Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Un completo y acabado estudio de todos los aspectos vinculados a la verdad escapa ampliamente al objeto de una memoria de pregrado, ya que su investigación a nivel de postgrado resultaría demasiado extensa y compleja. Estamos consciente de lo ambicioso que resultaría emprender una tarea de tal índole, pues examinar la verdad conlleva analizar cuestiones tan discutidas y poco resueltas como qué rol le compete al Derecho en la sociedad, qué es la justicia, cuál es el papel del proceso, cuáles son las finalidades de la pena, y un largo de otros temas que sin duda son muy relevantes en la materia, pero se encuentran fuera del alcance real de tratamiento de la presente tesis. Sin embargo, no debemos olvidar como se pronuncia Luigi Ferrajoli, en su conocida obra “Derecho y Razón”, que la cuestión de la verdad es seguramente el problema central y a la vez el más difícil de la teoría del proceso penal. Entonces, consciente de la importancia y a su vez de la complejidad que envuelve el estudio de la verdad, el presente trabajo se abocará a efectuar un análisis de la averiguación de la verdad, circunscribiéndola específicamente, al fin que juega en el proceso penal chileno.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / Nuestra jurisprudencia, para los casos de intervención plural en los delitos de robo con violencia o intimidación, está aplicando mayoritariamente la agravante del art. 456 bis N° 3 del Código Penal, de una manera numérica pero sin mayores precisiones técnicas o dogmáticas que lo justifiquen. En dicho análisis, la calidad de autor de que se trate –más allá del número- resulta relevante pues debe materializar un efectivo aumento del injusto penal, particularmente en los casos de autoría material o directa, relevando otras formas de participación. Apartándonos del punto de vista dominante en la doctrina y en la jurisprudencia nacional, concluimos que la mencionada circunstancia debería ser aplicada en muy pocos casos y, por el contrario, debiera exigirse además un aumento adicional del injusto penal materializado en un efectivo atentado al bien jurídico por la concurrencia plural que respete, por cierto, el ne bis in idem. Palabras claves: pluralidad de malhechores; prohibición de doble valoración; incremento del injusto penal; plus adicional; efectivo atentado al bien jurídico

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El año 2009 la Defensoría Penal Pública inicia un programa piloto en la región de Coquimbo, para la defensa de condenados privados de libertad. Este programa se implementa con el objeto de defender y hacer solicitudes ante las autoridades administrativas y judiciales respecto de los condenados privados de libertad, así como darles asesoría personalizada y charlas informativas sobre sus derechos y obligaciones como condenados. El programa se materializa a través de defensores y trabajadores sociales seleccionados por un proceso de licitaciones públicas en todos los recintos penales de la región. Este programa actualmente funciona en tres regiones y se encuentra en proceso de expansión. El presente estudio de caso tiene como objeto central rediseñar aspectos del programa a partir del análisis del diseño original y del funcionamiento actual del mismo, utilizando la metodología de marco lógico. La pregunta de investigación busca revisar si este programa contribuye a fortalecer el acceso a la justicia de las personas condenadas privadas de libertad. El estudio se desarrolló a través de la realización y posterior análisis de entrevistas a los actores claves del programa provenientes de la Defensoría Penal Pública y de Gendarmería de Chile. La visión de ambas instituciones resulta fundamental en la detección de los problemas y aciertos en la implementación del programa a fin de poder proponer algunos cambios y mejoras. Asimismo, se realizó un taller con condenados y se analizaron entrevistas de percepción de usuarios en las tres regiones en funcionamiento, con el propósito de poder contar con la percepción de los beneficiarios de este programa. El análisis de las entrevistas, arrojó la necesidad de fortalecer el acceso a la información y a la protección de derechos de los condenados, así como la exigencia de contar con instrumentos legales que permitan reducir la discrecionalidad e informalidad de Gendarmería, mejorando la información y asesoría que se entrega a los condenados por los defensores penitenciarios. La metodología de marco lógico utilizada originalmente para elaborar este programa fue revisada y complementada con la información extraída de las entrevistas y del taller de condenados, permitiendo construir una matriz completa que permita hacer seguimiento al propósito y a los distintos componentes del programa en las siguientes etapas de su implementación, así como revisar las regiones que se encuentran en funcionamiento actualmente. El análisis de la información recopilada y extraída, permite realizar una serie de recomendaciones a la implementación del programa de defensa penitenciaria, en relación a diversos aspectos detectados como deficientes, donde la necesidad de contar con una coordinación permanente entre las instituciones involucradas resulta fundamental para el éxito del mismo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo de memoria pretendemos describir someramente algunas de las repercusiones de la expansión del derecho penal en el procedimiento penal. El objetivo que nos proponemos es poder realizar un análisis global sobre las consecuencias que la expansión del derecho penal ha tenido en el derecho procesal penal. No esperamos que dicho análisis sea completamente exhaustivo y acabado en atención a que las aspiraciones que pueden llegar a tener un trabajo de investigación de esta naturaleza no pueden ser tan ambiciosas. Sin embargo sí pretendemos lograr hacer una revisión de los ámbitos de afectación más relevantes, y profundizar en ellos. Nuestra hipótesis de trabajo es que la vinculación necesaria que existe entre el derecho penal y el derecho procesal penal implica que todos los cambios que se han generado en el primero, y que han sido bastamente estudiados por la doctrina penalista en el desarrollo de la discusión sobre la expansión, deben haber implicado consecuencias no menores en el ámbito del derecho procesal penal. Ambas disciplinas de estudio son independientes, sin embargo trabajan sobre un mismo fenómeno y por lo tanto los cambios que se van desarrollando en una disciplina deben tener necesariamente consecuencias en la otra. Ese antecedente implica que las consecuencias en el plano del derecho procesal existen y que por lo tanto sólo es necesario identificarlas y clasificarlas de modo de poder distinguirlas con más claridad. La metodología de trabajo que utilizaremos se basa en el estudio y análisis de los trabajos científicos de aquellos autores que han escrito sobre la expansión del derecho penal tanto desde la disciplina penal como desde el derecho procesal. Con posterioridad intentaremos clasificar las consecuencias que dichos autores identifican en algunos ámbitos de afectación especialmente sensibles para el derecho procesal. Nos detendremos en cada uno de estos ámbitos de afectación para explicarlos y buscaremos en cada uno al menos un ejemplo de nuestra legislación procesal nacional que pueda ilustrar correctamente el ámbito de afectación desarrollado en los capítulos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El texto que se presenta a continuación corresponde a la memoria de prueba con la que pretendo optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de Universidad de Chile, y lleva por título “Curso de leyes especiales para carabineros alumnos de la escuela de formación policial de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro y los grupos de formación de Carabineros de Chile”. El texto tiene por objeto el sistematizar y desarrollar de forma breve, clara y práctica ocho normativas de carácter especial que son de vital importancia para la labor de los funcionarios de Carabineros de Chile. Para determinar los contenidos se ha utilizado íntegramente el plan de estudios de la Escuela de Formación de Carabineros de Chile, para los carabineros alumnos que cursan su primer año de estudios en el área legal reglamentaria a lo largo de todo el país en la ESFOCAR y en los respectivos Grupos de Formación. La metodología de trabajo es la conjugación de tres elementos metodológicos: La exposición breve y simple de los conceptos involucrados en una norma determinada. La presentación de un documento de apoyo, de una cita en doctrina, de un extracto de la discusión parlamentaria, u otro apoyo que permita la mejor comprensión del alumno de la materia y los requerimientos de aprendizaje. La explicación del procedimiento policial aplicable a un caso hipotético. El texto se divide en un total de ocho capítulos correspondiente a las ocho leyes especiales que la ESFOCAR ha definido en el programa del curso de leyes especiales vigente para el año académico 2009, cuales son: la ley N ° 16.618 sobre menores; la ley N ° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente; la ley N ° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar; la ley N ° 18.290 de Tránsito; la ley N ° 19.925 de Alcoholes; la ley N ° 20.000 que sanciona el tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la ley N ° 17.798 sobre control de armas y explosivos, y la ley N ° 19.327 de violencia en estadios de fútbol profesional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Cada una de las normas que componen nuestro ordenamiento jurídico han sido dictadas para cumplir con una determinada misión, cual es la de regular una determinada realidad histórica. Así, resulta evidente que debido a diversos factores sociales, económicos, políticos y culturales, muchas de esas normas van perdiendo su vigencia en el tiempo o se hacen insuficientes para contemplar las cada día más complejas circunstancias que rodean a una sociedad que va desarrollándose progresivamente a través del tiempo. Como un claro ejemplo de lo anterior, encontramos a la institución de la libertad provisional, la cual ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de su historia, tanto en su tratamiento legal como constitucional. El presente trabajo pretende estudiar la evolución que ha experimentado este instituto desde un punto de vista legislativo. Sin embargo, no sólo se pretende dar a conocer las diversas normas que han ido reglando la libertad provisional, sino que, a partir de un relato cronológico de las leyes relativas a la materia, se intentará analizar los fundamentos y antecedentes que ha tenido a la vista el legislador para optar por la creación de una determinada norma. De esta manera, el estudio será realizado a la luz de la normativa legal y constitucional, de la historia de la ley, de la doctrina surgida en torno a la libertad provisional en determinadas épocas y de todos aquellos documentos que permitan comprender de manera más cabal el sentido de su inclusión dentro de nuestro sistema legal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Precisamente, aspiramos –modestamente- ha ser un aporte en ese sentido con esta investigación, contribuyendo a entender esta nueva lógica y estructura a través del estudio de esta materia fundamental en la reforma procesal, que son las salidas alternativas, tema desconocido y que será de gran relevancia en un futuro cercano, pues tal como se aprecia en un estudio estadístico que realizamos y que incluímos en el presente trabajo, éstas se aplican en aproximadamente un 80% de las causas ingresadas a los tribunales de garantía.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tuvieron que pasar muchos años para modificar un sistema inquisitivo en materia procesal penal, pero este cambio claramente se ve marcado por la insatisfacción de la sociedad por un sistema de enjuiciamiento, que era lento, engorroso y que no contemplaba una adecuada regulación de la protección a las víctimas, como la de los derechos y garantías del imputado. Quizás, como decía el Mensaje de nuestro Código Procesal Penal, llegó el tiempo de dotar a nuestro país de un sistema de enjuiciamiento penal, mas acorde con nuestros tiempos, que sea eficaz en la persecución penal, y que garantice el respeto de los derechos y garantías constitucionales. En ese marco tenemos a un nuevo sistema procesal penal que contempla esas garantías, pero es importante rescatar que este sistema también busca en la persecución penal el uso eficiente de los recursos económicos, humanos y técnicos. Es en este ámbito que nuestro proceso penal incluye distintas formas de solución, pero principalmente el uso de los recursos están destinados a perseguir la criminalidad más lesiva, entendiendo por aquellos a los delitos que comprometan con mayor seriedad el interés público. Nuestro sistema procesal penal es inminentemente selectivo, y tal como se señala en el Mensaje del Código de Procedimiento Penal de 1894, nuestro actual Código Procesal Penal señala en su Mensaje “como ocurre en los sectores del Estado, los recursos para la persecución penal son inevitablemente escasos y, por este motivo, no toda forma de conducta desviada puede ser reprimida”. Con este propósito se han establecido diferentes métodos de salidas alternativas para la solución de un conflicto penal, como también se han contemplado diferentes métodos para evitar investigaciones que no conduzcan a una solución eficaz. En este sentido y aplicando métodos de selectividad, el Ministerio Público se encuentra facultado para suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de una investigación, concretando esa pluralidad de soluciones que puede ofrecer el sistema procesal penal, siendo la principal y de mayor uso práctico en la actualidad, el archivo provisional, el cual analizaremos para determinar su importancia, efectos y alcances en el desarrollo de la actual reforma procesal penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo, se presentan los procedimientos abreviado y simplificado, como los más grandes exponentes, de celeridad y eficacia, respecto de aquellos delitos que el legislador considera de poca connotación pública. Dichas salidas alternativas, pueden entrar en conflicto con aquellos principios establecidos en la Constitución, como el derecho a un juicio oral, previo y único, derecho de defensa y a la presunción de inocencia; sin embargo, las políticas criminales impulsadas por el Ministerio Público, obvían la cautela de dichos derechos en pro de la rapidez y eficacia de dichos mecanismos, produciéndose un desmedro en las garantías constitucionales de los intervinientes. Asimismo se analiza la conformidad del acusado, como supuesto base, para que dichos procedimientos tengan subsistencia, y va a depender de las características que ésta presente, para determinar la naturaleza que se le confiera y la extensión que aborden. Pero por distintas que sean las características en uno u otro procedimiento, en ninguno de ellos la conformidad abarca la responsabilidad civil. La política de persecución criminal implementada en nuestro país en los últimos años, busca devolver la confianza a la ciudadanía sobre el sistema de justicia penal, persuadiendo a los delincuentes sobre la base de una certeza en la aplicación de sus penas, que en palabras del Marqués de Beccaria se resume en: “no es la dureza de las penas lo que hace desistir al ciudadano de delinquir, sino la certeza y prontitud de su aplicación.”

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo tiene por objeto el demostrar que el cambio de sistema de enjuiciamiento penal no fue antojadizo, sino que fue fruto de un proceso de cambio en la sociedad nacional de gran complejidad cuyo origen probable fue el fenómeno de la globalización y del reconocimiento internacional de los tratados de derech humanos. Esto debido a que al ponerse fin a las fronteras culturales y sociales de los distintos Estados, se obligó a las naciones a crear, particularmente en materia de procedimiento penal, un procedimiento acorde con el estándar de garantías y derechos que la comunidad internacional aceptaba. Garantías y Derechos que hablaban de un sistema en el cuál la víctima tuviera una efectiva y pronta solución a los intereses reclamados como consecuencia de la comisión de un ilícito penal en su contra, y de un imputado que fuera parte activa de un proceso penal y no objeto del mismo. Un sistema donde los principios de imparcialidad, transparencia y celeridad fueran percibidos por la comunidad a fin de dar certeza a la aplicación de la justicia penal