La creciente aparición de Tribunales Constitucionales alentada en todo el mundo - primero por la segunda postguerra y luego por los movimientos democráticos- es manifestación de un deseo generalizado por garantizar el predominio de los valores consagrados en las Constituciones, bajo el entendido de que éstos pueden conducir a sociedades más humanistas. De nuestro lado, han pasado ya más de diez años desde que el Tribunal Constitucional del Perú volvió a un pleno funcionamiento luego de la restitución de los tres magistrados destituidos por el gobierno fujimorista. Éste es un tiempo suficiente para reflexionar acerca de su gran contribución al desarrollo de la democracia en nuestro país. Dicha reflexión, desde el ámbito jurídico, debe tener como eje central la frondosa jurisprudencia que ha desarrollado este órgano constitucional en relación a los derechos fundamentales de la persona, al establecimiento de los límites al poder político y a la organización jurídico-política del Estado.

La presente investigación tiene por finalidad determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la remuneración. Esta labor es importante porque, como se sabe, sólo este tipo de contenido goza de garantía constitucional, a través del proceso de amparo. Si los jueces no conocen el contenido constitucional del derecho a la remuneración, corren el riesgo de decretar la improcedencia de demandas de amparo que, justamente, versan sobre aquel. Este error ocasiona la desprotección constitucional del derecho a la remuneración. Seguramente, el lector de estas páginas no es ajeno a la idea del Tribunal Constitucional peruano (y de cierto sector de la doctrina) sobre la existencia de un “contenido esencial” en los derechos fundamentales. Pues bien, mi argumentación va en sentido contrario: el derecho a la remuneración no tiene un “contenido esencial”, sino un “contenido constitucionalmente protegido”, que no es equiparable de ningún modo a aquel.

La presente tesis tiene por objeto estudiar las funciones y competencias asignadas a nuestro Tribunal Constitucional. Para este propósito, en el primer capítulo se desarrollará un análisis general del origen de la jurisdicción constitucional y las razones de su existencia. Asimismo se estudiará el origen del Tribunal Constitucional, entendido como aquel organismo constitucional autónomo e independiente, que al interior del ordenamiento jurídico, ejerce la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales, garantizando los valores propios de la democracia. Luego de abordar el origen del Tribunal Constitucional a nivel mundial, veremos desde cuándo nuestro país adoptó esta institución y los motivos de dicha adopción, para luego pasar a analizar su finalidad y naturaleza. Seguidamente. Veremos el estatuto jurídico de nuestro Tribunal Constitucional, es decir, su organización y estructura: el número de magistrados que la integran, su periodo de mandato, los requisitos e impedimentos, vacancia, forma de elección de sus miembros, etc. Asimismo estudiaremos su composición a través de un Pleno y de dos Salas, su funcionamiento, su sede y el tipo de resoluciones que emite, entre otros aspectos.

El caso de la devolución de los aportes hechos al FONAVI (Exp. No. 03283-2007- PA/TC) consistió un hito sin precedente en la historia electoral reciente del Perú (2010) pues involucró la aprobación de un proyecto de ley de iniciativa ciudadana a través del mecanismo del referéndum. Sin embargo, para llegar a dicho evento, los promotores de dicha iniciativa tuvieron que afrontar una controversia contra la autoridad electoral, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, a fin de determinar si su propuesta se encontraba acorde a la Constitución del país. Para ello, el TC tuvo que esclarecer la naturaleza de la contribución al FONAVI para determinar si este se trataba en verdad de un tributo o no a fin de establecer la procedencia de su devolución si tal concepto no era tributario. A pesar de la carencia de elementos que explícitamente permitan identificar a un tributo como tal, el TC tuvo que razonar en base a qué elementos son los que lo caracterizan y que tal razonamiento sea acorde con el orden constitucional. Para ello, en su sentencia expuso por qué la contribución al FONAVI no podría tener materia tributaria. En el presente trabajo se pretende realizar una exposición de tales elementos y su justificación para vincular una obligación pública como de naturaleza tributaria o no. Por ello, se expondrán los fundamentos del Derecho Constitucional Tributario y parámetro de interpretación del TC / Trabajo de investigación

El presente trabajo analiza el expediente N° 01209-2006-AA/TC que se pronunció respecto de la procedibilidad de un amparo contra una resolución referida a una medida cautelar. Esta investigación busca unificar las decisiones en los procesos constitucionales respecto tres problemas procesales identificados: primero, la procedencia del amparo contra una resolución judicial que ordena una medida cautelar, segundo, se analiza la viabilidad de un pronunciamiento sobre el fondo de parte del Tribunal Constitucional frente al rechazo liminar de la demanda de amparo en dos instancias, y tercero, las consecuencias anulatorias de la decisión del Tribunal Constitucional respecto del proceso ordinario, en caso emita un pronunciamiento de fondo en el proceso de amparo. Para ello utilizamos el método deductivo y descriptivo, comenzando por analizar los argumentos centrales del Juzgado, la Sala y del Tribunal Constitucional. La investigación dio como resultado que sí es posible un amparo contra una resolución judicial referida a una medida cautelar, en tanto sea firme en el proceso cautelar. Asimismo, criticamos la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo de parte del Tribunal Constitucional luego de dos decisiones sobre la improcedencia del proceso de amparo, pues trae como consecuencia que el Tribunal actúe como instancia única, afectando así el debido proceso y la pluralidad de instancia. / This paper analyzes the case N° 01209-2006-AA/TC which ruled on the admissibility of an amparo claim against a judicial decision which issued a preliminary injunction. This research seeks to unify the decisions in the constitutional processes with respect to three identified procedural problems: first, the admissibility of the amparo against a judicial resolution that orders a preliminary injunction; second, it is analyzed the viability of a decision on the merits by the Peruvian Constitutional Court in the face of the preliminary inadmissibility of the amparo claim in two instances. For this purpose, we used the deductive and descriptive methods, starting by analyzing the central arguments of the first-degree court, the Appeal Committee and the Constitutional Court. The result of the investigation is that it is possible to issue an amparo claim against a judicial decision referring to a preliminary injunction as long as it is final decision in the injunction procedure. Likewise, we criticize the Constitutional Court's decision on the merits of the case after two decisions on the inadmissibility of the amparo claim, because it has the consequence that that Court acts as the sole instance, thus affecting the due process of law and the plurality of instances.

El sistema de responsabilidad penal de adolescentes de nuestro país ha ido apostando por un modelo garantista y de corte restaurativo, adoptando con el paso de los años mecanismos para el cumplimiento de una protección integral y especializada para los y las adolescentes infractores. Sin embargo, esta intención ha adolecido sostenidamente de muchas deudas respecto de su implementación y concreción, siendo una de ellas la escasa rigurosidad en la justificación de los jueces al momento de imponer una medida socioeducativa en un contexto en donde el internamiento suele ser la más empleada. Partiendo de este de escenario, este informe analizará la sentencia recaída en el Exp. Nº 00804-2013-PHC/TC, un proceso de hábeas corpus en favor del adolescente N. Y. J. D. por la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones. Aunque el presente trabajo estará de acuerdo de manera general con la decisión final del Tribunal, pretende también dar más luces respecto del impacto del uso de los informes técnicos de los equipos multidisciplinarios en la motivación de las medidas adoptadas. Para ello, se realizó una investigación de carácter dogmático, recurriendo a la normativa, jurisprudencia y doctrina recurrente, así como también datos estadísticos contemporáneos al caso y su contraste con data más actual. Finalmente, es posible concluir que en nuestro sistema los procesos penal juveniles, particularmente, merecen más atención para su seguimiento de acuerdo a los parámetros internacionales en la materia, el cual exige tanto la especialidad de los jueces como de todos los funcionarios involucrados / The criminal responsibility system for adolescents in our country has been betting on a guarantee and restorative model, adopting over the years mechanisms to comply with comprehensive and specialized protection for adolescent offenders. However, this intention has consistently suffered from many debts regarding its implementation and concretion, one of them being the lack of rigor in the justification of the judges when imposing a socio-educational measure in a context where internment is usually the most used. Starting from this scenario, this report will analyze the sentence handed down in File No. 00804-2013-PHC/TC, a habeas corpus process in favor of the adolescent N.Y.J.D. for the violation of the right to due motivation of resolutions. Although this paper will be in general agreement with the Court's final decision, it also aims to shed more light on the impact of the use of the technical reports from the multidisciplinary teams on the motivation for the measures adopted. For this, a dogmatic investigation was carried out, resorting to the regulations, jurisprudence and relevant doctrine, as well as contemporary statistical data to the case and its contrast with more current data. Finally, it is possible to conclude that in our system juvenile criminal proceedings, particularly, deserve more attention for their follow-up according to international parameters on the matter, which requires both the specialty of the judges and of all the officials involved

El objetivo del presente trabajo es demostrar que la regla establecida por el Tribunal Constitucional en el precedente Vásquez Romero resulta adecuada para armonizar su rol de último garante de los derechos fundamentales y su rol de tribunal de casos. El análisis jurídico parte del hecho de que esta última función deriva en una sobrecarga procesal que, a su vez, dificulta la labor de brindar tutela de urgencia en las causas que realmente lo ameritan. Así, conforme a los criterios desarrollados por el profesor Marinoni para controlar la insuficiencia normativa para garantizar el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, se concluye que las causales de rechazo del RAC resultan idóneas para concentrar los recursos institucionales del Tribunal Constitucional y, a su vez, no desnaturalizan su rol de tribunal de casos, pues permiten descartar causas en que no medie necesidad de tutela de urgencia desde una dimensión subjetiva. Asimismo, en el presente trabajo se demuestra por qué las pretensiones planteadas por la señora Francisca Lilia Vásquez Romero deben ser desestimadas, tanto si se emite un pronunciamiento sobre el mérito como sobre su procedencia. Se trata de lo que se denomina un caso fácil, respecto al cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta armónica; aunque, pese a ello, se detectan algunas deficiencias argumentativas del Tribunal Constitucional al declarar infundadas ambas pretensiones

El presente Informe tiene por objeto analizar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el expediente N° 03066-2019-PA/TC, en el proceso seguido por las Comunidades Chila Chambilla y Chila Pucará, a través de la cual dicho órgano colegiado afirma que el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico peruano, y, en consecuencia, declara la improcedencia de la demanda. Para tal efecto, a fin de determinar si la decisión adoptada por dicho Tribunal vulnera el derecho a la consulta previa alegado, se analizará, por un lado, las causales de improcedencia de la demanda de amparo reguladas en el Código Procesal Constitucional, y, por otro lado, la correspondencia de la aplicación del derecho a la consulta previa para las Comunidades demandantes, ello, teniendo en cuenta tanto la norma constitucional, como los tratados, jurisprudencia y opiniones vinculantes de organismos internacionales, que son de observancia obligatoria para el Perú. Así pues, del análisis de las herramientas jurídicas antes señaladas, se demostrará que el caso abordado por el Tribunal Constitucional no se encontraba en ningún supuesto de improcedencia procesal, así como que el mismo debió ser declarado fundado, ya que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano, en concordancia con los estándares internacionales aplicables, el derecho a la consulta previa de las Comunidades demandantes debió ser garantizado / The purpose of this Report is to analyze the judgment of the Constitutional Court handed down on file N° 03066-2019-PA/TC, in the process followed by the Chila Chambilla and Chila Pucará Communities, through which said collegiate body affirms that the right to prior consultation is not a fundamental right in the Peruvian legal system, and, consequently, declares the claim inadmissible. For this purpose, in order to determine if the decision adopted by the Constitutional Court violates the alleged right to prior consultation, it will analyze, on the one hand, the grounds for inadmissibility of the amparo claim regulated in the Constitutional Procedure Code, and, on the other hand, the correspondence of the application of the right to prior consultation for the claimant Communities, taking into account both the constitutional norm, as well as the treaties, jurisprudence and binding opinions of international organizations, which are mandatory for Peru. Thus, from the analysis of the aforementioned legal tools, it will be demonstrated that the case addressed by the Constitutional Court was not in any case of procedural inadmissibility, as well as that it should have been declared wellfounded, since, according to the law In Peruvian law, in accordance with applicable international standards, the right to prior consultation of the claimant Communities should have been guaranteed

Pese a que el proceso de acción popular ha sido históricamente el primer instrumento constitucional de control normativo incorporado por nuestro constitucionalismo, han sido escasas las posibilidades de analizar cabalmente su funcionamiento en el sistema de control constitucional. Con razón, autores nacionales la han calificado como “la cenicienta de los procesos constitucionales” o como el proceso constitucional más “impopular”por su grado de conocimiento por la colectividad y la carencia de difusión de sus resoluciones. No les falta razón. Los trabajos de investigación respecto a este proceso son más bien escasos y fundamentalmente exegéticos normativos, sin haber podido examinar las tendencias jurisprudenciales seguidas por el Poder Judicial en su aplicación. En esta investigación nos proponemos tener como eje de análisis la jurisprudencia producida por el Poder Judicial desde el año 2000 a la fecha para poder a partir de ella identificar los principales elementos que la caracterizan y mostrar los principales factores para su definido perfil bajo en nuestro constitucionalismo.

En el presente informe se analiza como deben ser aplicados los intereses moratorios durante el trámite del proceso contencioso administrativo utilizando como base el derecho al plazo razonable y la finalidad de los intereses moratorios. De ese modo, inicialmente se abordarán los conceptos de derecho al plazo razonable e intereses moratorios tributarios al amparo de los diversos pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional. En concordancia con ello y teniendo en cuenta los conceptos desarrollados inicialmente se analizará la liquidación de intereses moratorios propuesta por el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 1975-2-2021. / This report analyzes how late payment interest should be applied during the administrative litigation process based on the right to reasonable time and the purpose of late payment interest. Thus, initially, the concepts of the right to reasonable time and tax interest in arrears will be addressed under the protection of the various pronouncements made by the Constitutional Court. In accordance with this and taking into account the concepts initially developed, the liquidation of delinquent interest proposed by the Tax Court in Resolution No. 1975-2-2021 will be analyzed.