Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el capitulo primero de este trabajo, veremos el concepto del delito de Cohecho, su ubicación en el Código Penal y las clasificaciones de las nuevas figuras del delito, según su ordenación. Y finalmente la relación entre cohecho y corrupción. El capitulo segundo trata del bien jurídico protegido por el delito de cohecho en la actual regulación, que es el respeto al principio de probidad administrativa y se trata también cual era el bien jurídico protegido en la regulación anterior a la reforma. En el capitulo tercero; analizaremos, cuáles son los elementos objetivos del tipo penal, como se configura la conducta punible. A través de sus distintos verbos rectores. En el capitulo cuarto; revisaremos la naturaleza del delito, materia que ha cambiado radicalmente con la reforma y es de suma importancia, por su relación con la consumación y posibilidad de las formas imperfectas de ejecución del delito. En el capitulo quinto, se analizan los elementos subjetivos del tipo penal revisando , a saber, el dolo, el error ,el ánimo de lucro, la admisibilidad de conductas culposas,y también la situación de infracción a los deberes del cargo. En el capitulo sexto, estudiaremos el iter criminis, las posibilidades de formas imperfectas de ejecución, la consumación, en la antigua y nueva regulación del delito de cohecho. El capitulo séptimo trata, del autor del delito de cohecho pasivo y cohecho activo o soborno y las otras formas de participación. En el capitulo octavo, revisaremos las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. 10 Finalmente en el capitulo noveno veremos las relaciones concúrsales, y el delito de cohecho relacionado con otros delitos especialmente, aquellos que constituyen una figura agravada del cohecho.

En este trabajo de investigación se presenta una contribución intelectual en el marco de la lucha contra la corrupción, como prioridad de Estado, frente a los resultados de una encuesta realizada por el capítulo de Transparency International en el Perú, que indica que en este país seis de cada diez personas considera que los funcionarios públicos son corruptos o extremadamente corruptos; y a otros estudios de investigación que sostienen que una de las formas más perceptibles de la pequeña corrupción está vinculada a la atención de los ciudadanos y a los servicios que el Estado les brinda a estos, impactando negativamente en la economía doméstica de la ciudadanía.

Para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N˚184 -2008-EF, realizan procesos de selección que dependerán del objeto de la contratación y la cuantía. Como resultado del proceso de selección, la entidad otorga la buena pro a un proveedor del Estado, con quien corresponderá formalizar una relación contractual, ya sea a través de la suscripción de un contrato o de la recepción de una orden de compra o de servicio, no siendo posible esta última alternativa para los casos de obras. La formalización de la relación contractual o perfeccionamiento del contrato genera un conjunto de obligaciones para las partes, las mismas que deben ser cumplidas con la finalidad de conservar el equilibrio económico del contrato. Sin embargo, cuando las entidades públicas contratan para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, existen acciones u omisiones que podrían generar el enriquecimiento sin causa a su favor, con el consecuente empobrecimiento del proveedor / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los boletines 10.155-07 y 10.739-07 introdujeron a tramitación en el Congreso dos proyectos de ley que buscan incluir el delito de corrupción privada en el Código Penal chileno. A raíz de estas iniciativas, el presente trabajo pretende plantear la necesidad de reflexionar en torno a elección de la vía penal como herramienta para enfrentar un asunto de alta connotación pública y complejidad como es la corrupción privada, haciendo especial énfasis en la falta de un estudio acabado de las limitaciones y desventajas que ello puede traer aparejado. Para ello se aborda, en primer lugar, el contexto en que las iniciativas legislativas surgieron y sus propuestas concretas. A continuación, se exponen sucintamente los principales modelos y respuestas adoptadas por otros países en relación a la punibilidad de esta figura, con miras a adquirir una visión crítica y anticipar las consecuencias prácticas que podría tener en nuestro país el seguir alguno de ellos. Finalmente, se presentan distintos aspectos que hacen cuestionable la propuesta de persecución penal de la corrupción privada y las críticas específicas que pueden plantearse a los proyectos de ley referidos a ella.

La propuesta del presente trabajo de investigación, que ha constituido un reto, podría aplicarse a todos los gobiernos locales, en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y sancionar el soborno de manera eficaz en el proceso de otorgar licencia de funcionamiento, lo que es clave para el establecimiento de un sistema que construya una cultura de integridad respaldada por mecanismos de rendición de cuentas como lo plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La presente investigación trata sobre criterios para la aplicación de la prueba indiciaria en el delito de cohecho pasivo impropio. Debido a que en el Derecho Penal, la prueba es un elemento esencial para poder determinar la comisión de un hecho delictivo. Por ello, es importante el estudio de las pruebas por indicios, debido a que una correcta valoración, traería consigo un pronunciamiento válido, siempre y cuando se encuentre basado en criterios razonables y con sustento sólido para un pronunciamiento eficaz. En consecuencia, la valoración de la prueba indiciaria en el proceso penal, traería consigo la sanción e inhabilitación a malos funcionarios públicos en el campo penal, provocando una privación de las funciones que ostenta, ya que con la inhabilitación el funcionario se encontraría impedido de realizar funciones que ejercía, a la vez, la prueba indiciaria es de suma importancia, ya que gracias a ella, se puede obtener la veracidad de un acto delictivo; por lo que en la actualidad existen muchos casos, sobre todo en el delito de cohecho pasivo impropio en el que es dificultoso conseguir una prueba directa, por lo tanto, es donde los indicios cumplen un rol muy importante para comprobar la verdad; en conclusión, lo que se pretende es establecer criterios de interpretación del operador jurídico para que se aplique a través de un acuerdo plenario o exista un pronunciamiento de la corte suprema respecto a este tema.

La presente investigación versa sobre la problemática respecto a la imputación del extraño en un delito especial, de infracción de deber y conexo. El Perú ha optado por asumir la tesis que plantea la unidad del título de imputación, en ese sentido corresponde punir la conducta del particular en calidad de cómplice del delito que se le impute al sujeto cualificado, empero aquello que llama la atención es el trabajo del legislador al tipificar las conductas de los sujetos en el delito de cohecho, pues prevé tipos penales autónomos que le otorgan el estatus de autor tanto al intraneus como al extraneus. En virtud de ello, resulta necesario analizar la técnica legislativa mediante la cual de manera individual el legislador pune la conducta de los sujetos, dicha técnica encuentra sus bases en la correspondencia delictual existente entre ambos tipos de cohecho (activo y pasivo), correspondencia que deriva de un escenario donde la regla es la conexidad. Ahora, la conexidad supone el uso de técnicas legislativas de correspondencia, las que en el delito de cohecho siguen la dinámica: cohechante y cohechado, aforismos que permiten evidenciar la vinculación entre los citados delitos y que a su vez marcan la pauta para determinar el tipo de injusto que le es atribuido a cada agente criminal. No obstante, el legislador ha inadvertido las reglas de la conexidad al reprimir solo la conducta del sujeto público, en el tipo penal de cohecho pasivo propio subsecuente, y no positivizar supuesto de hecho que corresponde a dicha modalidad delictual en el cohecho activo genérico, generando impunidad en ese extremo.

Actualmente se viene sancionado la conducta del solicitante por el delito de tráfico de influencias en calidad de instigador, por cuanto es quien determina y refuerza la conducta del traficante para interceder ante el funcionario o servidor público; tal y como lo señala el Acuerdo Plenario 03-2015/116-CIJ; no obstante, la conducta del mismo no se adecua a las exigencias de la figura de la instigación, generando un debate a nivel doctrinario, dado que algunos autores consideran al comprador de influencias como cómplice y también como víctima de dicho ilícito penal. Siendo así y en aras de generar seguridad jurídica, debe incorporarse en el Código Penal, el artículo 400°-A, el cual sancione la conducta del comprador de influencias en un tipo penal independiente, con la finalidad de generar seguridad jurídica y evitar interpretaciones erradas.

En este trabajo se analizan las propuestas de dirección y producción para la realización del cortometraje “El giro”, dirigido por Santiago Bazo. El mencionado proyecto se origina a partir de la experiencia propia de uno de los integrantes del grupo. Desde este punto, se desarrollan las temáticas que inspiraron el guion, donde se resalta la corrupción, la “criollada” y el juego de poder. A través del cortometraje, se busca reflejar uno de los tipos de corrupción más comunes en el país, el cual incluye a las esferas policiales y se manifiesta mediante la “coima” en el sistema de transporte. La historia gira en torno a la corrupción en dos niveles, abarcando el sistema policial y al ciudadano de a pie. Además, en el presente trabajo de investigación se detalla el proceso de creación, desde las referencias audiovisuales hasta las propuestas de realización de cada área involucrada. La estructura para la narración del cortometraje se plantea en dos momentos: los policías mantienen el poder y el status quo - el estudiante voltea el rol del poder y busca sacar provecho de ello. Por tanto, el lenguaje audiovisual se apega a ello, sin la intención de empatizar con ninguno de los personajes, presentando los escenarios y alejándose poco a poco, de acorde a la revelación de la corrupción. Con esto, el espectador podrá ser capaz de desarrollar una mirada crítica y reflexiva, respecto a la acción de los personajes en relación al poder y la corrupción tanto a nivel personal como social. / This paper analyzes the direction and production proposals for the making of the short film "El giro", directed by Santiago Bazo. The aforementioned project originates from the own experience of one of the members of the group. From this point, the themes that inspired the script are developed, where corruption, the "creole" and the power game are highlighted. Through the short film, it seeks to reflect one of the most common types of corruption in the country, which includes the police spheres and is manifested through "bribery" in the transportation system. The story revolves around corruption on two levels, encompassing the police system and the ordinary citizen. In addition, in this research paper the creation process is detailed, from the audiovisual references to the proposals for the realization of each area involved. The structure for the narration of the short film arises in two moments: the police maintaining power and the status quo - the student turns the roles of power around and seeks to take advantage of it. Therefore, the audiovisual language sticks to it, without the intention of empathizing with any of the characters, presenting the scenarios and moving away little by little, according to the revelation of corruption. With this, the viewer will be able to develop a critical and reflective look, regarding the action of the characters in relation to power and corruption, both on a personal and social level.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Vivimos en un mundo globalizado. Las relaciones comerciales traspasan las fronteras e incrementan su número día a día. Por esta razón, los organismos públicos de todas las naciones han debido intervenir, en mayor o menor medida, en los procesos comerciales, con el objeto de disminuir los riesgos propios derivados estas relaciones –entre tales riesgos encontramos conductas que pueden ser sancionadas según el Derecho Penal-. A través de las nuevas tecnologías y el avance de la comunicación, los particulares realizan transacciones internacionales casi instantáneamente, y en virtud de ello, la participación de organismos públicos en las mismas ya sea como partes o bien en ejercicio de sus facultades de fiscalización, aparece masivamente como parte de un fenómeno de modernización del desarrollo económico mundial.