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Desde que nació en 1804, Haití tuvo pocos momentos de estabilidad política, y su historia está marcada por una sucesión de regímenes autoritarios y por protestas sociales recurrentes. Hoy día, más de 200 años después de su independencia, este país es conocido por su violencia política y la pobreza de su población, que diariamente, se proyectan en los medios de comunicaciones a través del mundo. También se proyecta la imagen de un país incapaz de asegurar el orden dentro de su frontera, puesto que, dos veces en el espacio de diez años, se desarrollaron dos intervenciones de las Naciones Unidas para asegurar la paz entre facciones políticas y sociales. Pero, al igual que la mayoría de los países de la región, Haití inició una transición democrática en los ochenta, en particular en 1986, cuando el dictador Jean Claude Duvalier dejo el poder. Desde este momento sin embargo y hasta 2004, el país entró en un círculo de crisis políticas marcadas por golpes de Estado, crisis electoral y de gobierno, por lo que se consideró que era un Estado ingobernable. Este trabajo trata de explicar por qué Haití tuvo esta trayectoria de la gobernabilidad durante su transición. La discusión teórica realizada sobre el tema, llevó a plantear que el nivel de gobernabilidad depende dos grandes variables: la capacidad de los actores estratégicos para hacer consenso en torno a los grandes desafíos que plantea la transición y, la capacidad del Estado para responder a las demandas de la sociedad. Distintos niveles de consenso y de capacidad, pueden llevar a una amplia gama de condiciones de la gobernabilidad, de las cuales es posible desprender cuatro grandes categorías: condiciones favorables, difíciles, frágiles y hostiles. Aplicado al caso de Haití, hemos encontrado que el país hizo frente a unas condiciones hostiles para la gobernabilidad a lo largo de la transición. Estas condiciones son producto, por una parte, de la falta de consenso que se ha logrado entre los actores estratégicos en torno a los tres grandes desafíos que planteaban la transición: elaborar una nueva constitución que definen las reglas del juego político capaces de facilitar los acuerdos y así reducir los históricos conflictos políticos y sociales, realizar elecciones que permitirían poner de pie las primeras instituciones democráticas y lograr acuerdos para gobernar; y por otra parte, de la poca capacidad del Estado para responder a las demandas de la sociedad debido principalmente a sus limitaciones económicas y administrativas. Este panorama deja poco espacio para unas perspectivas prometedoras. Pese a que, desde 2004, los actores han manifestado una mejor disposición para dialogar, y que se ha logrado algunos avances en el fortalecimiento de la capacidad del Estado, las limitaciones estructurales como la corrupción, la debilidad de institución electorales y la fragilidad de la estabilidad del gobierno y del parlamento persisten. En este contexto, la implementación de reformas que permiten fortalecer las instituciones políticas y la administración pública se vuelven . 3 imperativas. Finalmente, a pesar de que la calidad de las políticas públicas se encuentra generalmente afectada por la gobernabilidad, constituyen una herramienta que pueden permitir al gobierno mejorar su desempeño y reducir sus debilidades. Desde este punto de vista, las políticas públicas pueden ser claves en la nueva experiencia que inició Haití con las elecciones de 2006.

El desarrollo económico y social de un país está relacionado con el crecimiento de la producción de bienes y servicios que permite a su población generar condiciones para alcanzar un mejor bienestar. Una de las formas en que los gobiernos promueven el desarrollo es ocupándose del fortalecimiento y competitividad de los complejos productivos que generan tales bienes y servicios. En materia de desarrollo, se reconoce la existencia de dinámicas regionales que tienden a generar desequilibrios a nivel territorial, los cuales se ven agravados por las diferentes dotaciones iniciales de recursos de que disponen las regiones, esta situación determina la existencia de políticas públicas que permiten un desarrollo más equilibrado y no concentrado geográficamente. El presente estudio de caso tiene por objetivo conocer la condición de los actores implicados en el desarrollo del turismo en la Región de La Araucanía, específicamente en lo relacionado con las acciones de fomento productivo que realizan, a partir del surgimiento de un marco nacional general de Política de Desarrollo Productivo Regional que, durante la segunda mitad de los años 90, inició un proceso de relevamiento de los aspectos territoriales del desarrollo productivo y que cada región debía adecuar a sus realidades y prioridades. Mediante un enfoque principalmente descriptivo, que comprendió la revisión de fuentes secundarias y la realización de entrevistas semi-estructuradas a actores claves involucrados en la aplicación del instrumental de fomento y la implementación de los lineamientos relacionados con la Política de Desarrollo Productivo Regional en el sector turismo de la Región de La Araucanía. Las preguntas que guiaron la investigación están referidas a identificar las estrategias que, a nivel regional, emplearon las agencias públicas de fomento para mejorar específicamente el desempeño del turismo; y cuáles eran los grados de asociatividad al interior de este sector, ello bajo el supuesto de una adecuación de la Política de Desarrollo Productivo a las características de la Región de La Araucanía. Entre los resultados arrojados en el estudio se verifica una notoria desarticulación entre los agentes públicos implicados en el desarrollo del sector; una negativa imagen sobre el sector empresarial de parte de las órganos de fomento; la falta de una visión de largo plazo; así como una variada aplicación de instrumentos de fomento sobre el sector sin ajustar estos a sus complejidades y especificidades propias. Se concluye que el órgano público especializado en el sector turismo, es percibido como un ente carente de recursos para coordinar acciones entre los sectores público y privado. A partir de lo anterior, se hacen recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de los liderazgos locales privados y públicos, la adopción de un rol más protagónico por parte de los municipios; y la promoción de foros de conversación a nivel subregional o local (Destino) como espacios naturales de diálogo en el caso del turismo.

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