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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En las páginas siguientes, intentaré demostrar como no es posible sustentar una fórmula general de solución respecto del alcance que debe darse a las gestiones del artículo 435 del código de procedimiento civil, sino que por el contrario, debe examinarse cuidadosamente que gestión utiliza el solicitante, cuál es la actitud del citado, y observarse la relación substantiva que une a ambos, de tal forma me parece que es posible ir formulando soluciones acordes con la normativa tanto procesal como civil aplicables al caso concreto.

Tesis

Dentro del contexto de un Estado Constitucional de Derecho es de vital importancia el sometimiento del poder del Estado a la Constitución; por lo que este sometimiento, denominado principio de constitucionalidad, involucra al legislador y a todos los operadores jurídicos. Este principio de constitucionalidad implica que el proceso judicial, como herramienta del Estado para la tutela de los derechos, debe contar con un diseño legal que le permita contener y cumplir las garantías procesales constitucionales que legitimen su validez, a través del respeto a la realización del derecho a acceder al proceso, el derecho al juez natural predeterminado por ley, el derecho de defensa, el derecho a la prueba, el derecho a la motivación de las decisiones, el derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional, por citar alguna de ellas. Es en este contexto, esto es, la vigencia principio de constitucionalidad en el ámbito del Derecho Procesal, que analizaremos la validez constitucional de la limitación del derecho de defensa en la Tutela Ejecutiva, tal como, actualmente, se encuentra regulado en el artículo 690-D del Código Procesal Civil, en la denominada “contradicción” del ejecutado. / Tesis

Reformula la posición de la regulación de la nulidad del acto procesal, los remedios procesales y el recurso de reposición en el Código Procesal Civil, a fin de adecuarlos según sus alcances y funciones en el proceso, así como diferenciarlos de los recursos de apelación y de casación. Regula como principios del tratamiento de las nulidades procesales, el rol y alcance de las formalidades y el rol del interés público. Promueve propuestas para el tema de las notificaciones, que es uno de los aspectos más vulnerables para configurar vicios procesales, con el objetivo de que se autoricen normativamente nuevas modalidades de notificación por la vía tecnológica. / Tesis

Tesis

El presente trabajo de investigación que pongo a disposición del Jurado Evaluador se intitula “control de hechos en casación: ataque frontal a los dogmas que rigen en la casación civil”, el tema central en la misma está vinculado a la casación civil, pero, apuntando a un tema de mucha polémica en la doctrina y en la jurisprudencia: el control de hechos en sede casatoria. La dogmatica en esta materia -como sabemos- se encuentra dividida y aunque en nuestro medio se tiene la idea más generalizada de una prohibición expresa y sacrosanta de no hacer control de hechos en casacion. Teniendo adicionalmente como dato que en nuestro medio el contenido mayoritario de las decisiones que toma nuestra Corte Suprema en esta materia apunta a la tesis de la imposibilidad de hacer control de hechos en casación, pues se cree a prori que bajo ninguna circunstancia es posible hablar de control de hechos en la tramitación de los recursos de casación, posición o afirmación que el autor considera un dogma en el derecho, pues, en realidad no se ajusta a la totalidad de situaciones que pueden permitir acceder a casación. La idea fundante del presente trabajo de investigación es que si es admisible aunque de manera excepcional, sin que ello desnaturalice el recurso y no convierta a la Corte Suprema –que conoce en nuestro medio el recurso de casación – en una tercera instancia. Creemos en la posibilidad de hacer control de hechos en casación, si levantamos la mirada a dos elementos importantes del proceso: los hechos y el derecho, ello porque se ha perdido de vista la fusión indisoluble que aparece entre el hecho y el derecho, se olvidan muchos que estos dos elementos perviven juntos durante el desarrollo de todo el proceso, incluyendo la casación. Hemos asumido diversas posturas sobre la materia en ciernes, postulando la posibilidad de hacer control de hechos en situaciones en las que la Sala de Casación debe verificar si la norma aplicada o inaplicada para resolver el caso es la correcta, pues para ello el juez de casación no le queda otra alternativa que conocer los hechos a través de la prueba. En este trabajo también proponemos la posibilidad de hacer control de hechos ante la existencia de sentencias arbitrarias o absurdas y en todas aquellas situaciones en las que aparezca manifiesto que el juez haya realizado un trabajo probatorio inaceptable, con lo cual se afecta ostensiblemente el derecho a un debido proceso que se puede presentar en diversas vertientes: motivación, valoración de la prueba, quiebre de las reglas de la prueba, atentando al derecho a probar, entre otros Se ha efectuado trabajo de campo no sólo analizando las sentencias de nuestra Corte Suprema y la de otros países en las que se ha resuelto recursos de casación; sino que también se han tomado datos de diversas unidades de análisis que han ayudado a la tarea asumida, por lo cual se han formulado cuestionarios a docentes universitarios, a magistrados, a alumnos de maestría en derecho procesal y abogados.

Permítannos compartir con ustedes algunas inquietudes que motivaron el desarrollo de esta investigación, formulándonos en principio la siguiente interrogante, ¿Por qué resulta relevante el tratamiento de la competencia judicial internacional, y particularmente si la vinculamos a temas de familia? Al respecto, pueden invocarse argumentos como los siguientes: 1.- La diversidad de tratamiento legislativo: Existen dificultades y severas discrepancias en las legislaciones mundiales en cuanto a la regulación de la familia matrimonial y no matrimonial, encontrándose divergencias en varios de sus institutos y particularmente en el divorcio, apreciándose que los ordenamientos se desplazan entre los regímenes restrictivos de carácter sancionador, los mixtos que contemplan causales específicas inculpatorias, admitiendo la convención de los cónyuges para relajar o liquidar el vínculo matrimonial, los que suscribiéndose a modalidades remedio, establecen causales objetivas de resquebrajamiento de la unión matrimonial, incorporando los más atrevidos la denominada causal de divorcio quiebre o de matrimonios desquiciados que de modo genérico pueden consentir cualquier supuesto como amparable para declarar la disolución del vínculo matrimonial, así como incluso el divorcio unilateral. Ello más allá de la iniciativas que admiten divorcios privados, acordados por autoridades públicas no judiciales “ Se trata de divorcios acordados por notarios (Cuba, Marruecos, Egipto y recientemente el Perú por Ley 29227 del 15 de mayo de 2008), alcaldes(Japón, Perú Ley 29227), gobernadores civiles(Noruega), autoridades administrativas (Dinamarca), Ministerio de Justicia y Asuntos Eclesiásticos (Islandia), autoridades registrales (Méjico)”1 Esta diversidad también se refleja en las normas conflictuales de Derecho Internacional Privado estatales cuya opción por los factores de conexión es distinta, así como ante la insuficiencia de normas supranacionales de Derecho Procesal Civil Internacional que determinen criterios de competencia comunes, que posibiliten la internacionalidad de los derechos válidamente adquiridos, y que en el caso que estudiaremos conduzcan a la estabilidad del estado civil y familiar de las personas, y no permitan que hayan ciudadanos que desde el punto de vista de un Estado estén por ejemplo divorciados y desde otros ordenamientos jurídicos permanezcan casados, con todos los efectos negativos que importa para los demás miembros de la familia, así como para la seguridad de sus relaciones económicas y jurídicas. / Tesis

El Decreto Legislativo N°1224 entró en vigencia el 25 de setiembre de 2015 y derogó el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y servicios públicos aprobado mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM. Esta nueva ley mantiene el artículo que dispone que se podrán someter a arbitraje nacional o internacional las controversias de carácter patrimonial derivadas de las concesiones y establece en su artículo 23°: / Trabajo académico

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