Con la promulgación del Decreto Supremo N° 015-2007-AG, se suprimió la potestad de los gobiernos locales de crear áreas de conservación municipal (“ACM”). Sin embargo, ello no fue obstáculo para que las municipalidades continúen estableciendo ACM como mecanismo para suspender las actividades mineras en espacios que estimaban de especial vulnerabilidad, como cuencas hidrográficas. Tal es el caso que se analizará, en el cual, mediante demanda de inconstitucionalidad, se cuestiona la legalidad de la Ordenanza 014-2018-MPSCH que dicta diversas medidas para proteger las fuentes de agua dulce de la provincia de Santiago de Chuco, en un contexto de conflicto socioambiental en La Libertad. En ese sentido, este informe tiene como objeto desarrollar cuatro problemas jurídicos identificados del análisis de la Sentencia 343/2020 en torno a los dos siguientes ejes: la constitucionalidad de la suspensión de actividades que potencialmente puedan afectar fuentes de agua dulce por parte de las municipalidades y la legalidad del establecimiento de ACM por parte de gobiernos locales. Para responder a dichas cuestiones, se empleará normativa y jurisprudencia constitucional en materia de áreas naturales protegidas, recursos hídricos, descentralización y recursos constitucionales. Tras arribar a una conclusión sobre la constitucionalidad de la Ordenanza, a manera de recomendación, se esbozarán posibles vías de actuación del Tribunal frente a futuros casos similares al presente, haciendo énfasis en la necesidad de que este se pronuncie sobre el estatus de las ACM en el ordenamiento jurídico desde su concepción en el Reglamento de la Ley de ANP hasta la actualidad. / With the promulgation of Supreme Decree No. 015-2007-AG, the power of local governments to create Municipal Conservation Areas (“MCA”) was abolished. However, this was not an obstacle for the municipalities to continue establishing MCA as a mechanism to suspend mining activities in spaces that they considered to be especially vulnerable, such as hydrographic basins. Such is the case under analysis, in which, through a claim of unconstitutionality, the legality of Ordinance 014-2018-MPSCH, which dictates various measures in order to protect the sources of fresh water in the province of Santiago de Chuco, is questioned, in a context of socio-environmental conflict in La Libertad. In that sense, the purpose of this report is to develop four legal problems identified from the analysis of Sentence 343/2020 around the two following axes: the constitutionality of the suspension of activities that could potentially affect freshwater sources on the part of the municipalities and the legality of the establishment of MCA on the part of local governments. To answer these questions, constitutional regulations and jurisprudence will be used in terms of protected natural areas, water resources, decentralization and constitutional resources. After reaching a conclusion on the legality of the Ordinance, as a recommendation, possible courses of action of the Tribunal will be outlined in future cases similar to the present one, emphasizing the need for it to rule on the status of the MCA in the legal system from its conception in the Regulation of the ANP Law to the present.

El presente Informe analiza la Sentencia de Inconstitucionalidad recaída en el Expediente No. 023-2009-PI/TC, interpuesta por el señor Gonzalo Tuamana Tuamana (en representación de 5000 ciudadanos), contra el Decreto Legislativo No. 1079. Este Decreto, establece mecanismos de tutela de las Áreas Naturales Protegidas y regula las competencias del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas SERNANP. Por ello, se analizará normativa interna, instrumentos internacionales, doctrina y jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como por el máximo Tribunal de otros países de la región. En base a lo descrito, plantearé mi postura respecto a la constitucionalidad del presente Decreto, con la finalidad de identificar si se debió realizar el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas antes de emitir este Decreto. Al respecto, es necesario comprender el sistema que regula a estas áreas, por lo cual las describiré, con la finalidad de demostrar que este Decreto no afectó materialmente a los pueblos indígenas que habitan en ellas. Finalmente, analizaré el derecho a la consulta previa contenida en el Convenio 169 de Organización Mundial del Trabajo con la finalidad de identificar su contenido y alcances, lo que permitirá reafirmar mi postura respecto a la constitucionalidad de este Decreto. / This report analyzes the Unconstitutionality Ruling in Case No. 023-2009-PI/TC, filed by Mr. Gonzalo Tuamana Tuamana (on behalf of 5000 citizens), against Legislative Decree No. 1079. This Decree establishes mechanisms for the protection of Natural Protected Areas and regulates the competencies of the National Service of Natural Protected Areas - SERNANP. Therefore, we will analyze internal regulations, international instruments, doctrine and jurisprudence issued by the Inter-American Court of Human Rights, as well as by the highest Court of other countries in the region. Based on the above, I will present my position regarding the constitutionality of this Decree, in order to identify whether the process of prior consultation with indigenous peoples should have been carried out before issuing this Decree. In this regard, it is necessary to understand the system that regulates these areas, for which I will describe them, with the purpose of demonstrating that this Decree did not materially affect the indigenous peoples that inhabit them. Finally, I will analyze the right to prior consultation contained in Convention 169 of the World Labor Organization in order to identify its content and scope, which will allow me to reaffirm my position regarding the constitutionality of this Decree.

El expediente que se expone a continuación versa respecto a la formulación de un petitorio minero por parte de Compañía Minera Poderosa S.A., ante el INGEMMET, denominado “Angella 12”, ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo. Lo interesante del referido expediente es que, cuando INGEMMET solicita al SERNANP la emisión de un informe técnico respecto a los petitorios ubicados en áreas naturales protegidas o en sus zonas de amortiguamiento, de inicio, son declarados desfavorables y, por ende, los petitorios son cancelados. Sin embargo, tal como se demuestra en el presente caso, mediante recurso de revisión presentado ante el Consejo de Minería, por parte de la empresa minera, es posible ordenarle al INGEMMET, que le solicite al SERNANP una nueva opinión técnica de conformidad con la normativa vigente, analizando así, la compatibilidad respecto del petitorio, y la opinión técnica favorable de los aspectos técnicos de la zona de amortiguamiento para obtener la concesión minera. Por lo tanto, el objetivo del presente expediente es demostrar que es posible que se otorgue una concesión minera en áreas naturales protegidas o en sus zonas de amortiguamiento por medio de un adecuado estudio de compatibilidad y un informe técnico favorable por parte de SERNANP. Para ello, el expediente es analizado, mediante una interpretación sistemática y literal, y, se revisa el procedimiento administrativo, la utilización de los medios impugnatorios, la competencia de las instancias administrativas, la naturaleza de los informes técnicos y la posibilidad de la conservación del acto administrativo.

Con fecha 12 de mayo del 2020 el Tribunal Constitucional expide la sentencia sobre el proceso de inconstitucionalidad, presentado por el Gobierno Regional de San Martín y más de cinco mil ciudadanos, representados por diversas organizaciones indígenas nacionales, sobre diversos artículos de la Ley No 30230, más conocida como “El Paquetazo Ambiental”. Esta demanda tuvo como principal objetivo cuestionar artículos de la Ley No 30230 que debilitarían la institucionalidad estatal en materia ambiental y el ordenamiento de los territorios indígenas. El propósito de este informe es examinar el alcance de la sentencia tanto en su comprensión ambiental como intercultural; buscando contribuir, desde una reflexión jurídica, el desarrollo jurisprudencial frente a procesos de inconstitucionalidad, en especial aquellos con relevancia socioambiental. El informe se divide en 3 secciones. La primera ofrece una visión general de la sentencia, desarrollando los hechos relevantes y las diferentes dimensiones que se plasman en la argumentación del Tribunal Constitucional: (i) dimensión ambiental y (ii) dimensión intercultural. En términos generales, la segunda sección examina los principales problemas jurídicos que se desprenden de la sentencia. Finalmente, en la tercera sección, se desarrolla el análisis de los problemas jurídicos y sus principales consecuencias; culminando con las conclusiones y los retos que aún tenemos pendientes como sociedad para lograr un óptimo desarrollo de los procesos constitucionales.