La reforma de la administración de justicia en el Perú, es una lucha de la que muchos de nosotros hemos sido solo testigos desde las aulas universitarias. Sin embargo, aún mucho antes de iniciar la presente investigación hemos podido descubrir que dicha reforma aún era más antigua, y podemos remontarnos hasta el gobierno militar de la década de los 70 o, inclusive, hasta la década del 20 o 30. Algo que también pudimos descubrir, es que todos esos intentos de reforma, plagados de buenas intenciones, no sólo eran impulsados por gobiernos en su mayoría autoritarios, sino que, además, eran tan sólo intentos de institucionalizar mecanismos de subordinación de los gobiernos de turno sobre el Poder Judicial. Es evidente que con esos objetivos, toda reforma de mejora de la administración judicial estaba destinada al fracaso y, más aún, dejando la sensación de que en el Perú vivimos en una permanente e inacabada reforma judicial. Así pues, es el motivo del presente trabajo dejar de ser testigos de esa reforma del Poder Judicial frustrada y frustrante, y tratar de descubrir la verdadera problemática de tantos problemas que agobian a nuestra administración de justicia, para así plantear una propuesta concreta que ayude a contribuir, desde la investigación, a una mejora palpable del Poder Judicial. Pues bien, el presente trabajo parte de encontrar un mecanismo para combatir dos problemas de la administración de justicia, cual es la falta de legitimidad del Poder Judicial ante la sociedad, y la sujeción del que ha sido este frente a los otros poderes del Estado, inclusive frente al Consejo Nacional de la Magistratura, más aún bajo el modelo inicial de los procesos de ratificaciones propuesto por la Constitución de 1993. / Tesis

Imaginemos que Carlos le solicita a un juzgador, que Pedro le pague una suma de dinero derivado del incumplimiento de un contrato (para ello deberá evaluarse si ha existido incumplimiento). Imaginemos también, que en un proceso paralelo, Pedro solicita que se declare que ha operado la excepción de incumplimiento, por lo que de declararse fundada, Carlos no tendría derecho a cobrar. Imaginemos ahora que en el primer juzgado, la demanda de pago se declara FUNDADA, y a los pocos días, en el otro proceso, la demanda sobre la excepción de incumplimiento también se declara FUNDADA. Estaríamos ante un absurdo jurídico. La respuesta inmediata sería: No se debió llegar a eso, los procesos debieron ser acumulados, con lo cual nos damos cuenta de la importancia de la acumulación (evitar decisiones contradictorias). Pero, ¿qué sucede si los procesos no podían ser acumulados? Pues también existe una respuesta, uno debió esperar al otro, es decir, uno de los procesos debió suspenderse. La pregunta pertinente en este momento es: ¿Cuál debió esperar a cuál? Pues aquel proceso cuya pretensión era dependiente de la otra debió suspenderse, es decir, debió suspenderse el proceso de pago iniciado por Carlos, hasta que se defina si la excepción de incumplimiento operó correctamente. ¿A pesar de que en el proceso de pago seguramente también se va a discutir sobre la excepción de incumplimiento, debe esperar al otro? Pues sí, porque de lo contrario se estaría limitando el Derecho de Acción de una de las partes. / Tesis

El problema principal de la presente investigación, se circunscribe a dilucidar si el principio Kompetenz-Kompetenz resulta vulnerado, cuando en el interior de un proceso arbitral una de las partes no ha cuestionado la independencia e imparcialidad de un árbitro, mediante el procedimiento de recusación correspondiente. Vale decir, si dicha parte procesal, en lugar de accionar el mecanismo correspondiente, acude directamente al auxilio judicial (esto es, el Poder Judicial y luego al Tribunal Constitucional) para realizar un control ex post de una decisión que no ha sido puesta en conocimiento ex ante, dentro del fuero arbitral. Por ello, el objetivo de la presente investigación se vincula a desarrollar detalladamente cuál es la definición, contenido y finalidad del principio Kompetenz-Kompetenz, en aras de aplicar ello al caso contenido en el Expediente N° 02851-2010-PA/TC (Caso Ivesur S.A.). A raíz del cual, se concluirá que principio Kompetenz-Kompetenz pretende garantizar que no se vulnere el principio de independencia funcional del fuero arbitral, mediante la intromisión del aparato jurisdiccional en cuestionamientos no postulados primeramente ante el Tribunal y, de ser el caso, ante las entidades cooperadoras en el arbitraje, como lo son los organismos de las Entidades Arbitrales. Ya que, caso contrario, las propias decisiones del fuero arbitral podrían resultar nulas, a pesar de que no tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre algún cuestionamiento y, de esta manera, sanear su decisión final, contenida en un laudo arbitral. / The main problem of this investigation is limited to determining whether the Kompetenz-Kompetenz principle is violated when, within an arbitration process, one of the parties has not questioned the independence and impartiality of an arbitrator, through the corresponding challenge procedure. . That is, if said procedural party, instead of activating the corresponding mechanism, goes directly to judicial assistance (that is, the Judiciary and then to the Constitutional Court) to carry out an ex post control of a decision that has not been made known ex ante, within the arbitral forum. Therefore, the objective of this investigation is linked to developing in detail the definition, content and purpose of the Kompetenz-Kompetenz principle, in order to apply it to the case contained in File No. 02851-2010-PA/TC (Case Ivesur S.A.). As a result of which, it will be concluded that the Kompetenz-Kompetenz principle aims to guarantee that the principle of functional independence of the arbitral forum is not violated, through the interference of the jurisdictional apparatus in questions not first submitted to the Court and, if applicable, before the cooperating entities in arbitration, such as the bodies of the Arbitration Entities. Since, otherwise, the decisions of the arbitration forum themselves could be null, even though they did not have the opportunity to rule on any question and, in this way, correct their final decision, contained in an arbitration award. / Trabajo académico

El presente trabajo tiene por finalidad realizar el estudio de la “Resolución 19 – Exp. 1768-2017”, expedido por la Sala Civil de Cusco, respecto a una pretensión de reivindicación. El presente informe está divido en dos capítulos: el primero de ellos, referido al estudio de la motivación empleada en la sentencia materia de estudio; el segundo capítulo, referido al estudio de la prueba de oficio y su tratamiento en el ordenamiento nacional. Finalmente, habiendo culminado el estudio de ambos capítulos, se concluye que, en la sentencia sometida a estudio, no existió una adecuada motivación incurriendo en una motivación aparente y una falta de motivación interna. Asimismo, se estudiará la figura de la prueba de oficio y como dicha institución procesal debió aplicarse en la precitada sentencia. / The purpose of this work is to carry out the study of "Resolution 19 - Exp. 1768-2017", issued by the Civil Chamber of Cusco, regarding a claim for vindication. This report is divided into 2 chapters: the first one refers to the study of the motivation used in the sentence under study; the second chapter, referred to the study of the ex officio test and its treatment in the national legal system. Finally, having completed the study of both chapters, it is concluded that, in the sentence under study, there was no adequate motivation, incurring in an apparent motivation and a lack of internal motivation. Likewise, the figure of the ex officio test will be studied and how said institution should be applied in the aforementioned sentence.

La reforma de la administración de justicia en el Perú, es una lucha de la que muchos de nosotros hemos sido solo testigos desde las aulas universitarias. Sin embargo, aún mucho antes de iniciar la presente investigación hemos podido descubrir que dicha reforma aún era más antigua, y podemos remontarnos hasta el gobierno militar de la década de los 70 o, inclusive, hasta la década del 20 o 30. Algo que también pudimos descubrir, es que todos esos intentos de reforma, plagados de buenas intenciones, no sólo eran impulsados por gobiernos en su mayoría autoritarios, sino que, además, eran tan sólo intentos de institucionalizar mecanismos de subordinación de los gobiernos de turno sobre el Poder Judicial. Es evidente que con esos objetivos, toda reforma de mejora de la administración judicial estaba destinada al fracaso y, más aún, dejando la sensación de que en el Perú vivimos en una permanente e inacabada reforma judicial. Así pues, es el motivo del presente trabajo dejar de ser testigos de esa reforma del Poder Judicial frustrada y frustrante, y tratar de descubrir la verdadera problemática de tantos problemas que agobian a nuestra administración de justicia, para así plantear una propuesta concreta que ayude a contribuir, desde la investigación, a una mejora palpable del Poder Judicial. Pues bien, el presente trabajo parte de encontrar un mecanismo para combatir dos problemas de la administración de justicia, cual es la falta de legitimidad del Poder Judicial ante la sociedad, y la sujeción del que ha sido este frente a los otros poderes del Estado, inclusive frente al Consejo Nacional de la Magistratura, más aún bajo el modelo inicial de los procesos de ratificaciones propuesto por la Constitución de 1993.

Imaginemos que Carlos le solicita a un juzgador, que Pedro le pague una suma de dinero derivado del incumplimiento de un contrato (para ello deberá evaluarse si ha existido incumplimiento). Imaginemos también, que en un proceso paralelo, Pedro solicita que se declare que ha operado la excepción de incumplimiento, por lo que de declararse fundada, Carlos no tendría derecho a cobrar. Imaginemos ahora que en el primer juzgado, la demanda de pago se declara FUNDADA, y a los pocos días, en el otro proceso, la demanda sobre la excepción de incumplimiento también se declara FUNDADA. Estaríamos ante un absurdo jurídico. La respuesta inmediata sería: No se debió llegar a eso, los procesos debieron ser acumulados, con lo cual nos damos cuenta de la importancia de la acumulación (evitar decisiones contradictorias). Pero, ¿qué sucede si los procesos no podían ser acumulados? Pues también existe una respuesta, uno debió esperar al otro, es decir, uno de los procesos debió suspenderse. La pregunta pertinente en este momento es: ¿Cuál debió esperar a cuál? Pues aquel proceso cuya pretensión era dependiente de la otra debió suspenderse, es decir, debió suspenderse el proceso de pago iniciado por Carlos, hasta que se defina si la excepción de incumplimiento operó correctamente. ¿A pesar de que en el proceso de pago seguramente también se va a discutir sobre la excepción de incumplimiento, debe esperar al otro? Pues sí, porque de lo contrario se estaría limitando el Derecho de Acción de una de las partes.

El presente trabajo de académico pretende realizar un análisis de la interpretación y aplicación del artículo 70 inciso 5 de la Ley N° 28411 que esta estrictamente relacionado con el derecho de ejecución de sentencias bajo una tutela jurisdiccional efectiva, para ello se realizará un análisis de las normas que permite ejecutar una sentencia donde el ejecutado es el Estado, siguiendo esa línea se mencionara como parte de la investigación expedientes donde están aplicando este artículo en los juzgados especializados laboral del Distrito de Piura. Debido a que, la aplicación de este artículo permite ejecutar una sentencia en 5 años posteriores del requerimiento de pago. Ante este escenario, se busca aportar una posible salida de interpretación ante la colisión del derecho de tutela jurisdiccional efectiva y principio de legalidad presupuestaria. Puesto que, tanto el derecho y el principio llegan a colisionar en su aplicación y la solicitud de atención que requieren las partes. / The aim of this academic work is to carry out an analysis of the interpretation and application of the 70th Article, paragraph 5, of Law N° 28411, which is strictly related to the right to execute judgements under the effective jurisdictional protection. In order to achieve our goal, we will analyze the legal norms that allow the execution of a judgment where the enforcement respondent is the State; in that regard, as part of this investigation, there will be mention of case files where the aforementioned article is applied in Labor Courts of the Piura District; due to the fact that its application allows the enforcement of a ruling in the span of five years following the payment requirement. Given this scenario, we intend to provide a possible way out to the interpretation in the face of the collision between the right of effective jurisdiction protection and the principle of budgetary legality; since both the right and the principle come to collide in their application, as well as in the attention required from the parties. / Trabajo académico

En la presente tesis, abordamos la confusión recurrente entre máximas de experiencia válidas y estereotipos de género en la labor judicial de la valoración de la prueba penal. Consideramos que esta confusión no solo genera problemas en la valoración y motivación de la prueba, sino que también impacta directamente en las decisiones judiciales, permitiendo un amplio margen de errores que resultan en la impunidad de delitos relacionados con la violencia de género. Esta problemática ha impulsado la propuesta de alternativas desde sectores doctrinarios y sociales, que buscan responder a la interrogante de cómo diferenciar las máximas de experiencia de los estereotipos de género. En ese sentido, el objetivo principal de este trabajo es comprender la naturaleza de estos conceptos y determinar una vía idónea para lograr su diferenciación. En los primeros capítulos, realizaremos un estudio epistémico de las máximas de experiencia y los estereotipos de género, así como su actuación dentro de la inferencia judicial. Finalmente, examinaremos las aproximaciones doctrinarias para distinguir los estereotipos de género de las máximas de experiencia válidamente formuladas, culminando con la propuesta de una solución desde la argumentación jurídica para lograr nuestro objetivo principal. / In this thesis, we address the recurrent confusion between valid maxims of experience and gender stereotypes in the judicial work of evaluating criminal evidence. We consider that this confusion not only generates problems in the assessment and motivation of evidence, but also has a direct impact on judicial decisions, allowing a wide margin of errors that result in the impunity of crimes related to gender violence. This problem has prompted the proposal of alternatives from doctrinal and social sectors, which seek to answer the question of how to differentiate the maxims of experience and gender stereotypes. Therefore, the main objective of this work is to understand the nature of these concepts and to determine a suitable way to achieve their differentiation. In the first chapters, we will carry out an epistemic study of the maxims of experience and gender stereotypes, as well as their performance within judicial inference. Finally, we will examine the doctrinal approaches to distinguish gender stereotypes from validly formulated maxims of experience, culminating with the proposal of a solution from legal argumentation to achieve our main objective.

En la sentencia 310/2023, el Tribunal Constitucional (en adelante “Tribunal”) había admitido la demanda por agravio constitucional, para lo cual fue presentada por medio de un recurso de amparo por parte la comunidad campesina de Asacasi bajo la representación de Hipólito Tarapaqui Cuñas contra el Instituto Geológico o, Minero y Metalúrgico; el Ministerio de Energía y Minas; y la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac. Esto en razón a que el demandante indica que se habrían aprobado concesiones mineras sin haberse realizado, previamente la consulta previa. No obstante, el demandante alega que había agotado las vías judiciales previas ante el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac (en adelante “Juzgado”) que declaró improcedente su demanda por extemporaneidad de plazo; y en la segunda instancia, frente a la Corte Superior de Justicia de Apurímac (en adelante “CSJ”) que terminó por declarar infundada la demanda. Aunque, para el Tribunal indicó que no se habría valorado el reconocimiento de la demandante como una comunidad campesina y nativa, a fin de que esta pudiera hacer valer una serie de derechos especiales que le constaban, en cumplimiento del artículo 89 de la Constitución Política del Perú de 1993 (en adelante “Constitución”); en particular del derecho de la consulta previa para este caso. De modo que la omisión del reconocimiento legal, le privó el derecho de voto, el cual a pesar de no ser vinculante si era un requisito indispensable, que tenía que cumplirse para la autorización de la concesión minera. / In the jurisprudence 310/2023, the Constitutional Court had admitted the claim of constitutional grievance, for which it was presented through an appeal for protection by the peasant community of Asacasi under the representation of Hipólito Tarapaqui. Wedges against the Geological, Mining and Metallurgical Institute; the Ministry of Energy and Mines; and the Regional Directorate of Energy and Mines of Apurimac. This, according to the plaintiff, indicates that the mining concessions would have been approved without prior consultation having been previously carried out. However, the plaintiff alleges that he exhausted previous judicial remedies before the Cotabambas Mixed Court of the Superior Court of Justice of Apurímac, which declared his claim inadmissible for failure to meet deadlines; and in the second instance, before the Superior Court of Justice of Apurímac, which ended up declaring the claim unfounded. Although, for the Constitucional Court it indicated that the recognition of the plaintiff as a peasant and native community would not have been valued, so it could assert a series of special rights that were known to it, in compliance with article 89 of the Political Constitution. from Peru 1993; in particular the right to prior consultation in this case. So the omission of legal recognition deprived him of the right to vote, which, despite not being binding, was an essential requirement that had to be met for the authorization of the mining concession.

El presente informe jurídico aborda un caso judicial donde se declaró fundado un recurso de anulación de laudo arbitral por supuestamente adolecer de vicios de motivación al no presentar una valoración del informe de un perito cuyo objeto era afirmar las deficiencias técnicas de un expediente técnico. Por lo cual, mediante el análisis de la doctrina, legislación y jurisprudencia se cuestiona la decisión judicial porque los jueces emitieron opinión sobre los criterios presentados por los árbitros para resolver el arbitraje, aún cuando ello está prohibido bajo la Ley que norma el arbitraje. Del mismo modo, el informe apoya la posición de que los supuestos de vicios de motivación aplicables a los laudos arbitrales serán la inexistencia de motivación y la falta de justificación interna. Por último, se presenta una opinión respecto a una cuestión de fondo del arbitraje: la invalidez de la resolución contractual de una parte y una supuesta vulneración a la cosa juzgada por el laudo arbitral. / The present legal report addresses a judicial case where an appeal to annul an arbitration award was upheld on the grounds of alleged motivational defects, as it failed to provide an assessment of an expert's report which aimed to highlight the technical deficiencies of a technical file. Therefore, through the analysis of doctrine, legislation, and jurisprudence, the judicial decision is questioned because the judges gave an opinion on the criteria presented by the arbitrators to resolve the arbitration, even though this is prohibited under the Law governing arbitration. Similarly, the report supports the position that the grounds for motivational defects applicable to arbitration awards will be the absence of motivation and the lack of internal justification. Finally, an opinion is presented regarding a substantive issue of the arbitration: the invalidity of one party's contract termination and an alleged violation of res judicata by the arbitration award.