Este trabajo busca identificar el problema que impide la consecución de logros en términos de valor público y trabajar en una de sus causas: la desarticulación de los principales Sistemas Administrativos del Estado (SAE). Este estudio sirve para explicar cómo la teoría de la agencia ha sido usada, consciente o inconscientemente, en el diseño de los SAE, haciendo que actúen como sistemas de control en lugar de ser sistemas para la gestión orientados a generar valor público. Con esto se ha afectado también al propio sistema de control, que además supervisa el cumplimiento de las normas de los otros SAE, paralizando la gestión; y se ha atado de manos al gerente público que no maneja sistemas administrativos para obtener resultados, más bien se ve sometido al cumplimiento de una maraña de procedimientos implícitos en ellos. Los SAE no están al servicio de la implementación de políticas públicas; al contrario, para poder implementarse, las políticas públicas deben cumplir con todos los requisitos solicitados por los SAE. Este es un estudio innovador, no se basa en la forma en que los SAE llevan a cabo o regulan sus procesos y procedimientos al interior de cada uno. Analiza la gestión desde fuera de la caja, sin encorsetarse por las definiciones contenidas en las normas y propone utilizar la recientemente creada Unidad de Cumplimiento, en la Presidencia del Consejo de Ministros, como espacio para estudiar las formas de la implementar la articulación necesaria para que la gestión funcione (entre SAE) y el valor público sea generado. Es un trabajo exploratorio, no experimental, que desarrolla una propuesta conceptual. El objetivo del estudio no es llegar a recomendaciones operativas, sino brindar el marco de análisis suficiente para entender el problema, sus efectos y sus posibilidades de solución. No se agota en sus conclusiones, sino que pretende contribuir también al desarrollo de otras líneas de pensamiento.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente Estudio de Caso tiene por objetivo analizar la evolución del Cuerpo de Gerentes Públicos del Perú (CGP) como instrumento meritocrático y profesionalizador del segmento directivo del servicio civil peruano en distintos niveles de gobierno. Esto resulta necesario, ya que acaban de cumplirse más de seis años de su participación, impulsando y asesorando a entidades de la administración pública y por lo tanto el análisis de la experiencia puede contribuir a la mejora de la función pública. El estudio se efectuó bajo la adaptación del Marco Analítico para el Diagnóstico de Sistemas de Servicio Civil. El enfoque fue descriptivo y tuvo cuatro etapas: la primera, referida a la Información de Contexto , donde se identificó las características relevantes del contexto institucional, los antecedentes normativos, los actores centrales del Cuerpo y un recuento cuantitativo de su evolución. En la segunda etapa denominada Análisis de Subsistemas , se analizó y evaluó ocho subsistemas tales como: la planificación de recursos humanos, organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del rendimiento, gestión de la compensación, gestión del desarrollo, gestión de las relaciones humanas y sociales y por último la función de organización de los recursos humanos. Asimismo, en la tercera etapa analizamos la Tabla de Síntesis , instancia donde tomamos los índices de evaluación haciendo una inspección comparativa de la evolución. Finalmente, en la cuarta etapa llamada Síntesis del Estudio de Caso , se levantan las principales reflexiones que se expresan como las conclusiones y recomendaciones en base a lo obtenido en las etapas anteriores. Cabe destacar que estas etapas se acompañaron de una revisión de fuentes bibliográficas y normativas y del uso de herramientas tanto de análisis cualitativo como cuantitativo, además de inspección de registros y documentos, revisión de prensa, entrevistas, indicadores y la valorización de un panel de expertos. Se ha podido constatar así, que efectivamente el CGP, se ha consolidado tempranamente como el mejor instrumento del servicio civil, evidenciando con sus buenas prácticas el avance de los indicadores de calidad de servicio, gestión por resultados y el inicio de la profesionalización del segmento directivo en los niveles de gobierno. Esto es evidente por la puntuación otorgada en comparación al servicio civil. Pero si bien el CGP cumple efectivamente con estándares óptimos, el estudio también revela ciertas debilidades que podrían ser mejoradas en su traspaso a una escala global, tal como se prevé con la implementación de la nueva Ley de Servicio Civil. De esta manera, las variables involucradas demuestran que la experiencia peruana puede ser una interesante y estimulante fuente de aprendizaje para políticas respecto a directivos públicos y futuras investigaciones en la región.

Plantea que los factores que se relacionan con las renegociaciones de los contratos de asociaciones público privadas, son de naturaleza política, administrativa, legal y cognitiva. Es una investigación de tipo correlacional. / Tesis

En este trabajo de investigación se presenta una contribución intelectual en el marco de la lucha contra la corrupción, como prioridad de Estado, frente a los resultados de una encuesta realizada por el capítulo de Transparency International en el Perú, que indica que en este país seis de cada diez personas considera que los funcionarios públicos son corruptos o extremadamente corruptos; y a otros estudios de investigación que sostienen que una de las formas más perceptibles de la pequeña corrupción está vinculada a la atención de los ciudadanos y a los servicios que el Estado les brinda a estos, impactando negativamente en la economía doméstica de la ciudadanía.

Trabajo de suficiencia profesional / No hay duda de que la gestión pública es siempre cuestionada no sólo por denuncias de corrupción sino también por contar con recursos inadecuados que traen como consecuencia procesos y resultados no acordes a lo planificado. Es por ello imprescindible realizar un diagnóstico inicial que nos permite identificar deficiencias para luego poder diseñar las medidas correctivas adecuadas a la situación. Desde nuestra área tomando como objeto de estudio la Municipalidad Distrital de Tumán se realizó una evaluación de la gestión del área de tesorería para conocer la realidad de una entidad que sostiene los intereses de todo un distrito. Los resultados indican que las dificultades en el área mencionada son logísticas, informáticas, de capacitación y selección de personal; es decir problemas que requieren alternativas de solución. Como recomendación final, las municipalidades locales deben observar en la retroalimentación con sus colaboradores y con sus vecinos a la fuente más fidedigna para identificar tanto deficiencias como soluciones que contribuyan realmente al desarrollo de la localidad.

La actividad empresarial que realiza la administración pública a través de la celebración de contratos BOOT, parte de la actividad de fomento que realiza el Estado en el cumplimiento del modelo económico que rige actualmente la Constitución Política del Perú. Por esa razón es importante en primer lugar, estar sujeto a un adecuado procedimiento en la celebración de contratos BOOT, teniendo como eje central el interés público, toda vez que está en juego bienes de dominio público, que pasan a titularidad del inversionista privado. En segundo término, es pertinente mencionar, que al tiempo que se propone establecer un adecuado procedimiento para la celebración del contrato BOOT, se pretenderá dar una mejor imagen de nuestro sistema jurídico ante la inversión privada nacional o extranjera, desarrollando las principales formas de contratación de las cuales el Estado se vale para cumplir sus fines económicos. Finalmente, con un adecuado procedimiento que nos permita tener una negociación transparente, el Estado y el privado, se encontraran en igualdad de condiciones al momento de negociar y fijar intereses, obteniendo así un beneficio equitativo entre el interés público y el interés particular del inversionista.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión de personas y Dinámica Organizacional / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En Chile el Estado es uno de los órganos empleadores por excelencia, el Marco Legal que lo regula indica que la Administración del Estado se compone de Instituciones, entre las cuales destacan: Ministerios, Servicios Públicos, intendencias, gobernaciones, entre otros. Estas Instituciones se encuentran al “servicio de la persona humana; y su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país por lo que se encuentran sometidas en su acción a la Constitución y a las Leyes”(Ley 18.575, art 2)y dentro de las facultades que detentan se indica que sólo “Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico” (Ley 18.575, art 3). La misma Ley indica que los Funcionarios Públicos deberán observar una serie de Principios como : responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad, de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica, en conformidad con la Constitución Política y las Leyes. (Ley 18.575, art 3). Además de lo anterior, se establece que los Funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado, debiendo cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el Servicio y obedecer las órdenes que les imparta el superior jerárquico. (Ley 18.575, art 7). Entonces, “las condiciones del Empleo Público no se establecen en un contrato o por convenio colectivo, sino que se determinan minuciosamente por normas objetivas, Leyes y reglamentos que los poderes públicos pueden modificar unilateralmente, teniendo una relación estatutaria con el Estado y no contractual” (Sanchez Moron, 2013, pág. 18) Dado lo anterior, se podría concluir que la función pública, desde el punto de vista jurídico y práctico, queda casi en su totalidad regulada por el Derecho Administrativo, tanto en lo relativo a cómo debe ser su función, la política administrativa que debe someterse, y cuáles serán las normas que deben ceñirse respecto a la materia de su función. Sin embargo, si se analiza con detención lo mencionado se puede observar que el Funcionario Público no sólo se ve expuesto a cumplir con lo que establece la Ley en materia de Derecho Administrativo, sino que seguir y cumplir al menos tres componentes en su actuar que también lo componen. El Primero, el Marco Legal que lo rige ya sea mediante Leyes o procedimientos internos, que en adelante será mencionado como “Marco Legal”. Los Principios de la Administración del Estado, pero no solamente éstos, sino que también los Principios Morales e Institucionales definidos en los Valores y Creencias de la Cultura Organizacional o lo que se trae por crianza, en adelante los “Principios”. Y Finalmente, aquello que, como funcionario, entiende o Interpreta de su Rol. Es así como se esperaría que el Funcionario Público debiera ser una persona preparada y con conocimientos de estos tres focos fundamentales que establecen su deber dentro de su actuar. Lo anterior, podría generar reacciones tanto en el Funcionario como en el Estado. En el caso del Funcionario Público, como una constante autoevaluación que permitiera tomar conciencia de éstos y la importancia en su actuar. Y por parte del Estado, la necesidad de contar con Funcionarios preparados y con conocimientos del deber ser y con un Marco Legal actualizado, acorde a las necesidades de sus funcionarios, ya sea entregando las herramientas para ello o buscando a los Funcionarios más competentes. Dado lo anterior y acorde a la evolución que se ha tenido a nivel de gestión pública, se puede presumir que el Funcionario Público de hoy, debería entrar a trabajar con la totalidad del conocimiento adquirido entendiendo estos tres focos: el Marco Legal, Los Principios y su Rol. No obstante, este nuevo escenario no necesariamente se observa en la actualidad, puesto que existen contradicciones de cómo se interpretan los tres focos antes mencionados, los que se configuran como una Tensión entre el Marco Legal, Principios y lo que el Funcionario interpreta de rol. Este escenario se puede entender con los siguientes ejemplos: Frecuentes son las situaciones en las cuales Funcionarios Públicos, de cualquiera de sus estamentos, que siguiendo los Principios, como la eficiencia, y convencidos que el Marco legal los ampara, incurren en ilícitos con las consiguientes sanciones administrativas, civiles y penales, porque la interpretación de su rol sólo les permite focalizarse en los Principios, pero desconocen el Marco legal. Por otro lado, funcionarios que cumplen con el Marco Legal en forma estricta, apegándose a las normas burocráticamente establecidas, transgreden los Principios, como por ejemplo la orientación al cliente, porque esto sólo los lleva recibir sanciones sociales y evaluaciones peyorativas. En este proceso, la interpretación que hace el Funcionario Público de su rol afecta su actuar en relación de la aplicación de los Principios y el Marco Legal constituyéndose en una Tensión, lo que tendría consecuencias tanto en la persona como en la Institución, donde el cumplimiento del rol se torna difuso y fuera de lo que “debería ser”. Entonces, el desconocimiento en teoría o en aplicación de los preceptos de estos tres focos afectaría la validez de los actos y se convierten en un límite al ejercicio de la función pública. Ahora bien no sólo lo anterior es materia de análisis, sino que además investigar como esta Tensión se podría lentamente transformar en un tipo de Sufrimiento Institucional. Kaës, afirma que el vínculo que une a los sujetos con las organizaciones tiene un carácter institucional, y que son precisamente estos vínculos –y no los sujetos considerados aisladamente– los que pueden sufrir en un contexto laboral (Cuevas, M. & Guerra, R., 2010, pág. 25). En este sentido, la Tensión implicaría no preocuparse por la tarea primaria lo que hace potenciar el sufrimiento al interior de las Instituciones, sobretodo porque en este caso las personas pueden sentirse frustradas de no poder ejercer su tarea principal ya sea porque la Ley no se lo permite y el principio propugna que si o al revés. Desde mi rol como Jefatura de Personal de la Subsecretaría de Salud Pública (SSP) soy testigo de las dificultades que experimentan los funcionarios del Estado a partir de esta Tensión. Es así como esta Secretaría de Estado se constituye en un espacio en el cual se puede visualizar la Tensión aquí planteada y analizar sus efectos en los Funcionarios Públicos. Ante lo expuesto, el objetivo general y específico de este proyecto son: Objetivo General:  Analizar la Tensión que experimentarían los funcionarios Subsecretaría de Salud Pública derivada entre el Marco Legal, los Principios y la interpretación que hace el funcionario de su rol, sus antecedentes como sus efectos. Objetivos Específicos:  Reconocer los orígenes que poseería la Tensión entre el Marco Legal, los Principios y la interpretación que hace el funcionario de su rol en la Subsecretaria de Salud Publica dadas las dinámicas relacionales.  Identificar la experiencia subjetiva que vivenciaría el funcionario en la Subsecretaria de Salud Pública al enfrentar la Tensión entre el Marco Legal, los Principios y la interpretación que hace el funcionario de su rol.  Sugerir los efectos que tendría la Tensión entre el Marco Legal, los Principios y la interpretación que hace el funcionario de su rol en el Sufrimiento Institucional. Este proyecto de título, permitirá analizar los Principios y la aplicación del Marco Legal en el contexto de la función pública, para reconocer la Tensión entre la rigidez del Marco Legal, los Principios antes mencionados y la interpretación que los funcionarios hacen de su rol. Para ello, una vez presentadas las condiciones que enfrentan los Funcionarios Públicos, se analiza el caso de la Subsecretaría de Salud Pública por medio de su historia y de la experiencia de los funcionarios respecto de esta Tensión, así como algunos casos que ha tenido que abordar la Oficina de Personal como unidad administrativa y yo misma como profesional en mi rol como Jefa de esta unidad. Esbozado lo anterior, debo afirmar que la relevancia de este proyecto es dar a conocer y tomar conciencia de una situación que está sucediendo en el ámbito de la Administración del Estado. La solución del problema que genera la Tensión aquí planteada, es mucho más compleja y no es posible de proponerse sólo a partir de un análisis de las experiencias respecto de ella y sus efectos, ésta es una tarea que quedará pendiente, pero que sólo se puede iniciar al reconocer la complejidad del escenario en que se origina y desarrolla esta Tensión. Para lograr una solución factible, debería existir una discusión que involucre tanto al poder ejecutivo como el legislativo, que permita replantear la forma de gestionar el Estado, junto con la creación de una Ley que respalde este cambio, situación que es difícil de obtener en esta temática y que por lo mismo se cree de difícil solución. En este sentido, este proyecto se propone entonces, aportar al desarrollo del conocimiento y que ante una futura Reforma Legal o de Modernización de la Gestión Pública sean considerados estos puntos, de manera de poder solucionar este problema de fondo, o al menos generar una investigación que permita el cuestionamiento acerca de la materia

La tecnología, como herramienta, ha establecido un nuevo entorno en la esfera económica, social, cultural, política y por ende dentro de las administraciones públicas, a nivel del orbe. Nos encontrarnos inmersos en la llamada sociedad de la información y del conocimiento. Esta nueva sociedad plantea nuevos retos y usos que contribuyen con la construcción de estados que ponen en el centro de sus decisiones a los ciudadanos / Tesis

El presente artículo pretende realizar un desarrollo del derecho al debido procedimiento como presupuesto para el ejercicio de la potestad reglamentaria.Con el nuevo enfoque de funcionamiento de la administración pública, conocido como buen gobierno y concretizado en el derecho a la buena administración, se busca un buen funcionamiento de la Administración Pública en todos sus ámbitos. En ese sentido el derecho al debido procedimiento sirve como garantía para obtener un buen funcionamiento de la Administración Pública, a través del derecho a la motivación. Dicho derecho implica que la medida implementada (reglamento) sea racional, lo cual conlleva a que como parte de ese procedimiento, previamente se realice una exposición de motivos, dentro de los cuales se implemente como herramienta al análisis del impacto regulatorio. Dicho análisis servirá para equilibrar las posibles cargas y beneficios que puedan surgir con la creación de un reglamento, obteniendo con ello, reglamentos de calidad. Para demostrar los errores provocados por la falta de motivación y la falta del uso del análisis del impacto regulatorio presentaré como ejemplo dos casos concretos, el caso de la Acción Popular presentada en contra el art. 2.2 del Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE, y el caso de la Acción de Amparo presentada en contra del art. 2 del Decreto Supremo 158-2007-EF. / Trabajo académico

No hay duda de que la gestión pública es siempre cuestionada no sólo por denuncias de corrupción sino también por contar con recursos inadecuados que traen como consecuencia procesos y resultados no acordes a lo planificado. Es por ello imprescindible realizar un diagnóstico inicial que nos permite identificar deficiencias para luego poder diseñar las medidas correctivas adecuadas a la situación. Desde nuestra área tomando como objeto de estudio la Municipalidad Distrital de Tumán se realizó una evaluación de la gestión del área de tesorería para conocer la realidad de una entidad que sostiene los intereses de todo un distrito. Los resultados indican que las dificultades en el área mencionada son logísticas, informáticas, de capacitación y selección de personal; es decir problemas que requieren alternativas de solución. Como recomendación final, las municipalidades locales deben observar en la retroalimentación con sus colaboradores y con sus vecinos a la fuente más fidedigna para identificar tanto deficiencias como soluciones que contribuyan realmente al desarrollo de la localidad. / Tesis