La presente tesina es el resultado de una investigación para determinar si la expedición, modificación, y derogación de los decretos supremos de zona de frontera en minería, que se expiden en virtud del artículo 71° de la Constitución, son realizados por el Estado en ejercicio de su facultad discrecional, la cual no podría ser ilimitada, pues considerarlo así sería permitir al Estado actuar con arbitrariedad, lo cual no es posible en un Estado de Derecho como el nuestro. / Tesis

La idea para esta tesis se nos ocurrió con una oreja en el aula de derecho y la otra en la calle. En esta última escuchábamos dos clases de ideas, casi paradigmas: una hacía referencia a que el Perú avanzaba económicamente gracias en gran parte a la minería; la otra señalaba que estos avances eran muchas veces frenados por “activistas”, “izquierdistas” y “antimineros” que supuestamente no querían el progreso del país, dentro de los cuales muchas veces se encontraban los pobladores de las comunidades aledañas a estos proyectos. El Perú es un país rico en recursos naturales y de amplísimas posibilidades de poder ofrecer a sus nacionales y al mundo entero condiciones naturales únicas. Destacada por su biodiversidad, flora y fauna, el Perú además se caracteriza por la presencia de casi 77 etnias, agrupadas en 16 familias lingüísticas y desplegadas en 6 063 comunidades campesinas y 1 786 comunidades nativas / Tesis

La idea para esta tesis se nos ocurrió con una oreja en el aula de derecho y la otra en la calle. En esta última escuchábamos dos clases de ideas, casi paradigmas: una hacía referencia a que el Perú avanzaba económicamente gracias en gran parte a la minería; la otra señalaba que estos avances eran muchas veces frenados por “activistas”, “izquierdistas” y “antimineros” que supuestamente no querían el progreso del país, dentro de los cuales muchas veces se encontraban los pobladores de las comunidades aledañas a estos proyectos. El Perú es un país rico en recursos naturales y de amplísimas posibilidades de poder ofrecer a sus nacionales y al mundo entero condiciones naturales únicas. Destacada por su biodiversidad, flora y fauna, el Perú además se caracteriza por la presencia de casi 77 etnias, agrupadas en 16 familias lingüísticas y desplegadas en 6 063 comunidades campesinas y 1 786 comunidades nativas

La presente tesina es el resultado de una investigación para determinar si la expedición, modificación, y derogación de los decretos supremos de zona de frontera en minería, que se expiden en virtud del artículo 71° de la Constitución, son realizados por el Estado en ejercicio de su facultad discrecional, la cual no podría ser ilimitada, pues considerarlo así sería permitir al Estado actuar con arbitrariedad, lo cual no es posible en un Estado de Derecho como el nuestro.

El expediente que se expone a continuación versa respecto a la formulación de un petitorio minero por parte de Compañía Minera Poderosa S.A., ante el INGEMMET, denominado “Angella 12”, ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo. Lo interesante del referido expediente es que, cuando INGEMMET solicita al SERNANP la emisión de un informe técnico respecto a los petitorios ubicados en áreas naturales protegidas o en sus zonas de amortiguamiento, de inicio, son declarados desfavorables y, por ende, los petitorios son cancelados. Sin embargo, tal como se demuestra en el presente caso, mediante recurso de revisión presentado ante el Consejo de Minería, por parte de la empresa minera, es posible ordenarle al INGEMMET, que le solicite al SERNANP una nueva opinión técnica de conformidad con la normativa vigente, analizando así, la compatibilidad respecto del petitorio, y la opinión técnica favorable de los aspectos técnicos de la zona de amortiguamiento para obtener la concesión minera. Por lo tanto, el objetivo del presente expediente es demostrar que es posible que se otorgue una concesión minera en áreas naturales protegidas o en sus zonas de amortiguamiento por medio de un adecuado estudio de compatibilidad y un informe técnico favorable por parte de SERNANP. Para ello, el expediente es analizado, mediante una interpretación sistemática y literal, y, se revisa el procedimiento administrativo, la utilización de los medios impugnatorios, la competencia de las instancias administrativas, la naturaleza de los informes técnicos y la posibilidad de la conservación del acto administrativo.

En la sentencia 310/2023, el Tribunal Constitucional (en adelante “Tribunal”) había admitido la demanda por agravio constitucional, para lo cual fue presentada por medio de un recurso de amparo por parte la comunidad campesina de Asacasi bajo la representación de Hipólito Tarapaqui Cuñas contra el Instituto Geológico o, Minero y Metalúrgico; el Ministerio de Energía y Minas; y la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac. Esto en razón a que el demandante indica que se habrían aprobado concesiones mineras sin haberse realizado, previamente la consulta previa. No obstante, el demandante alega que había agotado las vías judiciales previas ante el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac (en adelante “Juzgado”) que declaró improcedente su demanda por extemporaneidad de plazo; y en la segunda instancia, frente a la Corte Superior de Justicia de Apurímac (en adelante “CSJ”) que terminó por declarar infundada la demanda. Aunque, para el Tribunal indicó que no se habría valorado el reconocimiento de la demandante como una comunidad campesina y nativa, a fin de que esta pudiera hacer valer una serie de derechos especiales que le constaban, en cumplimiento del artículo 89 de la Constitución Política del Perú de 1993 (en adelante “Constitución”); en particular del derecho de la consulta previa para este caso. De modo que la omisión del reconocimiento legal, le privó el derecho de voto, el cual a pesar de no ser vinculante si era un requisito indispensable, que tenía que cumplirse para la autorización de la concesión minera. / In the jurisprudence 310/2023, the Constitutional Court had admitted the claim of constitutional grievance, for which it was presented through an appeal for protection by the peasant community of Asacasi under the representation of Hipólito Tarapaqui. Wedges against the Geological, Mining and Metallurgical Institute; the Ministry of Energy and Mines; and the Regional Directorate of Energy and Mines of Apurimac. This, according to the plaintiff, indicates that the mining concessions would have been approved without prior consultation having been previously carried out. However, the plaintiff alleges that he exhausted previous judicial remedies before the Cotabambas Mixed Court of the Superior Court of Justice of Apurímac, which declared his claim inadmissible for failure to meet deadlines; and in the second instance, before the Superior Court of Justice of Apurímac, which ended up declaring the claim unfounded. Although, for the Constitucional Court it indicated that the recognition of the plaintiff as a peasant and native community would not have been valued, so it could assert a series of special rights that were known to it, in compliance with article 89 of the Political Constitution. from Peru 1993; in particular the right to prior consultation in this case. So the omission of legal recognition deprived him of the right to vote, which, despite not being binding, was an essential requirement that had to be met for the authorization of the mining concession.

El caso versa sobre el procedimiento de obtención de una concesión minera cuya área se superpone la zona de amortiguamiento de un Área Natural Protegida. En ese sentido, el presente informe tiene por objetivo dilucidar si el Consejo de Minería resolvió correctamente al declarar la nulidad de la resolución del INGEMMET que canceló el petitorio minero formulado por Compañía Minera Poderosa S.A. por encontrarse superpuesto totalmente a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo. Para alcanzar dicho objetivo se desarrollan temas de relevancia jurídica como la naturaleza de los informes vinculantes, el recurso de revisión en el procedimiento ordinario minero vinculado a Áreas Naturales Protegidas o sus zonas de amortiguamiento y el principio del debido procedimiento. El análisis se sustenta en normativa en materia de derecho administrativo, minero y ambiental, jurisprudencia y doctrina nacional e internacional. De este modo, se concluye que, si bien en el presente caso el Consejo de Minería resolvió adecuadamente, la regulación actual del procedimiento ordinario minero vinculado a Áreas Naturales Protegidas o sus zonas de amortiguamiento es defectuosa en tanto el Consejo de Minería no tiene la competencia para evaluar la opinión técnica emitida por el SERNANP y, por ende, pronunciarse acorde a derecho. Por tanto, se sitúa a los administrados en un supuesto de indefensión vulnerando el principio del debido procedimiento administrativo. / The case deals with the procedure to obtain a mining concession whose area overlaps the buffer zone of a Natural Protected Area. In this regard, the purpose of this report is to elucidate whether the Mining Council ruled correctly by declaring the nullity of INGEMMET's resolution that cancelled the mining petition formulated by Compañía Minera Poderosa S.A. for being totally superimposed to the buffer zone of the Abiseo River National Park. In order to achieve this objective, relevant legal issues are developed, such as the nature of binding reports, the appeal for review in ordinary mining proceedings related to Natural Protected Areas or their buffer zones, and the principle of due process. The analysis is based on regulations on administrative, mining and environmental law, jurisprudence and national and international doctrine. Thus, it is concluded that, although in the present case the Mining Council made an appropriate decision, the current regulation of the ordinary mining procedure related to Natural Protected Areas or their buffer zones is defective in that the Mining Council does not have the competence to evaluate the technical opinion issued by SERNANP and, therefore, to decide in accordance with the law. Consequently, the affected parties are placed in a situation of defenselessness, violating the principle of due administrative procedure.