En este trabajo de investigación se presenta una contribución intelectual en el marco de la lucha contra la corrupción, como prioridad de Estado, frente a los resultados de una encuesta realizada por el capítulo de Transparency International en el Perú, que indica que en este país seis de cada diez personas considera que los funcionarios públicos son corruptos o extremadamente corruptos; y a otros estudios de investigación que sostienen que una de las formas más perceptibles de la pequeña corrupción está vinculada a la atención de los ciudadanos y a los servicios que el Estado les brinda a estos, impactando negativamente en la economía doméstica de la ciudadanía.

En el artículo 400° del Código Penal peruano aparece la regulación del tráfico de influencias en sus dos modalidades: real y simulado. Ambos supuestos están descritos en el mismo párrafo y reciben el mismo tratamiento (consecuencia), tanto en la modalidad básica (primer párrafo) como en los casos agravados en razón del agente, cuando el autor es un funcionario o servidor público (segundo párrafo), es decir, el legislador peruano da un tratamiento equivalente, en cuanto a la pena, al tráfico real y simulado, tanto en la modalidad básica como en la agravada. Este punto es el que da origen a la presente investigación. Al respecto, en dogmática se discute la relevancia penal del tráfico de influencias simulado, considerando que el agente no llega a tener contacto ni relación con el funcionario o servidor público que va a interceder en el procedimiento o proceso, por lo que la controversia reside en si se afecta el correcto funcionamiento de la Administración pública, su prestigio, el patrimonio individual del sujeto que se aprovecha de la influencia simulada o si no existe ningún bien que merezca tutela penal dado que el tráfico no es real (“venta de humo”). Entonces ¿cuál es el bien jurídico protegido en el delito de tráfico de influencias simulado en el Perú? Este estudio aporta criterios para (re)definir el bien jurídico protegido (el prestigio de la Administración pública) y, a partir de esa (re)definición, delimitar cuándo dicho prestigio es afectado con la invocación de las influencias simuladas. Por otro lado, nos ocupamos de diferenciar el tráfico de influencias real del simulado, a partir de nuestra toma de postura sobre el bien jurídico protegido y, sobre esa base, planteamos una reevaluación de las consecuencias punitivas, a partir del principio de proporcionalidad

La Apelación N° 12-2019 de la Sala Permanente de la Corte Suprema es el proceso por el cual, el ex juez superior Luis Alberto Vásquez Silva, fue sentenciado por el delito de tráfico de influencias en su modalidad agravada. En la sentencia, la Sala profundiza en la prueba indiciaria sobre ofrecimiento de influencias; por lo cual, en el presente informe jurídico analizaremos la resolución con el objetivo de conocer cuáles son los lineamientos para la valoración de la prueba indiciaria como elemento generador de convicción en dicho delito. En razón a ello, en primer lugar, describimos el tipo penal del delito de tráfico de influencias para; posteriormente, encontrar su vinculación con la prueba indiciaria y explicar su importancia, sus límites frente al principio de presunción de inocencia y el principio de debida motivación, y sus requisitos de validez para; en tercer lugar, con lo desarrollado en las dos primeras secciones, evaluaremos la postura de la Corte respecto a los alcances y la valoración de la prueba indiciaria en el ofrecimiento de influencias en el caso concreto como medio para otorgar credibilidad y desvirtuar la inocencia del imputado, mediante el análisis de los indicios recopilados y fundamentados por la Sala como parte del razonamiento para su decisión

El delito de tráfico de influencias se encuentra previsto en el artículo 400º del Código Penal peruano. Se trata de un delito complejo ya que describe una serie de conductas para su configuración, lo cual ha llevado a diferentes interpretaciones de cada uno de sus elementos. Así pues, por ejemplo, se cuestiona cuál sería el bien jurídico penalmente protegido por este delito o la modalidad de influencias simuladas. Siendo ello así, la presente tesis se propone plantear una postura que permita dotar de ciertas herramientas para una interpretación del delito de tráfico de influencias desde la óptica de lucha contra la corrupción en el Perú. La tesis inicia explicando los antecedentes históricos, fuentes legislativas y modificaciones al tipo penal de tráfico de influencias. Luego de ello, se revisan las principales posiciones planteadas sobre el bien jurídico protegido por este delito. Al identificarse ciertas críticas a cada una de estas posturas, se responde por qué es indispensable sancionar el tráfico de influencias tomando en cuenta cómo se desarrolla en la cotidianeidad. De esta manera, entenderemos que el tráfico de influencias forma parte de las dinámicas de redes de intereses que configuran un sistema paralelo de Administración Pública. Desde esta lógica, se puede plantear una postura sobre el bien jurídico, que estaría asociado con la protección del proceso de toma de decisiones de la Administración Pública. Así también, nos va a permitir proponer algunas líneas de interpretación para la modalidad de influencias reales, simuladas y de cada uno de los elementos que componen el delito de tráfico de influencias.