Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Vivimos en un mundo globalizado. Las relaciones comerciales traspasan las fronteras e incrementan su número día a día. Por esta razón, los organismos públicos de todas las naciones han debido intervenir, en mayor o menor medida, en los procesos comerciales, con el objeto de disminuir los riesgos propios derivados estas relaciones –entre tales riesgos encontramos conductas que pueden ser sancionadas según el Derecho Penal-. A través de las nuevas tecnologías y el avance de la comunicación, los particulares realizan transacciones internacionales casi instantáneamente, y en virtud de ello, la participación de organismos públicos en las mismas ya sea como partes o bien en ejercicio de sus facultades de fiscalización, aparece masivamente como parte de un fenómeno de modernización del desarrollo económico mundial.

Tesis (magíster en derecho, mención derecho penal de los negocios y la empresa) / Siendo el cohecho una de las manifestaciones más importantes de la corrupción, esta tesis tiene por propósito principal analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la perspectiva de las figuras penales previstas en el artículo 250 y 251 bis del Código Penal, identificando y determinando, los tipos penales y las sanciones en que incurrirán las personas jurídicas cuando hayan cometido estos delitos conforme a las disposiciones de la Ley 20.393 sobre Responsabilidad de las personas jurídicas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto determinar la subsunción de una acción determinada, constitutiva eventualmente del delito de cohecho, respecto de aquellos funcionarios a los cuales se les ha atribuido una potestad discrecional. Determinar dicho alcance reviste mayor interés para el caso de cohecho agravado, puesto que el tipo penal exige que el funcionario público haya infringido un deber propio de su cargo, situación que se dificulta aún más cuando el funcionario detenta facultades discrecionales, pues cada decisión que concrete se encontrará amparada íntegramente por nuestro ordenamiento jurídico, de tal modo que difícilmente infringirá un deber propio de su cargo. Por tanto, el objetivo principal es esclarecer el análisis dogmático que orienta la determinación de si en un caso concreto, el intraneus infringió efectivamente algún deber propio de su cargo, ello considerando particularmente las normas que regulan y coadyuvan el proceso en virtud del cual el funcionario público toma una decisión relevante. Se analizará en este marco la figura básica de cohecho y la determinación sobre posibles dificultades dogmáticas en la aplicación de este delito a aquellos funcionarios públicos que detenten facultades discrecionales en el desempeño de sus funciones. Luego, el análisis se centrará en la figura agravada de cohecho, de igual modo, la respectiva aplicación de este tipo penal al ejercicio de facultades de carácter discrecional con las que cuentan determinados funcionarios de la Administración Pública.

Durante los últimos años los Estados vienen incentivando la participación del sector privado como agente colaborador en la lucha contra el soborno. En ese contexto, varios países han aceptado la premisa de que las personas jurídicas pueden ser objeto de responsabilidad penal por los delitos de soborno que cometan las personas naturales relacionadas a ella. Así, nuestro país se ha sumado a esta tendencia al aprobar la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa1 de las personas jurídicas; la misma que ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835, los cuales amplían los delitos por los que pueden ser sancionadas, entre ellos, el soborno. Por otro lado, son las empresas del sector construcción quienes observan con especial atención las implicancias de esta reforma, debido a que, dadas las características de sus actividades están expuestas al riesgo del soborno en mayor medida. Así también, esta regulación ha previsto la implementación de un modelo de prevención al interior de la empresa, como circunstancia atenuante o eximente de responsabilidad ante la comisión de un delito. En el presente trabajo de investigación se identifican los factores esenciales que deben tomar en cuenta las empresas constructoras, durante la elaboración del plan de administración del riesgo del soborno, como elemento principal del modelo de prevención; entendiéndose por estos factores, al proceso de selección del personal, las relaciones con socios comerciales, el registro de gastos en proveedores, las políticas de beneficios a terceros y las políticas de agentes intermediarios en la empresa / Trabajo de investigación

La presente investigación asumió el fin de analizar si la obligatoriedad de una certificación de un modelo de prevención de riesgos en las empresas del sector de construcción que aspiren contratar con el Estado peruano, contribuye a mitigar la corrupción en el país. Para ello, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura académica y jurídica, donde se abordó detalladamente la normativa vigente sobre responsabilidad administrativa, contrataciones estatales y cumplimiento normativo, así como casos relevantes vinculados a la corrupción en el sector y su tratamiento legal en otros países. Asimismo, se identificaron los requisitos y procedimientos para contar con dicha certificación en modelos de prevención de riesgos, así como el estándar internacional, ISO 37001- Sistema de Gestión Antisoborno. Tras los hallazgos, se concluye que, la certificación obligatoria en modelos de prevención de riesgos puede significar un avance considerable para reducir la corrupción en el Perú. Sin embargo, es relevante entender que su éxito dependerá de decisiones gubernamentales y el compromiso de las partes interesadas para garantizar un cumplimiento efectivo con supervisión adecuada y evaluación de los resultados a fin de determinar su efectividad y tomar decisiones informadas que contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo. El estudio destaca su aporte al conocimiento sobre corrupción y cumplimiento normativo en el sector peruano, así como su relevancia para otros contextos nacionales e internacionales enfrentando desafíos similares en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad empresarial.

Para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N˚184 -2008-EF, realizan procesos de selección que dependerán del objeto de la contratación y la cuantía. Como resultado del proceso de selección, la entidad otorga la buena pro a un proveedor del Estado, con quien corresponderá formalizar una relación contractual, ya sea a través de la suscripción de un contrato o de la recepción de una orden de compra o de servicio, no siendo posible esta última alternativa para los casos de obras. La formalización de la relación contractual o perfeccionamiento del contrato genera un conjunto de obligaciones para las partes, las mismas que deben ser cumplidas con la finalidad de conservar el equilibrio económico del contrato. Sin embargo, cuando las entidades públicas contratan para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, existen acciones u omisiones que podrían generar el enriquecimiento sin causa a su favor, con el consecuente empobrecimiento del proveedor

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene por objeto brindar un acercamiento al concepto de paraíso fiscal para estudiarlo como elemento determinante en el marco de la relación tributaria. Asimismo, busca profundizar en el fenómeno de la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Utilidades, que ha sido reconocido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico como uno de enormes proporciones e íntimamente relacionado con la utilización abusiva de paraísos fiscales. En este escenario, se analizarán las medidas adoptadas para hacer frente a dichas conductas, en primer lugar, a través de una revisión general de los instrumentos y criterios que se han empleado a nivel internacional, y en segundo lugar, a través del análisis en particular del tratamiento legislativo chileno, concluyendo con una crítica constructiva de la situación actual que implica, a grandes rasgos, la necesidad de implementación de políticas más estrictas y agresivas en contra del abuso de los regímenes preferenciales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Para la Obtención del grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas / Una rápida lectura de cómo se manifiesta el Estado moderno en Chile, nos proporciona la conclusión de que se han incorporado diferentes agentes que colaboran con la función pública y que dichos agentes se encuentran interconectados. De esta diversidad y multiplicidad de vínculos se obtiene que la función pública tiene hoy más que nunca límites difusos con el sector privado. Ya quedó obsoleta una visión piramidal de la estructura del Estado, para dar paso a modernas teorías que visualizan más bien una red de influencia recíproca, donde operan entidades de diversos ámbitos, con diferentes intereses y tamaños, nacionales e internacionales. En un contexto de corrupción del Estado y específicamente en relación a la participación en el delito de Cohecho que pueda involucrar al sector público, se hace necesario encontrar una definición de función pública y de agentes de la Administración pública, que resulte aplicable a todos aquellos agentes del Estado y colaboradores que por su falta de probidad puedan afectar el correcto funcionamiento de la Administración, así como también identificar las figuras contractuales y plataformas donde actualmente es posible ver la forma como se está vinculando el Estado con los particulares, en qué modo el Estado chileno previene la corrupción y un análisis de la legislación que regula el cohecho y la penalización de las personas jurídicas dados los vínculos, relaciones y canales de comunicación que actualmente se dan entre la ciudadanía y la Administración 8 Pública. En el presente trabajo se precisa analizar la legislación que penaliza a las personas jurídicas por el delito de cohecho y encontrar contextos, regulaciones y procedimientos y luego tratar de llegar a áreas problemáticas, por ejemplo, en cuanto a la interacción de las personas jurídicas con el Estado o en cuanto a las circunstancias bajo las cuales la ciudadanía organizada puede desempeñar la función pública. Si se entiende que las personas jurídicas forman parte de la Administración Pública en un sentido puramente funcional, es decir, porque las actividades que realicen satisfacen las necesidades y servicios que un sector u organismo del Estado está llamado a otorgar a los ciudadanos, podemos incluir a una gran cantidad de agentes que en forma permanente o esporádica, pagados con fondos públicos o no y que además, no necesariamente se rigen directamente por la LOC de Bases de la Administración del Estado. La falta de probidad de agentes “funcionales” pero no “formales”, en algunos casos pudiera afectar la correcta prestación del servicio, pero no podría imputárseles necesariamente un incumplimiento a la Ley o pretender de ellos una responsabilidad mayor a la específica actividad comercial, laboral o incluso voluntaria que desempeña. Sin embargo, es una definición funcional de empleado público la que otorga el artículo 260 del Código Penal (CP), aplicable a todas las personas imputadas por delitos funcionarios del Título V del Libro II del CP, incluyendo el Cohecho. En su aplicación pueden darse un sin fin de situaciones donde se hace necesario 9 analizar los contratos que las personas jurídicas firman antes de desempeñar una función pública. Por otro lado, tampoco resultaría aplicable una definición meramente formalista de agente de la Administración Pública en el escenario actual, en el sentido de que solamente aquellas personas, jurídicas o naturales que forman parte de un escalafón funcionario dentro de la estructura de un organismo del Estado, nombradas con las formalidades y por la autoridad que señala la ley, ejercerían la función pública, ya que tampoco parece realista dadas las figuras actuales de participación del sector privado en la función pública como la tercerización, subcontratación, proyectos con fondos del Estado, concursos y licitaciones y otras ampliamente extendidas en el escenario actual. Por lo tanto, esta tesis analiza las reformas en el ámbito de la penalización de las personas jurídicas y pone acento en uno de los delitos por los cuales actualmente son sancionables las personas jurídicas en Chile, como es el Cohecho y cómo son sancionables las personas jurídicas que participen de dicho delito. Junto con esta problemática respecto a la real participación del sector privado como agentes de la función pública, existe otra, en relación a abordar el problema dogmático que debió enfrentar el legislador penal al hacer imputables por el delito de Cohecho y otros delitos a las personas jurídicas por virtud de la Ley 20.393. Hay ciertos temas que tienen relación con lo anterior, como por ejemplo, si las personas jurídicas deben o no resultar beneficiadas por la comisión del delito y 10 cómo deben cumplir con el deber de supervisión y administración como una de las condiciones de inimputabilidad. En el análisis son relevantes dos tratados internacionales anticorrupción ratificados por Chile. Resulta interesante reflexionar respecto al objetivo principal de dichos tratados, que es la lucha contra la corrupción, y cómo en Chile se ha modificado la legislación para dar cumplimiento a los tratados. Los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile que buscan combatir la corrupción y que dieron al legislador chileno un mandato para que modifique las normas referidas al delito de Cohecho y a la imputabilidad de las personas jurídicas, son principalmente dos: la Convención Interamericana de Derechos Humanos contra la corrupción de 1996 y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 2003, cada uno de los cuales tiene su propia definición de función pública que coincide con la definición del CP chileno y señalan directrices y procedimientos que los países miembro deberían implementar para combatir la corrupción. Junto con la búsqueda de una coherencia legislativa para cumplir con el mandato de los tratados interacionales mencionados, en el ámbito de la Administración Pública en Chile desde hace años se presenta un esfuerzo por digitalizar los procedimientos y organismos estatales y también por transparentar la información pública. Dos importantes leyes que se relacionan con este esfuerzo son, por ejemplo, la Ley de Transparencia de 2008 y la nueva Ley del Lobby de 2014, que se analizarán también como anexos en esta tesis junto con la Ley 11 20.500 relacionada con la protección de la probidad y la participación ciudadana. También resultan importantes los actuales procesos de compra y licitaciones, así como el espacio que el particular sistema chileno da a los "proyectos con fondos del Estado”, lo que también pudiera tener importancia con la investigación del delito de Cohecho y con las personas jurídicas que participan de estos procesos. Por lo tanto, en el presente trabajo interesa el análisis del tipo Cohecho y legislación y reformas relacionadas con este delito, la reforma que hizo imputables a las personas jurídicas respecto de dicho delito, también el análisis del especial sistema de organización del Estado chileno, para lo cual me apoyaré en las páginas web oficiales de los diferentes organismos del Estado, además de la legislación y los tratados internacionales anticorrupción mencionados que han inspirado las reformas.

El presente trabajo aborda el análisis del soborno transnacional como fenómeno corruptor que altera las reglas de juego del comercio internacional, y no solo las que rigen la interacción entre los agentes económicos particulares (empresas) que intervienen en una transacción económica internacional, que ven afectada su participación en condiciones de libre competencia. También afecta inclusive las relaciones entre los Estados, en la medida que alguno de estos, pudiera carecer de un marco normativo sobre la materia o tener una deficiente regulación interna del soborno transnacional, y con ello conceder una ventaja indebida a sus empresas, perjudicando a aquellas cuyos Estados, si regulan adecuadamente este fenómeno corruptor. De esta manera, el primer capítulo aborda la regulación nacional del Soborno Transnacional, describiendo su marco teórico, principales características, definición a nivel doctrinario y en los instrumentos internacionales que lo regulan, así como sus elementos constitutivos. En este punto, se plantea una reflexión sobre el bien jurídico protegido, considerando la correcta actuación de la función pública y lealtad en el comercio internacional. Asimismo, se examina algunos casos concretos, de la forma cómo se regula el soborno trasnacional en algunos países, como en el caso de la experiencia pionera los Estados Unidos de América y el tratamiento de temas específicos de su competencia en la aplicación de la Foreing Corrupt Practice Act - FCPA, así como la legislación de los países que son miembros de la Alianza del Pacífico. El segundo capítulo se revisa la regulación del soborno transnacional en los principales tratados internacionales anticorrupción, que recogen el consenso internacional existente entre las naciones para asegurarse una correcta actuación de los partícipes en un negocio internacional, con reglas de juego claras, concretas y previamente definidas. Para ello, se tiene en cuenta, la existencia de mecanismos para su adecuado control y represión, así como los destinados a la cooperación contemplados en los principales convenios internacionales vigentes. Para este propósito, la presente investigación parte del tratamiento y análisis comparativo de algunos aspectos centrales para la compresión y regulación del soborno transnacional, tales como: los principales elementos que lo constituyen, el régimen de sanciones contemplado para dichos casos, los mecanismos y condiciones para la asistencia jurídica recíproca entre estados, así como las medidas complementarias o preventivas un combate efectivo al soborno transnacional. A partir de este análisis comparativo se podrán advertir los avances alcanzados en la legislación nacional e internacional al regular, reprimir y sancionar el soborno trasnacional; para su mejor un aporte a la adecuada regulación en el Perú, además de identificar y perfeccionar los mecanismos de cooperación internacional. El tercer capítulo revisa estado actual de la regulación de la figura del soborno transnacional en el Perú, teniendo en cuenta la obligación de cumplir con los compromisos contraídos por el país al suscribir los tratados internacionales anticorrupción y el seguimiento de los mecanismos que aseguran su cumplimiento. Con este propósito, se revisa su incorporación a los mecanismos de cooperación, regionales e internacionales que forman parte de estos tratados, y que permitan examinar el marco normativo vigente, incidiendo en la regulación del Cohecho activo transnacional y Soborno internacional pasivo, así como también en la responsabilidad administrativa que corresponde a las personas jurídicas por la comisión del delito de cohecho activo transnacional.