El hacinamiento en las cárceles del Perú no es un tema actual, es una realidad latente que involucra amenazas y vulneraciones de derechos humanos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno y amparado por tratados internacionales. Las estadísticas sobre el índice de hacinamiento en el Perú obedecen no solo a causas de infraestructura, falta de establecimientos penitenciarios, falta de instalaciones sanitarias o las pésimas condiciones de vida al interior de las cárceles; sino también, al llamado populismo punitivo. El caso materia de análisis parte de una demanda de amparo interpuesta por un señor que se ve obligado a pernoctar en el suelo por casi 4 años, tiempo en que lleva cumpliendo condena. Razón por la cual exige atención médica especializada; a pesar de sus antecedentes de enfermedades respiratorias como bronquitis y tuberculosis, y el aviso al que pone a las autoridades del Establecimiento Penitenciario Varones de Tacna – Pocollay sobre su enfermedad, no se le brinda atención oportuna ni cambian las condiciones en que vive. Así, mediante un recurso de constitucionalidad el señor solicitó que se le brinde un tratamiento médico y que se disponga que deje de dormir en el suelo, debido a que las condiciones en que estaba cumpliendo la pena no eran acordes a las garantías de sus derechos fundamentales. En la presente sentencia, el Tribunal Constitucional evidencia la situación, de la que ya muchos somos conscientes desde hace años, la problemática del hacinamiento en los penales del país. Pues ello repercute en el menoscabo de los derechos fundamentales de los internos tales como: el derecho a la libertad, la salud, la integridad, la vida, entre otros. Así como también demuestra la falta del deber del Estado de la garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad, conforme a nuestro ordenamiento constitucional e internacional.