La tesis está referida al estudio del instituto de la actuación de sentencia impugnada en el proceso de amparo que, en mi opinión, es una de las principales novedades e innovaciones que aporta el Código Procesal Constitucional a nuestra legislación constitucional. El referido instituto está regulado en el segundo párrafo del Artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Este confiere al demandante el derecho a solicitar al juez de primer grado, que emitió una sentencia estimativa de condena, su ejecución aún cuando la sentencia no estuviera firme. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El constante cambio en la evolución del derecho a través del tiempo, hace necesaria una permanente revisión de cada una de las aristas que componen un ordenamiento jurídico. Dentro del ciclo de aplicación regular de una norma, existe una evolución innata que permite que el mandato del legislador sea adecuado a la realidad cambiante de la sociedad. Este cambio, concretado a través de la doctrina y jurisprudencia, es aquel que buscaremos identificar en el presente trabajo de investigación, en relación a la aplicación del denominado “Recurso Especial de Amparo Económico”. Debemos considerar para ello, que una de las fuerzas impulsoras de la evolución del derecho constitucional en este último tiempo, ha sido el establecimiento y posterior desarrollo de acciones y recursos jurisdiccionales contenidos en normas de rango constitucional. Nuestra Constitución Política de la República de 1980 siguiendo la tendencia antes mencionada, ha plasmado normativamente una visión garantística del derecho, mediante la creación de diversos procedimientos, tendientes algunos a perseguir el restablecimiento del imperio del derecho, para defender el rol de la persona humana frente a la Administración del Estado, y en otros a tutelar el correcto ejercicio de las libertades y derechos fundamentales. La múltiple jurisprudencia y doctrina generada en estos últimos años en nuestro país ha complementado dicha evolución en forma concreta, generando en algunos casos fórmulas tendientes al desarrollo de las garantías individuales, y en otros casos, respuestas jurisprudenciales y doctrinarias contrarias al espíritu garantístico del derecho constitucional moderno

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta Memoria de prueba, consta de once capítulos, que tienen por finalidad hacer un análisis del Procedimiento de Amparo Judicial de Aguas en nuestra legislación, a través de un estudio desde una óptica del derecho procesal en general y la normativa que rige al Amparo Judicial en particular. El Primero de estos capítulos, hace una referencia a lo que es el Derecho de Aprovechamiento de Aguas en general. El capítulo segundo analiza su naturaleza en el sentido de determinar si el Amparo Judicial de Aguas es una acción o un Recurso, llevando este estudio a la conclusión de que estamos frente a una Acción conforme a su contenido y características elementales. Descrito esto, en el mismo capítulo se estudia en particular si esta acción es de naturaleza cautelar o declarativa. En su capítulo tercero se efectúa un paralelo entre las acciones posesorias del Código Civil y las del Código de Aguas obteniendo como resultado, que las acciones posesorias del Código Civil son aplicables perfectamente a materias relacionadas con el derecho de aprovechamiento de aguas, y que solamente la primera de dichas acciones en el Código de Aguas cumple con ese rol. En el mismo capítulo tercero hace un nuevo análisis, esta vez con la óptica de relacionar el Amparo con el Recurso de Protección y con el Amparo Constitucional. En los Capítulos cuarto, quinto, sexto y séptimo, se desarrolla la parte fundamental de este estudio al determinar, cual es el Objeto de Amparo Judicial de Aguas, quien es su titular y cual es el procedimiento que rige a esta materia en estudio y el juez competente para ello. En los capítulos siguientes se estudia en especial cuales son los medios de Prueba, el tipo de sentencia que es la resolución que resuelve el asunto sometido a conocimiento del tribunal, los incidentes, plazos, Recursos procesales y las notificaciones, terminando dicho estudio con la propuesta de un proyecto de modificación de las normas que rigen en el Código de Aguas la materia en comento y la respectiva conclusión al trabajo realizado.

Las instituciones procesales fueron pensadas para la tutela de derechos individuales; sin embargo, con la nueva preocupación por los derechos supraindividuales, las instituciones procesales deben ser repensadas y analizadas. En efecto, la tutela de los derechos difusos tienen una lógica distinta debido a que el objeto de tutela es indivisible y afecta a un número indeterminado de titulares; es decir, la satisfacción a uno implica satisfacción de todos los sujetos que son miembros del grupo. La protección de los derechos supraindividuales trae nuevos desafíos, porque debe determinarse desde quién tendrá legitimidad para obrar hasta a quiénes alcanzará la autoridad de la cosa juzgada, pasando por la adecuada representación ¿Por qué? No todos los sujetos a quienes se afectó su derecho estarán presentes en el proceso; por ello, el hecho de velar correctamente por los ausentes es fundamental para que el proceso colectivo brinde una tutela efectiva. En el ordenamiento jurídico peruano es deficiente la regulación de los procesos colectivos. Se ha analizado solo una arista de los problemas, la legitimidad para obrar, y, de manera excepcional, en materia laboral se reguló los efectos de la sentencia cuando se declara fundada la pretensión. Ello no es suficiente: se omite la litispendencia, prejudicialidad, efectos de la sentencia si es rechazado el pedido, etc. Se analiza a modo general la importancia de la institución procesal de la cosa juzgada en el proceso colectivo, cómo tutela el ordenamiento jurídico peruano los derechos supraindividuales en los procesos constitucionales, específicamente en el amparo. La creación de normas no asegura necesariamente una tutela de los derechos, por ello, se indaga sobre la figura procesal del “estado de cosas inconstitucional” ¿protege los derechos supraindividuales? Con lo cual se concluye que el Código Procesal Constitucional no regula el alcance de la cosa juzgada cuando tutela los derechos difusos, no es suficiente solo establecer quiénes tendrán legitimidad para obrar para interponer una demanda colectiva. / Trabajo académico

Conforme esta normado nuestro actual ordenamiento jurídico constitucional, en lo que respecta a los procesos de jurisdicción de la libertad o de protección de derechos “constitucionales” (1), no es constitucional afirmar el impedimento de incoar una demanda constitucional contra lo resuelto en otro proceso, sea administrativo, privado, judicial e incluso constitucional; afirmar lo contrario implicaría evidenciar que existe una zona exenta de control constitucional lo cual, según lo dispuesto por el Art. 200 Inc. 02 de la Constitución Política (2)se encuentra vedado, así si se impide interponer este tipo de demandas contra lo resuelto en otro proceso conllevaría a afirmar dos supuestos, el primero, que cualquier tipo de proceso siempre será tramitado y resuelto con apego estricto a las disposiciones y normas constitucionales, y/o el segundo, que la Constitución Política no rige para este tipo de procesos; el primero claro está, es un imposible fáctico, pues no existe perfección en los actos del hombre sea cual fuere el hecho a materializar y lo segundo, es un completo desconocimiento al principio de fuerza normativa de la constitución, tal como lo dispone el Art. 51º de la propia Carta Política, en tal sentido y a efecto de proteger los derechos fundamentales del litigante que puedan haber sido conculcados por lo resuelto en otro proceso, es que el ordenamiento jurídico habilita la interposición de una demanda constitucional contra una resolución judicial a fin que cese la afectación inconstitucional. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Constitución Política de Chile regula en su artículo 21 al Recurso de Amparo, el cual dispone en su inciso primero: “Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o las leyes, podrá ocurrir por si, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señala la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.” Así entonces es posible sostener que el Recurso de Amparo busca proteger el derecho a la libertad personal y seguridad individual ante cualquier privación, perturbación o amenaza que afecte ilegal o arbitrariamente dicha garantía. Una forma de afectar estos derechos es a través de resoluciones administrativas que vulneren la libertad individual y/o la seguridad personal, como lo harían aquellas negativas a conceder la libertad condicional cuando sí procediera este beneficio penitenciario, considerando que la libertad condicional es el derecho subjetivo del penado, que tiene como consecuencia adelantar el momento de excarcelación, de manera condicional, ya que está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones que si son vulneradas provocan la revocación del beneficio y por tanto el reingreso del sujeto a un centro penitenciario. 9 Considerando que la actividad de los tribunales en sede penitenciaria debe desarrollarse sobre la base de una práctica judicial extensiva que permita materializar la vigencia del Estado de Derecho en los recintos penales, sus resoluciones deben respetar las garantías que sostienen a nuestra República como lo son las antes enunciadas. No obstante, ello no es así, y existen múltiples casos en los que la Comisión de Libertad Condicional decide no otorgar el beneficio cuando correspondería hacerlo, por cumplirse los requisitos establecidos para ello. Para salvar esta situación se ha empleado el Recurso de Amparo. Es por ello que nuestro trabajo busca analizar los casos en que las Cortes acogen los Recursos de Amparo presentados contra resoluciones que deniegan la Libertad Condicional, y cuáles son los criterios que han seguido éstas para concederlos

El documento digital no refiere asesor / El control difuso es una figura incidental de control constitucional que les faculta a los jueces de todos los niveles, la inaplicación de las normas que no son compatibles con los principios constitucionales, es decir, los jueces están facultados y obligados indubitablemente en tener la observancia del principio de supremacía constitucional y el principio de inviolabilidad de la Constitución. En ese sentido, no basta el control constitucional concentrado que realiza el Tribunal Constitucional, para garantizar las normas fundamentales de la constitución, porque la interpretación constitucional muchas veces está sesgada por los intereses políticos. En este sentido vemos la posibilidad no solamente la inaplicación de las normas jurídicas ordinarias mediante control difuso, sino habría la posibilidad de la inaplicación de las sentencias vinculantes emanadas del Tribunal Constitucional, esto cuándo transgreden principios y valores de orden constitucional, es así, que vemos la posibilidad que la Ejecutoria Constitucional 206-2005-PA/TC a los Procesos de Amparo para la Reincorporación de miembros de la Policía Nacional del Perú por hechos ocurridos en el periodo del 2000 al 2005”, habría vulnerado derechos. Estas podrían haberse sesgado por las ideologías de sus miembros, teniendo en cuenta que los análisis de interpretación constitucional de los magistrados del Tribunal Constitucional no serían perfectos sino perfectibles. Además, por qué no concebir las sentencias constitucionales como normas jurídicas, teniendo en cuenta que la jurisprudencia, al decir, Rodolfo Pérez “…no solo tiene carácter de fuente del Derecho sino vinculatoriedad como norma jurídica”, por cuanto contiene principios y reglas que pueden concebirse como normas, al respecto, el jurista alemán Robert Alexy, “…tanto las reglas como los principios pueden concebirse como normas”, en ese sentido podemos entender que la Ejecutoria Constitucional, también, son normas jurídicas, por cuanto, por un lado al decir de Carlos Cossio, que toda sentencia es considerada como el fenómeno jurídico por antonomasia3 , si es así, por el otro lado de la cara de la sentencia emanan normas jurídicas que expresan mandatos, prescripciones o recomendaciones, como es el caso de la ejecutoria constitucional materia de nuestro estudio. El método difuso de control constitucional corresponde a la justicia constitucional de origen anglosajón y el control concentrado es del Tribunal Constitucional, o sea, la jurisdicción constitucional, fue planteado por Kelsen. Bajo este marco ponemos a disposición el presente estudio referido a la inaplicabilidad mediante control difuso a procesos de amparo a la actividad policial admitidos antes de la Ejecutoria Constitucional N° 206-2005 de fecha 28 de noviembre del 2005, con el cual se pretende garantizar los principios constitucionales, como: irretroactividad, la tutela jurisdiccional efectiva, tutela judicial preestablecida, defensa procesal y el juez natural, por lo que vulneran los derechos de los policías y personal de fuerzas armadas, pasados en retiro y que solicitaron su reincorporación a la actividad policial militar, mediante procesos de amparo presentados antes de la publicación de Ejecutoria constitucional mencionada. Es así, que esta Ejecutoria Constitucional conceptuado como norma jurídica estaría vulnerando los principios constitucionales y los derechos subjetivos del personal policial y militar que hayan demandado, vía proceso de amparo. / Tesis

La presente investigación tiene como objetivo determinar si el recurso de anulación de laudo arbitral puede ser considerado, tal y como lo establecen la Duodécima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, y la jurisprudencia constitucional vigentes, como una vía igualmente satisfactoria que el proceso constitucional de amparo para la protección de los derechos fundamentales lesionados en un arbitraje o con el laudo que le pone fin. Para dicho efecto, se determinan, a partir de la experiencia comparada y nacional, los criterios para calificar a un proceso judicial ordinario como una vía igualmente satisfactoria que el proceso constitucional de amparo para la tutela de los derechos fundamentales. Luego de sustentar la opción por la tesis de la autonomía del arbitraje, se realiza una aproximación teórica al recurso de anulación de laudo arbitral, mecanismo judicial ordinario de control de la regularidad del laudo arbitral y de las actuaciones arbitrales en general. En un tercer momento, se desarrollan las relaciones, no siempre pacíficas, entre el arbitraje y su control constitucional por medio del proceso de amparo. Se estudia las tesis en torno a la posibilidad de que el recurso de anulación puede ser calificado como una vía igualmente satisfactoria que el amparo para la tutela de los derechos fundamentales lesionados en el curso de un arbitraje o con el laudo que le pone fin. Finalmente, se determina si el recurso de anulación de laudo arbitral puede, en efecto, ser calificado como una vía igualmente satisfactoria que el amparo para la tutela de los derechos fundamentales lesionados en un arbitraje. / Tesis

La Garantía Constitucional del Amparo es un proceso especial que se distingue de los procesos ordinarios por ser rápido, sencillo y eficaz, cuya finalidad no solo es la restitución de un derecho individual vulnerado, sino también la interpretación y perfeccionamiento de la Constitución; en ese sentido, pese a su importancia, también se encuentra afectado por los problemas de los que adolece el Sistema de Justicia en la actualidad, inconvenientes que ya fueron detectados hace varios años, pero que no encuentran solución, no por la inacción o falta de interés en ellos, sino por la falta de un correcto dimensionamiento del problema y lo que ello implica, es por eso que creo necesario realizar un análisis desde los principios de Buen Gobierno para comprender su correcto significado, pues entiendo que el Buen Gobierno nos dará luces en este camino lúgubre desde los problemas del Sistema de Justicia, hasta las valores fundamentales que sirven de base a nuestro Estado. Una vez entendido ello, propongo alternativas como la implementación de organismos destinados a impulsar el empoderamiento de las personas y con ello su participación activa, para afianzar el valor del capital social y con ello el principio de participación; la destinación de mayores recursos a la justicia constitucional debido a su naturaleza especial y de urgencia; mayor capacitación de jueces y personal asignado a cada órgano jurisdiccional, generando a su vez una conciencia de identidad con el Sistema de Justicia, así como cumplir con el reto de reducir el problema de los jueces provisionales y supernumerarios, generando calidad en la labor de los actores involucrados en el Sistema de Justicia. / Trabajo académico

El presente informe jurídico tiene objetivo general realizar un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 03343-2007-PA/TC, en el que se resolvió la demanda de amparo interpuesta por el señor Jaime Hans Bustamante contra Occidental Petrolera del Perú; LLC, Sucursal del Perú, Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, Petrobras Energía Perú S.A y el Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido, en el presente informe se realiza una revisión doctrinaria, jurisprudencial y legislativa con la finalidad de repensar la controversia discutida en dicha sentencia. Al respecto, en el presente documento se concluye que la demanda de amparo interpuesta debió ser declarada improcedente por la configuración de la sustracción de la materia; sin perjuicio de la evaluación a cargo del juez constitucional sobre la necesidad de emitir un pronunciamiento en atención al carácter objetivo del proceso de Amparo. Asimismo, también se concluye que a la controversia bajo análisis le subyace un conflicto constitucional entre la libertad de empresa y el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; de tal manera que, su conciliación debe realizarse en el marco del principio constitucional de desarrollo sostenible. Finalmente, en el presente informe se concluye que la inexistencia del Plan Maestro del ACR Cordillera escalera no es un impedimento para el desarrollo de las actividades de hidrocarburos al interior de esta área; de modo que, los derechos preexistentes de los titulares debían ser respetados