El trabajo reconocido como tal en un contexto de libertad trae consigo efectos positivos para el trabajador, tales como una capacitación cada vez más técnica y de forma permanente, la continua formalización dentro de cada rubro, garantía de condiciones de trabajo mínimas en las instalaciones de la empresa, entre otros beneficios que la relación laboral protege. El presente trabajo tiene como objetivo principal sustentar la necesidad de una legislación que proteja derechos mínimos de personas que ofrecen su trabajo a un empleador que hoy en día se encuentra difuminado. La investigación efectuada plasma el desarrollo legislativo que cada país con un régimen especial ha vivido, puesto que el trabajo no sólo genera efectos positivos en el interno, sino que también fortalece la seguridad de los internos al alejarlos de situaciones de violencia entre ellos mismos. / Trabajo académico

El trabajo reconocido como tal en un contexto de libertad trae consigo efectos positivos para el trabajador, tales como una capacitación cada vez más técnica y de forma permanente, la continua formalización dentro de cada rubro, garantía de condiciones de trabajo mínimas en las instalaciones de la empresa, entre otros beneficios que la relación laboral protege. El presente trabajo tiene como objetivo principal sustentar la necesidad de una legislación que proteja derechos mínimos de personas que ofrecen su trabajo a un empleador que hoy en día se encuentra difuminado. La investigación efectuada plasma el desarrollo legislativo que cada país con un régimen especial ha vivido, puesto que el trabajo no sólo genera efectos positivos en el interno, sino que también fortalece la seguridad de los internos al alejarlos de situaciones de violencia entre ellos mismos.

El hacinamiento en las cárceles del Perú no es un tema actual, es una realidad latente que involucra amenazas y vulneraciones de derechos humanos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno y amparado por tratados internacionales. Las estadísticas sobre el índice de hacinamiento en el Perú obedecen no solo a causas de infraestructura, falta de establecimientos penitenciarios, falta de instalaciones sanitarias o las pésimas condiciones de vida al interior de las cárceles; sino también, al llamado populismo punitivo. El caso materia de análisis parte de una demanda de amparo interpuesta por un señor que se ve obligado a pernoctar en el suelo por casi 4 años, tiempo en que lleva cumpliendo condena. Razón por la cual exige atención médica especializada; a pesar de sus antecedentes de enfermedades respiratorias como bronquitis y tuberculosis, y el aviso al que pone a las autoridades del Establecimiento Penitenciario Varones de Tacna – Pocollay sobre su enfermedad, no se le brinda atención oportuna ni cambian las condiciones en que vive. Así, mediante un recurso de constitucionalidad el señor solicitó que se le brinde un tratamiento médico y que se disponga que deje de dormir en el suelo, debido a que las condiciones en que estaba cumpliendo la pena no eran acordes a las garantías de sus derechos fundamentales. En la presente sentencia, el Tribunal Constitucional evidencia la situación, de la que ya muchos somos conscientes desde hace años, la problemática del hacinamiento en los penales del país. Pues ello repercute en el menoscabo de los derechos fundamentales de los internos tales como: el derecho a la libertad, la salud, la integridad, la vida, entre otros. Así como también demuestra la falta del deber del Estado de la garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad, conforme a nuestro ordenamiento constitucional e internacional.

El presente artículo cuenta con mi experiencia en asuntos penitenciarios en Colombia y Perú. Es una reflexión sobre los beneficios de la reincorporación del Juez de Ejecución Penal (JEP) en el sistema penitenciario del Perú. Se expondrá que los procedimientos en los establecimientos penitenciarios (EP) peruanos registran mayor complejidad al estar a manos del Juez de la Investigación preparatoria, pronunciamiento del Ministerio público y de la administración la potestad decisora. Estas circunstancias influyen negativamente en los programas de rehabilitación, reeducación y reinserción social.