Los contratos públicos han sido objeto de recientes reformas legales que han contribuido a consolidar que el hecho de que la administración pública, para satisfacer el interés general, realice la actividad administrativa con sujeción a la ler y al Derecho, y así ejerza las potestades atribuidas en el ordemaniento jurídico, lo que supone que en unos casos pueda actuar con aplicación preponderante del Derecho privado, con independencia del objeto de contrato (obras, bienes o servicios) y que este se encuentre en soporte físico, de papel o en soporte electrónico, digital.