El presente informe jurídico realiza un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de junio del 2013 recaída en el Expediente N° 01969-2011- PHC/TC. Específicamente, los puntos centrales del análisis se encuentran en los conceptos de crímenes de lesa humanidad y de prescripción de la acción penal, y su vinculación con el caso del debelamiento del amotinamiento acontecido en el centro penitenciario El Frontón los días 18 y 19 de junio de 1986, el cual dejó un saldo de, aproximadamente, 133 víctimas mortales. Se concluye, principalmente, que estos hechos resultan imprescriptibles, al ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se concluye que el recurso de agravio constitucional que motivó la sentencia analizada no debió ser declarado fundado, en ningún extremo. En ese sentido, el presente informe jurídico aborda, principalmente, las ramas de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Derecho Penal Internacional y Derecho Procesal Penal, por lo que los recursos bibliográficos y referencias incluyen sentencias del Tribunal Constitucional, artículos académicos relevantes sobre la materia, normativa nacional e internacional relevante, entre otros. Finalmente, el presente informe jurídico aborda un caso de gran importancia para los Derechos Humanos, y uno que ha suscitado gran controversia tanto a nivel jurídico como político / This legal report analyzes the sentence of the Constitutional Court of June 14, 2013 incorporated in File No. 01969-2011-PHC/TC. Specifically, the central points of the analysis are found in the concepts of crimes against humanity and the statute of limitations for criminal proceedings, and their connection with the case of the debellation of the riot that occurred in El Frontón penitentiary center on June 18 and 19, 1986, which left a balance of approximately 133 fatalities. It is concluded, mainly, that these facts are imprescriptible, as they constitute crimes against humanity. Likewise, it is concluded that the constitutional appeal that motivated the analyzed sentence should not have been declared founded, in any extreme. In this sense, this legal report mainly addresses the branches of Constitutional Law and Constitutional Procedure, International Criminal Law and Criminal Procedure Law, so the bibliographic resources and references include judgments of the Constitutional Court, relevant academic articles on the subject, relevant national and international regulations, among others. Finally, this legal report addressed a case of great importance for Human Rights, and one that has generated great controversy both legally and politically

Con la presente Tesis se han identificado diversas críticas a la labor del Tribunal Constitucional, las cuales lo califican como un ente jurisdiccional esencialmente formalista al momento de resolver los procesos de inconstitucionalidad contra ordenanzas regionales y locales que fueron expedidas para proteger el derecho al medio ambiente, toda vez que antes de apelar al principio de protección a los derechos humanos se sirve del principio de competencia para declarar la invalidez de las mismas. Frente a ello, la presente Tesis identifica el problema implícito en lo señalado, bajo la siguiente pregunta:¿Debe el Tribunal Constitucional tutelar el derecho al medio ambiente declarando la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscan proteger el mencionado derecho pero que contravienen el principio de competencia? Ante tal pregunta, la hipótesis del presente trabajo es que el Tribunal Constitucional ejerce un rol de tutela del derecho al medio ambiente, al declarar la invalidez de las ordenanzas regionales y/o locales viciadas de incompetencia que buscan proteger el mencionado derecho cuando –adicionalmente- exhorta a las entidades competentes para actuar a favor del mismo. Para demostrar la referida hipótesis, bajo una visión jurídica y de las ciencias políticas, con la presente Tesis se desarrolla el correspondiente Objetivo General, el cual consiste en demostrar que el Tribunal Constitucional debe ejercer el rol de garante del derecho al medio ambiente al declarar la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscaban proteger el referido derecho pero que se encontraban viciadas de incompetencia, siempre y cuando exhorte a los entes competentes para que cumplan con su labor de tutela del derecho al medio ambiente en el marco de sus competencias. Para llegar a tal fin general, en el desarrollo del presente trabajo se abordan los siguiente Objetivos Específicos: Específico 1: Demostrar que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional tienen repercusiones en la resolución de conflictos sociales al resolver controversias relacionadas al derecho al medio ambiente. Específico 2: Demostrar que el Tribunal Constitucional, al tomar conocimiento de los procesos de inconstitucionalidad iniciados entre los años 2005 al 2016 contra ordenanzas regionales y/o locales expedidas para proteger derechos humanos en general y, en específico, el derecho al medio ambiente, en algunos casos resolvió la controversia únicamente apelando al principio de competencia y en otros apelando también al principio de garantía de los derechos humanos. Específico 3: Demostrar que el hecho que el Tribunal Constitucional haya apelado al principio de competencia al analizar la validez de las ordenanzas regionales y locales que buscan proteger el derecho al medio ambiente tiene tanto una justificación jurídica como también una explicación política. Específico 4: Demostrar que resulta correcto que el Tribunal Constitucional no deje de aplicar el principio de competencia, por más que la norma viciada de incompetencia busque proteger el derecho al medio ambiente. Específico 5: Demostrar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado diversos criterios que permiten hacer compatible el principio de garantía de los derechos humanos con el principio de competencia tanto a nivel argumentativo como a nivel decisorio. Sobre esto último, se busca demostrar que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ordenanza regional o local también podrán proteger el derecho al medio ambiente si es que se exhorta a los entes a cumplir con sus competencias sobre la materia.

El presente informe jurídico tiene como finalidad analizar cómo es que los gobiernos locales buscan emitir Ordenanzas con el objetivo de beneficiar a la sociedad; sin embargo, ello no necesariamente es correcto, ya que en muchas oportunidades estas entidades van más allá de las competencias que la Constitución y las leyes le han permitido, porque consideran que tienen autonomía para ejercer dicha potestad. Incluso, no solo los gobiernos locales cometen ciertos errores, sino también los Reglamentos que son emitidos por la administración pública, quien a través de las facultades normativas que la Ley les ha encomendado para complementar lo regulado; trae como consecuencia que se desnaturalice y transgreda la Ley; en ese sentido, veremos los límites de esta facultad con la finalidad de hacer de conocimiento hasta dónde debe actuar la administración pública al ejercer esta facultad. Para ello, hacemos un análisis crítico a través de la Resolución Nº 0199-2013/SDC-INDECOPI, en donde observaremos los temas mencionados en el párrafo anterior a la luz de las diversas leyes, como la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Ley Nº 26842, Ley General de Salud; así también, usaremos doctrina, jurisprudencia y comparación con otros casos parecidos para ver cómo es que estas entidades no cumplen con lo establecido en las normas jurídicas

El objeto del presente informe es analizar la sentencia recaída en el Expediente N.º 01606-2018-PHC/TC en la cual el Tribunal Constitucional ordena la demolición total del muro perimetral construído por la Municipalidad de La Molina en el límite distrital con Villa María del Triunfo bajo la justificación de garantizar la seguridad en su distrito y cumplir con la obligación de protección asumida con la Superintendencia de Bienes Nacionales respecto de la afectación en uso de un terreno con la finalidad de ser empleado para la construcción e implementación del Parque Ecológico Recreativo de La Molina. Ello se debe a que, producto de la construcción del muro, los vecinos de Villa María del Triunfo vieron vulnerados sus derechos al libre tránsito y, de forma conexa, los derechos de igualdad y no discriminación. Ello debido a que el muro tenía una extensión de 4,5 kilómetros y solo contaba con un acceso para el cruce peatonal. En esa línea, y ante la vulneración de sus derechos, Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez interpuso una demanda de hábeas corpus contra el alcalde de la Municipalidad de La Molina. En el informe, se revisarán tres ejes de la sentencia que no se abordaron idoneamente: el derecho al libre tránsito, el derecho a la seguridad, el derecho a la igualdad y no discriminación. Para ello, se revisará la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Constitucional, sentencias del Tribunal Constitucional, doctrina nacional internacional y comparada. / The purpose of this report is to analyze the ruling issued in File No. 01606-2018- PHC/TC in which the Constitutional Court orders the total demolition of the perimeter wall built by the Municipality of La Molina on the district boundary with Villa María del Triunfo under the justification of guaranteeing security in its district and complying with the protection obligation assumed with the Superintendency of National Assets regarding the impact on the use of land with the purpose of being used for the construction and implementation of the Recreational Ecological Park from La Molina. This is because, as a result of the construction of the wall, the residents of Villa María del Triunfo saw their rights to free movement and, relatedly, their rights to equality and non-discrimination violated. This was because the wall had an extension of 4.5 kilometers and only had one access for the pedestrian crossing. Along these lines, and given the violation of his rights, Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez filed a habeas corpus lawsuit against the mayor of the Municipality of La Molina. In the report, three axes of the ruling that were not adequately addressed will be reviewed: the right to free movement, the right to security, the right to equality and non-discrimination. For this purpose, the Political Constitution of Peru, the Constitutional Procedural Code, rulings of the Constitutional Court, international and national doctrine will be reviewed.