A la par del amplio reconocimiento de la sociedad a la tarea del Tribunal Constitucional, somos testigos, no desde poco tiempo, de los constantes cuestionamientos a su labor, que repercuten en el ataque a su autonomía incluso por parte de poderes del Estado como el Congreso de la República o el Poder Judicial. Esta falta de correspondencia, hace notar la necesidad de realizar una revisión sobre la naturaleza del Tribunal Constitucional y las condiciones que se deben garantizar atendiendo a sus altas funciones, las que indudablemente deben iniciar por el análisis del vigente sistema de elección de sus magistrados. Ciertamente, la elección de los magistrados no ha sido en la experiencia peruana un proceso armonioso con la trascendental labor que este órgano comporta para la institucionalidad de la supremacía constitucional. A ello, debe sumarse la situación actual de renovación de magistrados, que además de exceder todo período regular, viene siendo materia de un replanteamiento en cuanto al procedimiento. Sin embargo, aun cuando se han producido algunos cambios al procedimiento de la elección, persisten los problemas que no permiten una designación democrática y oportuna. No existen en la actualidad las condiciones necesarias para asegurar un Tribunal Constitucional conformado por magistrados dotados de plena independencia y autonomía acorde con sus prioritarias funciones. En tal sentido, la presente investigación desarrolla los principales aspectos teóricos que determinan que el modelo de control constitucional peruano tiene como órgano central al Tribunal Constitucional, cuyos integrantes determinarán la eficacia de los principios elementales del Estado Constitucional de Derecho: la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. De esto, se reconoce que para garantizar dicha posición prioritaria debe partirse por asegurar un adecuado sistema de elección, cuyo estudio comprende diversos aspectos: procedimiento legislativo, órgano encargado de la elección, número de miembros, período del mandato y requisitos vinculados con la especialización y la trayectoria democrática. Con base en la experiencia práctica, se analiza y se concluye que el actual sistema de elección de magistrados constitucionales en el Perú no es coherente con el desarrollo de un proceso imparcial y objetivo, situación que es lesiva del principio – derecho del debido proceso que debe ser garantizado en todos los niveles, tal como la propia jurisprudencia constitucional lo ha establecido. En efecto, de acuerdo con los antecedentes nacionales en materia de elección de miembros del Tribunal Constitucional, la Comisión Especializada del Congreso no tiene parámetros normativos definidos para desarrollar sus funciones, habiendo ejecutado hasta la fecha un trabajo informal, poco transparente y ampliamente subjetivo, desplazando a la evaluación curricular y la trayectoria personal a un plano no decisivo, generando además, maltratos y acciones contrarias a la buena fe de los candidatos, que en muchos casos son juristas de reconocido prestigio. Asimismo, el actual procedimiento de designación desarrollado en el Pleno del Congreso de la República es la expresión categórica de un sistema de privilegio de intereses partidarios, contrarios a las misiones constitucionales del alto tribunal. La investigación determina que el desorden y la falta de predictibilidad en la elección contribuyen a la persistencia de los conflictos entre el Tribunal Constitucional y diversos órganos públicos, afectando no solo su legitimidad sino, peor aún, la ineficacia de sus decisiones jurisdiccionales; situación que resulta ampliamente grave. En esa línea de ideas, presentamos una detallada revisión de los procesos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional regulados en otros sistemas jurídicos y el ambiente en el que se desarrollan, lo que permitirá entender las deficiencias de nuestro sistema de designación y las propuestas adecuadas de reforma. Finalmente, el trabajo pretende ser un aporte desde las líneas de investigación histórica y comparativa, a una discusión vigente y de vital importancia para el Estado de Derecho Constitucional: la correspondencia entre la jurisdicción constitucional y el principio del debido del proceso. Luego de estudiar y analizar las bases teóricas de la naturaleza del Tribunal Constitucional, la regulación y los antecedentes de los procesos de elección de magistrados constitucionales en nuestro país, así como revisar los modelos correspondientes del Derecho Comparado; se pudo concluir en una estimación real de la hipótesis planteada, cual es que el actual modelo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional peruano no es adecuado para garantizar un proceso imparcial. / Tocouple of the widespread recognition of the society the task of the Constitutional Court, we are witnesses, not since shortly after, the constant questions to his work, which have an impact in attacking their autonomy even by powers of the State as the Congress or the judiciary. This lack of correspondence, noted the need for a review on the nature of the Constitutional Court and the conditions that must be guaranteed according to its high functions, which should certainly start by the analysis of the current system of election of its judges. Certainly, the election of the judges has not been in the Peruvian experience a harmonious process with the momentous work of this body behaves for the institutionalization of constitutional supremacy. The current situation of renewal of magistrates, which also exceeded all regular period, has been subject of a re-think in terms of the procedure must be added thereto. However, toa when there have been some changes to the procedure of the election, problems that do not allow a democratic and timely designation persist. There are currently no conditions necessary to ensure a constitutional court composed of judges with full independence and autonomy in accordance with its priority functions. In this sense, this research develops the main theoretical aspects that determine the Peruvian constitutional control model has as a central body to the Constitutional Court, whose members will determine the effectiveness of the elementary principles of the constitutional state of law: the supremacy of the Constitution and the protection of fundamental rights. This, it is recognized that to ensure such priority position should start by ensuring an adequate system of choice, whose study covers various aspects: legislative procedure, the Agency in charge of the election, number of members, period of the mandate and requirements associated with the specialization and the democratic path. Based on practical experience, discussed and it is concluded that the current system of election of the constitutional judges in the Peru is not coherent with the development of a fair and objective process, situation which is harmful from the beginning - right of due process that must be guaranteed at all levels, such as own constitutional jurisprudence has established it. Indeed, in accordance with the national record of election of members of the Constitutional Court, the specialized Commission of Congress has normative parameters defined to develop their functions, having executed to date informal, non-transparent and widely subjective work displacing the curriculum evaluation and personal path to a plane not decisive, in addition, generating violence and actions contrary to the good faith of the candidateswhich in many cases are jurists of recognized prestige. Also, the current designation procedure developed in the plenary of the Congress of the Republic is the expression of the categorical system of privilege of interest supporters, contrary to the constitutional mission of the High Court. The investigation determines that the disorder and lack of predictability in the election contribute to the persistence of the conflict between the Constitutional Court and various public bodies, affecting not only its legitimacy but, worse still, the ineffectiveness of its jurisdictional decisions; situation that is widely serious. In that line of ideas, we present a detailed review of the process of election of judges of the Constitutional Court regulated in other legal systems and the environment in which develop, allowing you to understand the shortcomings of our system of designation and the appropriate reform proposals. Finally, the work is intended to be a contribution from research historical and comparative, to a current discussion and of vital importance to the rule of constitutional law: the correspondence between the constitutional jurisdiction and the principle of the due process. After studying and analyzing the theoretical basis of the nature of the Constitutional Court, the regulation and the background of the process of election of the constitutional judges in our country, as well as review the various models of comparative law; could be conclude in a real estimation of the hypothesis, which is that the current model of election of judges of the Peruvian Constitutional Court is not suitable to guarantee a impartial process.

Plantea una relación directa con la función de interpretación de la Constitución Política del Perú del año 1993 por el Tribunal Constitucional, la misma que debe ser en función de la razonabilidad; es decir, debe ser en forma complementaria y compatible con los puntos de organización y funciones de todos los órganos que son parte del Estado de Derecho; por lo tanto, planteo la siguiente hipótesis; la Interpretación que realiza el Tribunal Constitucional de los Derechos Fundamentales en los procesos de ratificación de jueces y fiscales, efectuada por el Consejo Nacional de la Magistratura, vulnera el debido proceso y crea inseguridad jurídica. Al respecto, es necesario tener presente que el Tribunal Constitucional del Perú interpretó que es factible la interposición y, posterior, declaración como fundada de una demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura en un proceso donde se discuten la ratificación de jueces y fiscales. Esto ocurrió o, viene ocurriendo, por diversas razones, como, por ejemplo, si el proceso y decisión de ratificación o no ratificación, se ejecutó sin que se respete el plazo regulado en la Constitución Política del Perú del año 1993, también si es que no se motivó debidamente la referida decisión, es decir, cuando no se respetó el debido proceso, la tutela judicial efectiva y otros derechos. En este sentido, y luego de realizar el estudio correspondiente de las sentencias expedidas y más difundidas por el Tribunal Constitucional en relación al proceso de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, se observa que la labor de interpretación realizada por el Tribunal Constitucional excede los límites de éste órgano autónomo en el marco de sus funciones; siendo lo apropiado la reforma de la actual Constitución Política del Perú del año 1993. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Se concentra en las insuficiencias que presenta la actual formación jurídica que recibe el aspirante al cargo judicial por parte de la institucionalidad estatal, en los fundados cuestionamientos sobre la idoneidad de los criterios y filtros que componen el proceso de selección para el ingreso a la función jurisdiccional; y, como dicha situación repercute en la actividad jurisdiccional. La presente investigación a partir de la articulación de enfoques conceptuales, de la legalidad comparada y la explicitación de la realidad formativa actual; busca descubrir y comprender como la lógica positivista que padece el sistema de formación y selección judicial afecta y desnaturaliza el elemento esencial para que una de las actividades estatales más determinantes en un Estado Constitucional de Derecho, como es la función jurisdiccional, alcance una calidad profesional como se exige en las sociedades actuales: la formación inicial profesional. / Tesis

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La crisis del Sistema de Justicia es una situación que atañe a la sociedad toda, en tanto es factible que todas las personas sean partícipes de procesos judiciales dirigidos a dilucidar conflictos de intereses o solucionar controversias jurídicas, más aun cuando las propias decisiones del Gobierno y los actos del Parlamento se encuentran sujetos a control jurisdiccional. Sin duda son múltiples y complejas las causas de esta crisis institucional y los distintos actores sociales han formulado una variedad de propuestas y líneas de acción para afrontarla. Particularmente, estimamos que uno de los factores más importantes a tomarse en cuenta es el relacionado a los recursos humanos del Poder Judicial, y en específico, a los jueces, los que como directores del proceso, expresan las decisiones a través de las cuales se resuelven los conflictos económicos y jurídicos sometidos a su jurisdicción. Es por ello, que la selección de Magistrados del Poder Judicial constituye una materia de fundamental importancia en todo planteamiento o esbozo de líneas de acción de reforma judicial. En atención a nuestra condición de Juez y la cercanía a la realidad judicial como producto de nuestro ejericicio profesional, estimamos que pueden introducirse sustanciales mejoras al actual sistema de selección de Magistrados del Poder Judicial. Por ello nos preguntamos inicialmente qué tipo de cambios en el actual sistema de selección de Magistrados del Poder Judicial son necesarios introducir de tal manera que se incremente significativamente la eficiencia y eficacia del Sistema de Justicia Peruano. La propuesta que nos permite absolver afirmativamente esta interrogante, es que el sistema puede mejorarse significativamente en tanto se implemente un modelo de reclutamiento y selección de Magistrados basado en el enfoque de competencias laborales y en su congruencia con los objetivos y valores institucionales del Poder Judicial. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde el primer momento en que las sociedades comenzaron a adoptar la heterocomposición (esto es, resolver un conflicto determinado entre dos partes, mediante la entrega de su decisión a un tercero independiente de los intereses de los primeros), como el mecanismo llamado a resolver los conflictos que a diario se presentan entre sus miembros, la principal preocupación fue, históricamente, la de determinar quién será la persona encargada de dictar la sentencia que corresponda. Aún antes de establecerse las normas aplicables al caso particular, lo que interesaba a las comunidades era designar a la persona del juez. El fenómeno de instituir leyes llamadas a regular las relaciones sociales es de data posterior. Es así como, a lo largo de la historia, las sociedades han utilizado distintos mecanismos para realizar esta labor. Como por ejemplo, antiguamente era el Rey la persona a quien correspondía dirimir los conflictos internos del reino, o a la persona que el mismo Rey designara para esta misión. Así también hubo sociedades en las que la facultad de imponer justicia podía comprarse. Naturalmente estos sistemas han quedado en el olvido y hoy en día, son los distintos ordenamientos jurídicos de los Estados los que regulan el procedimiento a seguir para la designación de las personas llamadas a ejercer la función jurisdiccional.