La sociedad en busca de seguridad frente al crimen, así como la estigmación social, ha invertido el fundamento del derecho a la presunción de inocencia. En la actualidad muchas veces el investigado y el acusado son quienes deben de probar su inocencia, vulnerándose así también su derecho al silencio. Es decir, la carga de la prueba se ha invertido, lo cual es contrario a los enunciados constitucionales. Por otro lado, es el imputado quien tendrá únicamente la carga de la argumentación de la duda razonable, es decir, la sustentación de que existe otra hipótesis razonable en su defensa que explique los hechos del caso. Por último, señala el autor que, la solución no es rebajar el estándar de prueba, criterio decisor para condenar, sino mejorar los mecanismos de investigación de los delitos y otorgar mayores recursos a los órganos de investigación.