Con la promulgación del Decreto Supremo N° 015-2007-AG, se suprimió la potestad de los gobiernos locales de crear áreas de conservación municipal (“ACM”). Sin embargo, ello no fue obstáculo para que las municipalidades continúen estableciendo ACM como mecanismo para suspender las actividades mineras en espacios que estimaban de especial vulnerabilidad, como cuencas hidrográficas. Tal es el caso que se analizará, en el cual, mediante demanda de inconstitucionalidad, se cuestiona la legalidad de la Ordenanza 014-2018-MPSCH que dicta diversas medidas para proteger las fuentes de agua dulce de la provincia de Santiago de Chuco, en un contexto de conflicto socioambiental en La Libertad. En ese sentido, este informe tiene como objeto desarrollar cuatro problemas jurídicos identificados del análisis de la Sentencia 343/2020 en torno a los dos siguientes ejes: la constitucionalidad de la suspensión de actividades que potencialmente puedan afectar fuentes de agua dulce por parte de las municipalidades y la legalidad del establecimiento de ACM por parte de gobiernos locales. Para responder a dichas cuestiones, se empleará normativa y jurisprudencia constitucional en materia de áreas naturales protegidas, recursos hídricos, descentralización y recursos constitucionales. Tras arribar a una conclusión sobre la constitucionalidad de la Ordenanza, a manera de recomendación, se esbozarán posibles vías de actuación del Tribunal frente a futuros casos similares al presente, haciendo énfasis en la necesidad de que este se pronuncie sobre el estatus de las ACM en el ordenamiento jurídico desde su concepción en el Reglamento de la Ley de ANP hasta la actualidad. / With the promulgation of Supreme Decree No. 015-2007-AG, the power of local governments to create Municipal Conservation Areas (“MCA”) was abolished. However, this was not an obstacle for the municipalities to continue establishing MCA as a mechanism to suspend mining activities in spaces that they considered to be especially vulnerable, such as hydrographic basins. Such is the case under analysis, in which, through a claim of unconstitutionality, the legality of Ordinance 014-2018-MPSCH, which dictates various measures in order to protect the sources of fresh water in the province of Santiago de Chuco, is questioned, in a context of socio-environmental conflict in La Libertad. In that sense, the purpose of this report is to develop four legal problems identified from the analysis of Sentence 343/2020 around the two following axes: the constitutionality of the suspension of activities that could potentially affect freshwater sources on the part of the municipalities and the legality of the establishment of MCA on the part of local governments. To answer these questions, constitutional regulations and jurisprudence will be used in terms of protected natural areas, water resources, decentralization and constitutional resources. After reaching a conclusion on the legality of the Ordinance, as a recommendation, possible courses of action of the Tribunal will be outlined in future cases similar to the present one, emphasizing the need for it to rule on the status of the MCA in the legal system from its conception in the Regulation of the ANP Law to the present.

La relevancia del presente trabajo es que se critica la Ordenanza Municipal N° 1718 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que sanciona con 2 IUT a la persona que ofrece en la vía pública la actividad de la prostitución, y se expone argumentos acerca de por qué se debe considerar a la prostitución callejera como una actividad enmarcada en la prestación de servicios. Asimismo, se cuestiona la justificación moral que generalmente tienen las normas que sancionan a la prostitución, puesto que el efecto que en realidad se obtiene, con su eventual aplicación, es el poner en mayor estado de vulnerabilidad a un grupo que de por sí ya se encuentra en dicha condición. Nuestra hipótesis es que la prostitución callejera es un trabajo sexual y, como el resto de trabajos por cuenta propia, debería der ser considerada como una prestación de servicios para obtener los beneficios sociales correspondientes. El método de la investigación es interdisciplinario, puesto que el objeto de investigación será analizado tanto por el Derecho, como por estudios de género. Las conclusiones fueron que la prostitución callejera puede considerarse una prestación de servicios, ya que cumple con todos sus componentes básicos, en contextos como los países europeos o más desarrollados, mas no en el Perú, por el estado de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras sexuales. Entonces, el éxito de considerar a la prostitución callejera como un trabajo en el Perú, será que no existirán más condiciones sociales que generen estados de vulnerabilidad extremos que empujen a ejercer la prostitución y, por el contrario, se protegerán mejor los derechos de las trabajadoras sexuales. / The relevance of this research is that the Ordenanza Municipal No. 1718 de la Municipalidad Metropolitana de Lima is criticized, which sanctions with 2 IUT the person who offers the activity of prostitution on public roads, and arguments are made about why street prostitution should be considered as an activity framed in the provision of services. Likewise, the moral justification that the norms that sanction prostitution generally have is questioned, since the effect that is actually obtained is to put in a greater state of vulnerability a group that is already in such condition. Our hypothesis is that street prostitution is sex work and, like other selfemployment, it should be considered as a provision of services to obtain the corresponding social benefits. The research method is interdisciplinary, since the research object will be analyzed both by law and by gender studies. The conclusions were that street prostitution can be considered a service provision, since it complies with all its basic components, in contexts such as European or more developed countries, but not in Peru, due to the state of greatest vulnerability in which sex workers are found. Therefore, the success of considering street prostitution as a job in Peru will be that there will be no more social conditions that generate states of extreme vulnerability that will push prostitution and, on the contrary, will better protect the rights of women sexual workers.

Considerando la importancia de calidad regulatoria para la eficiencia y eficacia de la acción estatal, y que los gobiernos locales muchas veces no ejercen adecuadamente sus competencias regulatoria exclusivas y discrecionales sobre diversas materias, el presente artículo tiene el objetivo identificar mecanismos de mejora de la calidad regulatoria a nivel local a partir del análisis de tres ordenanzas identificadas como barrera burocrática carente de razonabilidad. El análisis de los tres casos revela múltiples debilidades incluso en municipalidades de altos ingresos y con amplios recursos humanos. Concluimos que es posible y necesario que los gobiernos locales incorporen en el corto plazo mecanismos de AIR, por lo menos en un nivel básico. Esta obligación debe formar parte de una estrategia de mejora regulatoria a nivel local liderada por la Secretaría de Gestión Pública donde se incluya también orientación, guías y capacitaciones al personal de los mismos. Esta estrategia debe ser adecuada a los diversos tipos de municipalidades y progresivamente aumentar el estándar de calidad regulatoria.

El presente informe jurídico tiene como finalidad analizar cómo es que los gobiernos locales buscan emitir Ordenanzas con el objetivo de beneficiar a la sociedad; sin embargo, ello no necesariamente es correcto, ya que en muchas oportunidades estas entidades van más allá de las competencias que la Constitución y las leyes le han permitido, porque consideran que tienen autonomía para ejercer dicha potestad. Incluso, no solo los gobiernos locales cometen ciertos errores, sino también los Reglamentos que son emitidos por la administración pública, quien a través de las facultades normativas que la Ley les ha encomendado para complementar lo regulado; trae como consecuencia que se desnaturalice y transgreda la Ley; en ese sentido, veremos los límites de esta facultad con la finalidad de hacer de conocimiento hasta dónde debe actuar la administración pública al ejercer esta facultad. Para ello, hacemos un análisis crítico a través de la Resolución Nº 0199-2013/SDC-INDECOPI, en donde observaremos los temas mencionados en el párrafo anterior a la luz de las diversas leyes, como la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Ley Nº 26842, Ley General de Salud; así también, usaremos doctrina, jurisprudencia y comparación con otros casos parecidos para ver cómo es que estas entidades no cumplen con lo establecido en las normas jurídicas