La acción popular ha sido el instrumento de control constitucional pionero en nuestro constitucionalismo y reviste singularidad en el derecho comparado, pues otros Estados han optado por confiar el control jurídico sobre los reglamentos al proceso contencioso administrativo o al proceso de inconstitucionalidad, sin desarrollar un proceso jurídico específico para reglamentos. Pese a las innovaciones incorporadas por el Código Procesal Constitucional su desarrollo y difusión aún no alcanzan el propósito deseado de controlar eficientemente las arbitrariedades reglamentarias.

En este trabajo se justifica los elementos que conforman la esencia o naturaleza jurídica del os procesos constitucionales de la libertad, para a partir de ellos concluir unas generales exigencias a las que se han de sujetar no solamente el legislador cuando decida regularlos, sino también —y principalmente— el Juez a la hora de aplicar los conceptos o categorías jurídicas referidos a tales procesos. De esta forma se asegura más y mejor que los procesos constitucionales de la libertad cumplan con la finalidad de asegurar la plena vigencia del contenido material de la Constitución. Una consecuencia es especialmente destacada: que las demandas constitucionales en defensa de los derechos fundamentales debieran proceder siempre que se encuentre suficientemente justificada la agresión al contenido esencial del derecho fundamental y que tal agresión sea manifiesta. Si se cumpliesen estos dos requi- sitos, no tendría que ser gravada la posición del agredido obligándole irremediablemente a acudir a la vía judicial ordinaria, ni mucho menos obligándole a demostrar que la vía judicial ordinaria no es una vía igualmente satisfactoria.