Uno de los debates en el mundo del arbitraje es si el laudo arbitral debe ser controlado judicialmente por cada Estado nacional o, por el contrario, el Estado no debe ejercer control alguno sobre la autonomía de la voluntad empleada para pactar un arbitraje que escape del control estatal. El control judicial sobre el laudo se ejerce en muchos lugares del mundo, también en el Perú por supuesto. Ha sido previsto legislativamente desde las anteriores Leyes de Arbitraje y sigue estando regulado en la actual ley, de manera conforme con tendencias internacionales. Pero, ¿cuál debe ser el objeto del control, con particular referencia a la motivación del laudo? Este es el problema central que aborda la presente investigación. / Tesis

En el presente trabajo se exhibe al fideicomiso como una herramienta legal de inversión, exponiendo sus diversos alcances, características así como la regulación contemplada en el Perú. El fideicomiso resulta ser un negocio jurídico que permite aislar bienes materiales o inmateriales en un patrimonio independiente y separado, el cual se ha transferido de una persona a otra con la finalidad que esta última lo administre en favor de quien se designe en el documento constitutivo. La visión que se tiene sobre esta figura va más allá de la definición brindada por nuestra dogmática jurídica, conceptualizándola como una transferencia patrimonial postergando el hecho base por el cual la persona titular de los bienes cuenta con plena facultad de escoger a una persona de confianza para que administre el patrimonio que se transfiere. Del desarrollo de la tesis se podrá apreciar que nos encontramos frente a una figura que ha sido bien utilizada en diversos sectores productivos (electricidad, minería, telecomunicaciones e infraestructura), dejando de lado mercados no tan magnos pero sí dispuestos a acoger una herramienta que permita otorgar una alternativa adicional a las existentes y de esta forma emprender algún proyecto de distinta índole; obteniendo, como en otros casos, una rentabilidad esperada. / Tesis

Que, deseando optar el grado de Bachiller en Derecho presentamos a consideración del Jurado la tesis que hemos titulado “Consideraciones Jurídicas del Delito de Parricidio”. Hemos creido interesante, el enfocamiento e interpretación jurídica del estudio de esta delito,teniendo en cuenta su alcance y trascendencia que hacen que el tema en mención sea constantemente de actualidad y la falta de autores nacionales que hagan un estudio detallado y concienzudo de esta figura delictiva. Este delito encierra en si mismo, una serie de problemáticas que es preciso deslindarlas, ya que solamente de la lectura del dispositivo legal a que nuestro ordenamiento Penal hace referencia, es insuficiente para poder tener un conocimiento exacto de la materia. La confección estructural del presente trabajo, hemos creido pertinente dividirlo en cinco capítulos, cada cual encierra en su contenido cuestiones diferentes, que hacen de su lectura enfocamientos diversos sobre la contingencia de este delito. El primer capítulo, denominado Generalidades, contiene el análisis de las nociones generales del parricidio, donde realizamos un estudio del origen del término, la etimología, definición, clases y elementos que configuran el delito indispensable para tipificarlo como tal. El segundo capítulo titulado “Reseña Histórica del Parricidio, Sanciones o Penalidades”, se examina como se aplicaban o reprimían a los infractores de este delito, y esto en razón de que antiguamente en la mayoría de las legislaciones o costumbres de los pueblos incidían principalmente en la represión, que nos lleva al conocimiento de que existía una conciencia de respeto a la vida de los padres y que después se extendió a otros parientes. En el tercer capítulo, hacemos referencia a “Los antecedentes legislativos del Delito de parricidio en nuestra Legislación” donde se examina someramente como ha ido este delito evolucionando ne nuestra legislación, tomando como punto de partida el Código Penal de 1863 y pasando por algunos proyectos y ante-proyectos posteriores, hasta llegar a la noción que establece hoy en día, nuestro ordenamiento penal vigente. El cuarto capítulo, constituye la pieza vital de este trabajo, y lo hemos denominado “El Parricidio en nuestra Legislación Positiva”, en el cual se analiza,examina y estudia las disposiciones legales que tienen relación con este delito, tanto en el aspecto penal como en el civil; y por último el capítulo titulado “El Parricidio en la legislación Comparada”, donde se esboza la forma como se contempla este delito en algunas legis laciones contemporáneas. El interés que nos guía al realizar el estudio de este delicado problema, es únicamente contribuir en la medida de nuestras posibilidades al conocimiento del delito materia del presente trabajo para que sirva de ejemplo a futuras generaciones. / Tesis

El presente trabajo tiene como punto de partida el caso de un trabajador despedido de forma arbitraria, quien luego de obtener la indemnización laboral por despido arbitrario (IDA) prevista en el Art. 34 de la LPCL en un proceso laboral previo, inicia una demanda de daños y perjuicios en la vía civil, en donde alega su derecho a ser resarcido por los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral derivados de dicho despido. La Corte Suprema en este caso resuelve otorgando una indemnización a título de daño moral por el monto de S/.75.000.00 nuevos soles a favor del trabajador despedido bajo el argumento según el cual todo despido arbitrario genera daño moral resarcible a favor del trabajador despedido toda vez que este concepto, a diferencia de los daños de orden patrimonial, no se encuentra inmerso en la indemnización laboral tarifada. Este pronunciamiento es contrario a lo previsto por el Art. 34° de la LPCL que establece a la IDA como “única reparación por el daño sufrido”, con lo que abre la puerta a que, en todos los casos de despido arbitrario, de forma adicional a la IDA el trabajador obtenga un resarcimiento a título de daño moral, suscitándose así una serie de demandas por este concepto. En ese orden, el presente estudio tiene como propósito el análisis de los equívocos en los que incurre la Corte Suprema en su pronunciamiento, con el propósito de establecer que la IDA es una forma de tutela jurídica específica del Derecho Laboral, distinta a la responsabilidad civil, que tiene lugar en los casos en que el despido vulnera al trabajador en su derecho constitucional al trabajo, pero únicamente en lo referido a su aspecto de <<conservación del empleo>>, por lo que el trabajador despedido puede tener derecho a un resarcimiento a la luz de las reglas de la responsabilidad civil únicamente cuando el despido se da con vulneración de sus derechos constitucionales distintos al referido, ocasionándole daños, y siempre que se verifique la existencia de un supuesto resarcitorio.

El presente informe se analizará la Casación Nº 2264-2010 HUAURA emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, a razón del proceso de Divorcio interpuesto por el señor Ruiz Palacios, estando a que las sentencias de los órganos inferiores contravinieron las normas el debido proceso al inaplicar el artículo 333 y realizar una incorrecta valoración de los medios probatorios obrantes en el expediente, impidiendo al demandante tener una sentencia conforme a ley. A través del presente informe, se analizará lo resuelto en el proceso en el juzgado y la Sala Superior, así como lo resuelto por la Sala Suprema en casación, para poder identificar problemas jurídicos y brindar una respuesta a los mismos. El análisis se centra en el error por parte de los órganos inferiores al momento de identificar las causales de divorcio y su aplicación y la incorrecta valoración de los medios de prueba. / This report will analyze Cassation Nº 2264-2010 HUAURA issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Lima, in regards to the Divorce process filed by Mr. Ruiz Palacios, being that the statements made by the Lower Courts contravened the rules of the due process by the misapplication of article 333 and, thus, made an incorrect assessment of the evidence offered in the file, which resulted in preventing the plaintiff from having a sentence in accordance with the law. Through the aforementioned report, an analysis will be provided in regards to the resolution made by the Court and the Superior Chamber, so as what was resolved by the Supreme Chamber in Cassation, looking forward to identifying legal loopholes and issuing a tackling response to them. The analysis will pivot in the mistake made by the Lower Courts when recognizing the grounds of divorce and their further application, as well as the mistaken assessment of the means of proof.

El objeto del presente trabajo de investigación, fue determinar los criterios que se deben tener en consideración al momento de efectuar el quantum indemnizatorio por lucro cesante en los casos donde se haya producido un despido incausado o fraudulento y se haya optado por la reposición en el centro de trabajo, como indemnización por daños y perjuicios El análisis efectuado para elaborar el presente trabajo de investigación fue cualitativo, toda vez que, fue desarrollado tomando lo establecido la jurisprudencia laboral en la materia, en relación a la determinación del lucro cesante en procesos sobre indemnización por daños y perjuicios generados en despidos incausados y fraudulentos. En ese sentido, esta investigación fue de tipo no experimental por cuanto no se efectúo manipulación alguna de variables que conforman las hipótesis planteadas en esta investigación, fue solo desarrollado bajo parámetros interpretativos, tomando como base un trabajo de investigación previo y de mi autoría para profundizar y especificar la materia de estudio. Con los resultados obtenidos se ha concluido que los criterios asumidos por la Corte Suprema al momento de efectuar el quantum por lucro cesante siguen siendo dispares, equiparando en muchos casos el lucro cesante con las remuneraciones devengadas, cuando el correcto cálculo para determinar el monto a indemnizar por este daño sufrido debe tener en cuenta otras incidencias que afectan la percepción de la ganancia dejada de percibir. / The purpose of this research was to determine the approach that must be taken into consideration at the time of making the compensation quantum for loss of earnings in cases where there has been an incautious or fraudulent dismissal and a replacement has been chosen at the center work, such as compensation for damages The analysis carried out to prepare this research was qualitative, since it was developed taking the provisions of the labor jurisprudence in the matter, in relation to the determination of lost profits in processes on compensation for damages and losses generated in uncaused dismissals and fraudulent. In this sense, this research was of a nonexperimental type because no manipulation of variables that make up the hypotheses proposed in this research was carried out, it was only developed under interpretive parameters, based on a previous research of my authorship to deepen and specify the subject of study. With the results obtained, it has been concluded that the standard assumed by the Supreme Court at the time of making the quantum for loss of earnings continue to be disparate, equating in many cases the loss of earnings with the remuneration accrued, when the correct calculation to determine the amount to be compensated for this damage suffered it must take into account other incidents that affect the perception of the unperceived profit.

La finalidad del presente trabajo es fundamentar la subsuperficie y proponer su regulación eficiente en el Código Civil Peruano, pues en Perú, su estudio fue relegado a un segundo plano a pesar de su relevancia en la actualidad. Para ello, se analiza, en primer lugar, determinadas subsuperficies ubicadas en el Centro Comercial Jockey Plaza e inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), así como el pronunciamiento del Tribunal Registral de Sunarp sobre la subsuperficie; y, en segundo lugar, el marco conceptual, la normativa peruana y la doctrina extranjera. Como resultado del análisis, dejamos expresa constancia de que el superficiario tiene la facultad de constituir un derecho de superficie bajo su derecho de superficie en el marco de sus facultades, mientras no haya prohibición en el contrato mediante el cual constituyó el derecho de superficie, y así lo permita la normativa peruana. En virtud de ello, proponemos regular el derecho de subsuperficie en el Código Civil del Perú en los siguientes términos ya sea modificando el artículo 1032 relativo a la constitución del derecho de superficie o incluyendo un nuevo artículo: “El superficiario tiene la facultad de constituir el derecho de subsuperficie a favor de un tercero en las mismas condiciones bajo la cual ha adquirido su calidad de superficiario, salvo prohibición expresa del concedente”.

El presente informe analiza el proceso penal seguido contra Giancarlos Miguel Espinoza Ramos por la comisión del delito de violación sexual en grado de tentativa (artículo 170°), con especial énfasis en la Sentencia del 08 de octubre de 2020 emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur, mediante la cual este fue absuelto en atención a que, entre otros fundamentos, la víctima habría consentido el acto sexual al haber usado una prenda íntima de color rojo con blondas. La relevancia jurídica del presente expediente radica en que nos permite explorar diversos tópicos actuales y relevantes desde las áreas del Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. Por ejemplo, la interpretación del delito de violación sexual (artículo 170°) a partir de la modificación realizada por la Ley 30838, en específico referente al medio comisivo de aprovechamiento de cualquier otro entorno que impida a la víctima prestar su libre consentimiento, y su diferenciación respecto a los tipos penales contenidos en los artículos 171° y 172°. Asimismo, nos permite reflexionar sobre la valoración probatoria en los delitos sexuales a partir de la perspectiva de género, centrándonos en el uso de las máximas de la experiencia así como en el tratamiento de la declaración de la víctima como testigo, a partir de los Acuerdos Plenarios 1-2011/CJ-116 y 2-2005/CJ-116. Las hipótesis que surgen a partir de ello, y que finalmente fueron verificadas en el presente Informe, son que: (i) el Colegiado habría sustentado su absolución en torno a estereotipos de género encubiertos como máximas de la experiencia; (ii) la Fiscalía debió subsumir los hechos del caso en el artículo 172° del Código Penal; y que (iii) el Colegiado no valoró adecuadamente la declaración de la agraviada conforme a las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116.

En el marco de la etapa de ejecución contractual en el sector público existen distintos mecanismos e instrumentos legales que pueden ser utilizados tanto por la Administración Pública como por el particular, de tal manera que se requiera proteger los derechos e intereses involucrados. Ello cobra especial importancia al tratarse de contrataciones públicas que implican la satisfacción de un interés general particularmente sensible como es la erradicación de la desnutrición crónica infantil en el territorio peruano. En tal sentido, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA fue un intento para procurar implementar acciones conforme las políticas públicas en línea con lo antes indicado. Sin embargo, a partir del análisis de la normativa de Contrataciones del Estado y los términos y condiciones particulares respecto de la ejecución del Contrato N° 010-2012- MIDIS-PRONAA para la adquisición del producto “papilla”, se observa una considerable responsabilidad por parte del PRONAA en relación a la falta en el deber de procura y garantía del interés general involucrado, tras haber generado desabastecimiento, ineficiencia en el uso de los recursos públicos, riesgo a la salud, entre otros. Dicha responsabilidad involucra, entre otros factores, acciones o inacciones en el uso de mecanismos legales a disposición de la Entidad para poder satisfacer las necesidades de la población, así como procurar e instar el cumplimiento de la empresa Consorcio de Alimentos S.A.C. para cumplir con la finalidad pública de la contratación. / Within the scope of the contractual execution stage in the public sector there are different mechanisms and legal instruments that could be used both by the Public Administration and by the private part regarding the rights and interests involved and required to be protected. This is particularly important when dealing with public contracts that involves the satisfaction of a particularly sensitive general interest, such as the eradication of chronic child malnutrition in the Peruvian territory. Therefore, the National Food Assistance Program – “PRONAA” was an attempt to attempt to take actions in accordance with public policies in line with the abovementioned. However, based on the analysis of the regulations of Public Procurement and the particular terms and conditions regarding the execution of Contract No. 010-2012-MIDIS PRONAA for the acquisition of the product "papilla", a significant responsibility of PRONAA is noted regarding the duty to seek and guarantee the general interest involved, after having generated shortage, inefficiency in the use of public resources, risk to health, among others. Such responsibility involves, among other factors, actions or inactions related to the use of legal mechanisms available to the Entity to fulfill the needs of the population, as well as to seek and encourage the compliance of the company “Consorcio de Alimentos S.A.C.” in order to satisfy the public purpose of the contract.

La Resolución del Tribunal Registral que da origen a este trabajo reconoce la titularidad sobre los aires inmediatamente superiores a unidades inmobiliarios en el nivel azotea a los propietarios de estas basándose en el Acuerdo Plenario del Pleno CXLIX. Esto genera conflictos con los principios registrales de especialidad, legitimación y la publicidad registral. Es por ello que este trabajo partirá de definir los conceptos de aires y azoteas a partir de la normativa peruana para luego explicar como la errónea equiparación de términos que realiza el mencionado Pleno afecta a los principios registrales ya mencionados. Se concluye del análisis realizado que los términos de aires y azotea son de naturaleza distinta y su equiparación es un error por parte del Tribunal Registral. Asimismo, la aplicación de este pleno no es pacífica, pues genera bienes sin partida registral, titularidades que no constan en asiento registral alguno y no se publicitan adecuadamente las situaciones jurídicas que supuestamente existen a criterio del Tribunal Registral. Por último, el Decreto Legislativo 1568 derogará a partir de su entrada en vigencia lo dispuesto por el artículo 13, el Título II y la Tercera Disposición Final de la Ley 27157 para generar una nueva regulación en lo referente a la propiedad horizontal. Si bien plantea la existencia del derecho de sobreelevación de manera inicialmente acertada, falla al recurrir nuevamente a los conceptos de aires y a la inclusión del derecho de sobreelevación como parte de la azotea. / The Resolution of the Registry Court that originates this work recognizes the ownership of the “air” immediately above real estate units on the roof level to their owners based on the Plenary Agreement of the Plenary CXLIX. This generates conflicts with the Registry Principles of specialty, legitimation and registry publicity. That is why this work will start by defining the concepts of air and rooftop based on Peruvian regulation to explain how the erroneous equivalence of terms carried out by the Plenary CXLIX affects the Registry Principles. It is concluded from the analysis that the terms of air and roof are from different natures and their equivalence is an error from of the Registry Court. Likewise, the application of this Plenary Agreement is not peaceful, since it generates assets without a registry item, ownerships that do not appear in any registry entry and the legal situations that supposedly exist by the Registry Court are not publicized. Finally, Legislative Decree 1568 will derogate article 13, Title II and the Third Final Provision of Law 27157 since its entry into force to generate a new regulation regarding horizontal property. Although it raises the existence of the right of elevation, it fails again bringing the concepts of air and the inclusion of the right of elevation as part of the rooftop.