Dentro del contexto de un Estado Constitucional de Derecho es de vital importancia el sometimiento del poder del Estado a la Constitución; por lo que este sometimiento, denominado principio de constitucionalidad, involucra al legislador y a todos los operadores jurídicos. Este principio de constitucionalidad implica que el proceso judicial, como herramienta del Estado para la tutela de los derechos, debe contar con un diseño legal que le permita contener y cumplir las garantías procesales constitucionales que legitimen su validez, a través del respeto a la realización del derecho a acceder al proceso, el derecho al juez natural predeterminado por ley, el derecho de defensa, el derecho a la prueba, el derecho a la motivación de las decisiones, el derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional, por citar alguna de ellas. Es en este contexto, esto es, la vigencia principio de constitucionalidad en el ámbito del Derecho Procesal, que analizaremos la validez constitucional de la limitación del derecho de defensa en la Tutela Ejecutiva, tal como, actualmente, se encuentra regulado en el artículo 690-D del Código Procesal Civil, en la denominada “contradicción” del ejecutado. / Tesis

En los últimos años, la tutela de los derechos colectivos ha sido materia de regulación en la mayoría de las legislaciones Iberoamericanas, existiendo inclusive un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. Si bien se han realizado esfuerzos para regular este tipo de procesos, los mismos no han sido homogéneos ni ordenados, existiendo casos (como el de Argentina) donde el desarrollo es jurisprudencial y no legislativo. En el Perú, la regulación ha sido muy escaza, desordenada y poco conectada (por decir lo menos), lo cual ha generado la casi nula existencia de este tipo de procesos en la práctica. Lo cierto es que este tipo de procesos es una importante herramienta para la tutela de una serie de derechos de especial naturaleza como lo son los derechos colectivos. El presente trabajo comenta analiza el caso específico de la tutela colectiva del derecho a la consulta previa. De los pueblos indígenas. El derecho a la consulta previa es un tema complejo puesto que está compuesto por una serie de otros derechos fundamentales y porque su desarrollo convencional y su delimitación constitucional y legal en el Perú ha sido errática. En ese sentido, un desarrollo errático del derecho a la consulta previa y una escaza regulación y cultura de la tutela colectiva en el Perú hacen que este tipo de procesos sean casi inexistentes y que se deban enfrentar a serias complicaciones. En el presente artículo analizamos los supuestos de legitimación para obrar en la tutela de este derecho en particular, diferenciándolo de la representación procesal. Así, pretendemos esclarecer cuestiones fundamentales respecto de la tutela colectiva del derecho a la consulta previa. / Trabajo académico

Las instituciones procesales fueron pensadas para la tutela de derechos individuales; sin embargo, con la nueva preocupación por los derechos supraindividuales, las instituciones procesales deben ser repensadas y analizadas. En efecto, la tutela de los derechos difusos tienen una lógica distinta debido a que el objeto de tutela es indivisible y afecta a un número indeterminado de titulares; es decir, la satisfacción a uno implica satisfacción de todos los sujetos que son miembros del grupo. La protección de los derechos supraindividuales trae nuevos desafíos, porque debe determinarse desde quién tendrá legitimidad para obrar hasta a quiénes alcanzará la autoridad de la cosa juzgada, pasando por la adecuada representación ¿Por qué? No todos los sujetos a quienes se afectó su derecho estarán presentes en el proceso; por ello, el hecho de velar correctamente por los ausentes es fundamental para que el proceso colectivo brinde una tutela efectiva. En el ordenamiento jurídico peruano es deficiente la regulación de los procesos colectivos. Se ha analizado solo una arista de los problemas, la legitimidad para obrar, y, de manera excepcional, en materia laboral se reguló los efectos de la sentencia cuando se declara fundada la pretensión. Ello no es suficiente: se omite la litispendencia, prejudicialidad, efectos de la sentencia si es rechazado el pedido, etc. Se analiza a modo general la importancia de la institución procesal de la cosa juzgada en el proceso colectivo, cómo tutela el ordenamiento jurídico peruano los derechos supraindividuales en los procesos constitucionales, específicamente en el amparo. La creación de normas no asegura necesariamente una tutela de los derechos, por ello, se indaga sobre la figura procesal del “estado de cosas inconstitucional” ¿protege los derechos supraindividuales? Con lo cual se concluye que el Código Procesal Constitucional no regula el alcance de la cosa juzgada cuando tutela los derechos difusos, no es suficiente solo establecer quiénes tendrán legitimidad para obrar para interponer una demanda colectiva. / Trabajo académico

El presente tema surge de la necesidad de encontrar en el ordenamiento jurídico nacional, el adecuado respaldo para la protección de los derechos de la persona jurídica en el ámbito constitucional. Esta muchas veces ve afectados sus derechos, debido a que no encuentra otra vía donde acudir, más que el proceso ordinario de la vía judicial, viéndose limitada para defender sus derechos reconocidos en la Constitución. Por ello encontramos crucial esta problemática de integración de la persona jurídica en los procesos constitucionales a partir del reconocimiento explícito del fundamento de atribución de sus derechos regulados en la Constitución. Para llegar a entender que los derechos que se encuentran regulados en la Constitución le son aplicables a la persona jurídica, en virtud de su naturaleza y personalidad jurídica; proponemos en este trabajo la teoría de los derechos constitucionalmente reconocidos de la persona jurídica. Para ello hemos acudido a temas básicos de Derecho Natural, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho de la Persona Jurídica, con la finalidad de demostrar en qué momento se presenta la diversificación de un Derecho fundamental, de un Derecho constitucionalmente reconocido, entendiendo a este último como atribuible a la persona jurídica y por ende a la debida defensa procesal constitucional de la misma.La importancia que representa un derecho constitucionalmente reconocido en la Constitución es trascendental; debido a que éste, es un derecho propio de la persona jurídica en razón de su naturaleza jurídica, pero que al mismo tiempo se ve reconocido en el ordenamiento jurídico constitucional, esto a pesar de no haber sido regulado para la persona jurídica, sin embargo es factible de ser ejercido por ella en razón de la naturaleza misma del derecho (Ej. Derecho al debido proceso). Es así, que esta evidente realidad jurídica, permite el libre acceso de la persona jurídica a los mecanismos de defensa en el ámbito procesal constitucional, con la eficacia e inmediatez que estos representan. / Tesis

El presente tema surge de la necesidad de encontrar en el ordenamiento jurídico nacional, el adecuado respaldo para la protección de los derechos de la persona jurídica en el ámbito constitucional. Esta muchas veces ve afectados sus derechos, debido a que no encuentra otra vía donde acudir, más que el proceso ordinario de la vía judicial, viéndose limitada para defender sus derechos reconocidos en la Constitución. Por ello encontramos crucial esta problemática de integración de la persona jurídica en los procesos constitucionales a partir del reconocimiento explícito del fundamento de atribución de sus derechos regulados en la Constitución. Para llegar a entender que los derechos que se encuentran regulados en la Constitución le son aplicables a la persona jurídica, en virtud de su naturaleza y personalidad jurídica; proponemos en este trabajo la teoría de los derechos constitucionalmente reconocidos de la persona jurídica. Para ello hemos acudido a temas básicos de Derecho Natural, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho de la Persona Jurídica, con la finalidad de demostrar en qué momento se presenta la diversificación de un Derecho fundamental, de un Derecho constitucionalmente reconocido, entendiendo a este último como atribuible a la persona jurídica y por ende a la debida defensa procesal constitucional de la misma.La importancia que representa un derecho constitucionalmente reconocido en la Constitución es trascendental; debido a que éste, es un derecho propio de la persona jurídica en razón de su naturaleza jurídica, pero que al mismo tiempo se ve reconocido en el ordenamiento jurídico constitucional, esto a pesar de no haber sido regulado para la persona jurídica, sin embargo es factible de ser ejercido por ella en razón de la naturaleza misma del derecho (Ej. Derecho al debido proceso). Es así, que esta evidente realidad jurídica, permite el libre acceso de la persona jurídica a los mecanismos de defensa en el ámbito procesal constitucional, con la eficacia e inmediatez que estos representan.

El presente trabajo de investigación partió de la premisa: ¿Existe relación entre la tutela jurisdiccional efectiva y el patrocinio del abogado en los procesos de alimentos concluidos y no archivados, que tienen como juzgado de origen al Segundo Juzgado de Paz Letrado de El Tambo?, lo que ha establecido como objetivo general el “Determinar la relación entre la tutela jurisdiccional efectiva y el patrocinio del abogado en los procesos de alimentos concluidos y no archivados, que tienen como juzgado de origen al Segundo Juzgado de Paz Letrado de El Tambo”, derivando así la hipótesis general consistente en que “Sí existe una relación significativa entre la tutela jurisdiccional efectiva en su componente eficacia y el patrocinio defectuoso del abogado en los procesos de alimentos concluidos y no archivados, que tienen como juzgado de origen al Segundo de Juzgado Paz Letrado de El Tambo”. / Tesis

El presente trabajo se titula “La actividad probatoria recogida en el proceso contencioso administrativo y su relación con la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”, el cual tiene como justificación teórica analizar la figura jurídica de la restricción del derecho probatorio del accionante en el Proceso Contencioso Administrativo para postular una reforma legislativa. Para tal efecto se ha preguntado ¿Cuál es la relación entre la restricción de la actividad probatoria recogida en el Proceso Contencioso Administrativo y la vulneración al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva?, teniendo como Objetivo General establecer el grado de relación entre la restricción de la actividad probatoria recogida en el Proceso Contencioso Administrativo y la vulneración al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, mediante el análisis de resoluciones judiciales y encuestas a los operadores jurídicos. El método utilizado en el trabajo es no experimental, ya que no se manipularon variables, asimismo, es transeccional, en tanto, la investigación se desarrolla en un solo momento. De lo analizado, se obtuvo como respuestas que más del 75% de operadores intervinientes (Jueces, Fiscales y Abogados especialistas en Derecho Contencioso Administrativo) coinciden, en términos generales, que la restricción de la actividad probatoria recogida en el Proceso Contencioso Administrativo influye significativamente en la vulneración del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. Finalmente, se concluye que efectivamente la restricción de la actividad probatoria recogida en el Proceso Contencioso Administrativo influye significativamente en la vulneración al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, esto es, en la obtención de una sentencia justa y motivada, fruto de todo el aporte probatorio que tiene tanto el justiciable como la administración, y asimismo, que resulta contradictorio que la norma contencioso administrativa restringa la actividad probatoria del accionante bajo criterios de aplicación del principio de oportunidad y preclusión, más aún si el proceso contencioso administrativo ya no es considerado un proceso de mera revisión de la legalidad del acto sino una de plena jurisdicción. / Trabajo académico

Los artículos 3 y 18.2 del DL 1033 (DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL) son normas que han establecido que la competencia para conocer los procesos con el INDECOPI es de exclusividad de los juzgados ubicados en la ciudad de Lima, este suceso genera de por sí una barrera de acceso a la justicia y por tanto una afectación al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, ya que el ciudadano que reside en diferentes regiones del Perú debe recurrir a formular las demandas judiciales contra el INDECOPI a la ciudad de Lima, lo que ocasiona un costo adicional para el acceso a la justicia, pues una persona deberá trasladarse desde la región en que reside hasta la ciudad de Lima asumiendo el valor económico que ello implica, además por el traslado se le genera demora adicional en su trámite judicial, y , finalmente se le otorga una ventaja injustificada al INDECOPI, que como parte del estado tiene todas las ventajas de litigar en cualquier parte del país, sobre todo en los lugares donde tiene una sede regional. / Articles 3 and 18.2 of DL 1033 (LEGISLATIVE DECREE APPROVING THE LAW OF ORGANIZATION AND FUNCTIONS OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR THE DEFENSE OF COMPETITION AND THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY) are norms that have established that the competence to know the processes with the INDECOPI is exclusive of the courts located in the city of Lima, this event generates in itself a barrier of access to justice and therefore an affectation to the right to Effective Jurisdictional Guardianship, since the citizen residing in different regions of the Peru must resort to formulating the lawsuits against INDECOPI to the city of Lima, which causes an additional cost for access to justice, since a person must move from the region where he lives to the city of Lima, assuming the cost that implies, in addition to the transfer is generated additional delay in its judicial process, and, finally, an unjustified advantage is granted to INDECOPI, that as part of the state it has all the advantages of litigating in any part of the country, especially in the places where it has a regional headquarters. / Tesis

¿Es el Derecho Procesal Constitucional parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo de la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo, para ello, por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinantes para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitiría la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales; ergo, en realidad el Derecho Procesal Constitucional constituye parte del derecho procesal.Para demostrar ello, el autor desarrollará el concepto del proceso y concluirá señalando que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

¿El Derecho Procesal Constitucional es parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo a la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo para ello por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinante para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitirá la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales, por ello, en realidad el Derecho Procesal Constitucional, constituye parte del derecho procesal. Para ello, y desarrollando el concepto del proceso, el autor concluirá que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.