La orientación de las políticas públicas hacia la infancia con discapacidad en Chile se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también enmarcan la acción de la principal institución responsable de la infancia vulnerada en este país, el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Es en este marco institucional y normativo donde funciona el Programa Ambulatorio en Discapacidad (PAD), uno de los programas que vincula el trabajo con niños, niñas y adolescentes con discapacidad y vulneración de derechos. Tradicionalmente, las políticas dirigidas a la infancia vulnerada en Chile han operado con una articulación entre Estado y sociedad civil. SENAME opera mediante la externalización de la implementación de sus programas, como lo es el caso analizado del Programa Ambulatorio de Discapacidad (PAD), que se ejecuta mediante la acción de organismos de la sociedad civil de trayectoria en el campo de la infancia con discapacidad. La externalización requiere un rol regulador de SENAME, por lo que es relevante conocer las competencias y capacidades de esta institución para regular a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) que prestan los servicios de atención a la población, específicamente en el caso del PAD. En ese sentido, conocer ¿cuáles eran las competencias, responsabilidades y principales recursos con los que cuenta el SENAME para la orientación, regulación y fiscalización, en la implementación del PAD desde un enfoque de derechos?, fue la pregunta de investigación que orientó este estudio. El objetivo principal de investigación fue analizar, a través del Modelo de Análisis de Política Pública, la implementación del PAD, estableciendo la corresponsabilidad de ésta con el diseño de políticas públicas de derechos de la infancia con discapacidad y de externalización de servicios, identificando los actores que participan en la gestión, así como sus roles y recursos y las reglas institucionales en las que interactúan. A través de una metodología cualitativa de tipo exploratorio descriptivo se buscó responder a la pregunta y objetivos de investigación para lo cual se analizaron fuentes primarias y secundarias; se aplicaron entrevistas semi estructuradas a funcionarias del SENAME y de los organismos colaboradores y se desarrollaron entrevistas grupales con padres o responsables de los/as usuarios/as, en las dos regiones donde se concentra la mayor cantidad de usuarios/as. Los principales resultados de la investigación muestran: 1) ausencia de una política pública nacional que oriente las acciones en el marco de la infancia vulnerada con discapacidad; 2) hay divergencias entre la misión institucional del SENAME y la implementación del PAD, pues éste asume responsabilidades sociales que van más allá del ámbito de competencia institucional; 3) el PAD es un programa creado como respuesta a la necesidad institucional de ajustar programas ya existentes a una nueva normativa y no como una oferta inclusiva de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sin que exista claridad sobre su responsabilidad como institución en el proceso de inclusión; 4) el PAD no guarda total correspondencia con la labor de SENAME, pues si bien atiende población infantil vulnerada, muchas de sus acciones se orientan más al abordaje de las necesidades derivadas de la discapacidad no son cubiertas por el Estado y 5) existen deficiencias en el rol regulador de SENAME que muestra un bajo nivel de competencias técnicas para orientar la intervención de los organismos colaboradores, en infancia vulnerable con discapacidad, desde el marco normativo de derechos de la infancia y de la discapacidad. Las recomendaciones apuntan a: 1) mejorar la coherencia y complementariedad de la externalización con las convenciones internacionales, mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas institucionales de regulación de la externalización, establecimiento de mecanismos de coordinación internos y de capacitación de funcionarios/as en la temática de discapacidad y 2) generar acciones que le permitan delegar en otras entidades del Estado, las responsabilidades que van más allá de su misión institucional, sin violentar los derechos de la población con discapacidad.