Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde el primer momento en que las sociedades comenzaron a adoptar la heterocomposición (esto es, resolver un conflicto determinado entre dos partes, mediante la entrega de su decisión a un tercero independiente de los intereses de los primeros), como el mecanismo llamado a resolver los conflictos que a diario se presentan entre sus miembros, la principal preocupación fue, históricamente, la de determinar quién será la persona encargada de dictar la sentencia que corresponda. Aún antes de establecerse las normas aplicables al caso particular, lo que interesaba a las comunidades era designar a la persona del juez. El fenómeno de instituir leyes llamadas a regular las relaciones sociales es de data posterior. Es así como, a lo largo de la historia, las sociedades han utilizado distintos mecanismos para realizar esta labor. Como por ejemplo, antiguamente era el Rey la persona a quien correspondía dirimir los conflictos internos del reino, o a la persona que el mismo Rey designara para esta misión. Así también hubo sociedades en las que la facultad de imponer justicia podía comprarse. Naturalmente estos sistemas han quedado en el olvido y hoy en día, son los distintos ordenamientos jurídicos de los Estados los que regulan el procedimiento a seguir para la designación de las personas llamadas a ejercer la función jurisdiccional.