el número de magistrados que la integran, su periodo de mandato, los requisitos e impedimentos, vacancia, forma de elección de sus miembros, etc. Asimismo estudiaremos su composición a través de un Pleno y de dos Salas, su funcionamiento, su sede y el tipo de resoluciones que emite, entre otros aspectos. / Tesis

Esta investigación busca desarrollar el contenido jurídico del principio procesal constitucional de elasticidad, también denominado principio de adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales. Este principio no ha sido desarrollado de manera cabal por nuestra legislación ni por nuestro Tribunal Constitucional a la hora de aplicarlo a sus resoluciones constitucionales, ya que no podemos encontrar una definición del mismo, así como la extensión de sus alcances ni los límites en su aplicación en los procesos constitucionales / Tesis

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El documento digital no refiere asesor / Determina cuáles son las modificaciones necesarias para que el actual sistema de control de constitucionalidad de normas y Tratados existente en el Perú, sea acorde con los objetivos de dicho sistema y con el derecho internacional. La presente investigación constituye un aporte para mejorar el Sistema de Control Constitucional en el Perú, a efectos de cubrir determinados vacios que presenta el mencionado sistema, los cuales afectan los derechos de la Sociedad Civil; y a su vez, pueden generar Responsabilidad Internacional al Estado peruano y un daño en la imagen del Perú ante la comunidad internacional. Asimismo, dicho Sistema no permite que el Tribunal Constitucional ejerza un control eficaz del cumplimiento de sus criterios, respecto al control difuso ejercido por los órganos jurisdiccionales ordinarios. / Tesis

La tesis central de la presente investigación consiste en que los llamados “peligros” de la ponderación, están por fuera de ella; es decir, no son atribuibles a la estructura interna de la ponderación. De otro lado, los “límites” de la ponderación, sí son connaturales a la misma. El problema de los límites de la ponderación es un problema de naturaleza epistemológico, mientras que el problema de los peligros de la ponderación es un problema de naturaleza axiológico. Mientras que los límites se abocan a las limitaciones del conocimiento que afectan a la ponderación (como también pueden afectar a la subsunción o a la analogía), los peligros de la ponderación están referidos a la valoración del juicio ponderativo en sí como procedimiento racional para la aplicación de normas con carácter de principios.

A la par del amplio reconocimiento de la sociedad a la tarea del Tribunal Constitucional, somos testigos, no desde poco tiempo, de los constantes cuestionamientos a su labor, que repercuten en el ataque a su autonomía incluso por parte de poderes del Estado como el Congreso de la República o el Poder Judicial. Esta falta de correspondencia, hace notar la necesidad de realizar una revisión sobre la naturaleza del Tribunal Constitucional y las condiciones que se deben garantizar atendiendo a sus altas funciones, las que indudablemente deben iniciar por el análisis del vigente sistema de elección de sus magistrados. Ciertamente, la elección de los magistrados no ha sido en la experiencia peruana un proceso armonioso con la trascendental labor que este órgano comporta para la institucionalidad de la supremacía constitucional. A ello, debe sumarse la situación actual de renovación de magistrados, que además de exceder todo período regular, viene siendo materia de un replanteamiento en cuanto al procedimiento. Sin embargo, aun cuando se han producido algunos cambios al procedimiento de la elección, persisten los problemas que no permiten una designación democrática y oportuna. No existen en la actualidad las condiciones necesarias para asegurar un Tribunal Constitucional conformado por magistrados dotados de plena independencia y autonomía acorde con sus prioritarias funciones. En tal sentido, la presente investigación desarrolla los principales aspectos teóricos que determinan que el modelo de control constitucional peruano tiene como órgano central al Tribunal Constitucional, cuyos integrantes determinarán la eficacia de los principios elementales del Estado Constitucional de Derecho: la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. De esto, se reconoce que para garantizar dicha posición prioritaria debe partirse por asegurar un adecuado sistema de elección, cuyo estudio comprende diversos aspectos: procedimiento legislativo, órgano encargado de la elección, número de miembros, período del mandato y requisitos vinculados con la especialización y la trayectoria democrática. Con base en la experiencia práctica, se analiza y se concluye que el actual sistema de elección de magistrados constitucionales en el Perú no es coherente con el desarrollo de un proceso imparcial y objetivo, situación que es lesiva del principio – derecho del debido proceso que debe ser garantizado en todos los niveles, tal como la propia jurisprudencia constitucional lo ha establecido. En efecto, de acuerdo con los antecedentes nacionales en materia de elección de miembros del Tribunal Constitucional, la Comisión Especializada del Congreso no tiene parámetros normativos definidos para desarrollar sus funciones, habiendo ejecutado hasta la fecha un trabajo informal, poco transparente y ampliamente subjetivo, desplazando a la evaluación curricular y la trayectoria personal a un plano no decisivo, generando además, maltratos y acciones contrarias a la buena fe de los candidatos, que en muchos casos son juristas de reconocido prestigio. Asimismo, el actual procedimiento de designación desarrollado en el Pleno del Congreso de la República es la expresión categórica de un sistema de privilegio de intereses partidarios, contrarios a las misiones constitucionales del alto tribunal. La investigación determina que el desorden y la falta de predictibilidad en la elección contribuyen a la persistencia de los conflictos entre el Tribunal Constitucional y diversos órganos públicos, afectando no solo su legitimidad sino, peor aún, la ineficacia de sus decisiones jurisdiccionales; situación que resulta ampliamente grave. En esa línea de ideas, presentamos una detallada revisión de los procesos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional regulados en otros sistemas jurídicos y el ambiente en el que se desarrollan, lo que permitirá entender las deficiencias de nuestro sistema de designación y las propuestas adecuadas de reforma. Finalmente, el trabajo pretende ser un aporte desde las líneas de investigación histórica y comparativa, a una discusión vigente y de vital importancia para el Estado de Derecho Constitucional: la correspondencia entre la jurisdicción constitucional y el principio del debido del proceso. Luego de estudiar y analizar las bases teóricas de la naturaleza del Tribunal Constitucional, la regulación y los antecedentes de los procesos de elección de magistrados constitucionales en nuestro país, así como revisar los modelos correspondientes del Derecho Comparado; se pudo concluir en una estimación real de la hipótesis planteada, cual es que el actual modelo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional peruano no es adecuado para garantizar un proceso imparcial. / Tocouple of the widespread recognition of the society the task of the Constitutional Court, we are witnesses, not since shortly after, the constant questions to his work, which have an impact in attacking their autonomy even by powers of the State as the Congress or the judiciary. This lack of correspondence, noted the need for a review on the nature of the Constitutional Court and the conditions that must be guaranteed according to its high functions, which should certainly start by the analysis of the current system of election of its judges. Certainly, the election of the judges has not been in the Peruvian experience a harmonious process with the momentous work of this body behaves for the institutionalization of constitutional supremacy. The current situation of renewal of magistrates, which also exceeded all regular period, has been subject of a re-think in terms of the procedure must be added thereto. However, toa when there have been some changes to the procedure of the election, problems that do not allow a democratic and timely designation persist. There are currently no conditions necessary to ensure a constitutional court composed of judges with full independence and autonomy in accordance with its priority functions. In this sense, this research develops the main theoretical aspects that determine the Peruvian constitutional control model has as a central body to the Constitutional Court, whose members will determine the effectiveness of the elementary principles of the constitutional state of law: the supremacy of the Constitution and the protection of fundamental rights. This, it is recognized that to ensure such priority position should start by ensuring an adequate system of choice, whose study covers various aspects: legislative procedure, the Agency in charge of the election, number of members, period of the mandate and requirements associated with the specialization and the democratic path. Based on practical experience, discussed and it is concluded that the current system of election of the constitutional judges in the Peru is not coherent with the development of a fair and objective process, situation which is harmful from the beginning - right of due process that must be guaranteed at all levels, such as own constitutional jurisprudence has established it. Indeed, in accordance with the national record of election of members of the Constitutional Court, the specialized Commission of Congress has normative parameters defined to develop their functions, having executed to date informal, non-transparent and widely subjective work displacing the curriculum evaluation and personal path to a plane not decisive, in addition, generating violence and actions contrary to the good faith of the candidateswhich in many cases are jurists of recognized prestige. Also, the current designation procedure developed in the plenary of the Congress of the Republic is the expression of the categorical system of privilege of interest supporters, contrary to the constitutional mission of the High Court. The investigation determines that the disorder and lack of predictability in the election contribute to the persistence of the conflict between the Constitutional Court and various public bodies, affecting not only its legitimacy but, worse still, the ineffectiveness of its jurisdictional decisions; situation that is widely serious. In that line of ideas, we present a detailed review of the process of election of judges of the Constitutional Court regulated in other legal systems and the environment in which develop, allowing you to understand the shortcomings of our system of designation and the appropriate reform proposals. Finally, the work is intended to be a contribution from research historical and comparative, to a current discussion and of vital importance to the rule of constitutional law: the correspondence between the constitutional jurisdiction and the principle of the due process. After studying and analyzing the theoretical basis of the nature of the Constitutional Court, the regulation and the background of the process of election of the constitutional judges in our country, as well as review the various models of comparative law; could be conclude in a real estimation of the hypothesis, which is that the current model of election of judges of the Peruvian Constitutional Court is not suitable to guarantee a impartial process.

Manifiesta como el control de constitucionalidad difuso, poder y deber de los órganos jurisdiccionales del Estado ha sido desnaturalizado por el intérprete supremo de la Constitución peruana al menos en dos aspectos que son objeto de este trabajo cuando decidió que dicha potestad es extensiva a órganos y tribunales de la Administración Pública adscritos al Poder Ejecutivo y cuando fijó que su ejercicio debe estar condicionado a la acreditación de perjuicio y a la invocación de parte. Desarrollamos el carácter de poder-deber y la naturaleza eminentemente jurisdiccional del control de constitucionalidad difuso, a partir de comprender sus principales fundamentos históricos y jurídicos que dieron origen a esta institución del derecho constitucional, desde su adopción en Inglaterra hasta su desarrollo brillante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los cuales nos permiten confrontar las decisiones emitidas por nuestro Tribunal Constitucional así como de autores y académicos, en relación a los aspectos cuestionados. A partir de una interpretación válida de la Constitución y sus disposiciones respectivas, sustentamos el control de constitucionalidad difuso como poder-deber y su naturaleza eminentemente jurisdiccional, resultando impropio que la misma sea reconocida como atributo de otros poderes públicos y órganos distintos a los que integran el poder jurisdiccional del Estado. / Tesis