Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante los más de cien años de políticas de vivienda social en Chile, se han efectuado numerosos estudios con la finalidad de evaluar el impacto de los programas habitacionales en la calidad de vida de las personas. Hoy, gracias a los censos de población, podemos medir con mayor precisión el déficit habitacional y constatar en que condiciones viven los habitantes de nuestro país. En general, la mayoría de las investigaciones en materia de vivienda social son estudios basados en resultados: buscan evaluar los efectos de la implementación de una política en el problema atacado. Se centran, más que nada, en el nivel de efectividad del plan en relación con la finalidad tenida a la vista; reducir el déficit habitacional, combatir el allegamiento, la higienización, mejorar la calidad de la vivienda, la satisfacción de los destinatarios, la carencia de equipamiento, entre otras. No obstante la innegable importancia de dichos estudios, menores han sido los esfuerzos encaminados a analizar las políticas de vivienda social desde la perspectiva de las obligaciones que tiene el Estado. De acuerdo al paradigma actual, los Estados tienen la obligación de fomentar el desarrollo económico, social y cultural del ser humano. En tal sentido, deben sancionar políticas y marcos institucionales adecuados para permitir el establecimiento de condiciones sociales mínimas que permitan a las personas desarrollarse y vivir en dignidad.

Memoria para optar al título de Geógrafo / La presente investigación se define como un trabajo exploratorio destinado a estudiar las territorialidades de Derechos Sociales promovidas por la Política Social Anti-Pobreza chilena (PSAP) en las áreas de salud y vivienda, para el período 1925-1990. Con este propósito se realiza la revisión de documentos de Estado y se toma como caso de estudio la localidad rural de Puntilla de Lonquén, en la comuna de Isla de Maipo, Chile central. Desde la Geografía Política Crítica, la política social anti-pobreza (PSAP) es evaluada como política espacial de expansión y contención del régimen moderno de bienestar y la economía de mercado, propiciando las intervenciones sociales más masivas del S.XX y la articulación mercantil de los territorios. Por una parte se consideran (de la PSAP) sus principales contingencias históricas, fundamentos y dispositivos territoriales de salud y habitación; Por otra parte se analizan algunos de sus impactos en la reestructuración de dinámicas políticas y sociales locales, en la territorialidad habitacional y de salud de la localidad mencionada. A nivel metodológico, la revisión de documentos de Estado emplea al Archivo Nacional de la Administración, mientras que el trabajo territorial es enmarcado por la Cartografía Social y las Entrevistas en profundidad. La información levantada es analizada con genealogía del poder y redes de poder, respectivamente, dando cuenta de las variaciones históricas y pautas territoriales de la política social anti-pobreza, así como algunos de sus efectos sobre la configuración de espacios socialmente desiguales y mercantilizados.

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La orientación de las políticas públicas hacia la infancia con discapacidad en Chile se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también enmarcan la acción de la principal institución responsable de la infancia vulnerada en este país, el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Es en este marco institucional y normativo donde funciona el Programa Ambulatorio en Discapacidad (PAD), uno de los programas que vincula el trabajo con niños, niñas y adolescentes con discapacidad y vulneración de derechos. Tradicionalmente, las políticas dirigidas a la infancia vulnerada en Chile han operado con una articulación entre Estado y sociedad civil. SENAME opera mediante la externalización de la implementación de sus programas, como lo es el caso analizado del Programa Ambulatorio de Discapacidad (PAD), que se ejecuta mediante la acción de organismos de la sociedad civil de trayectoria en el campo de la infancia con discapacidad. La externalización requiere un rol regulador de SENAME, por lo que es relevante conocer las competencias y capacidades de esta institución para regular a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) que prestan los servicios de atención a la población, específicamente en el caso del PAD. En ese sentido, conocer ¿cuáles eran las competencias, responsabilidades y principales recursos con los que cuenta el SENAME para la orientación, regulación y fiscalización, en la implementación del PAD desde un enfoque de derechos?, fue la pregunta de investigación que orientó este estudio. El objetivo principal de investigación fue analizar, a través del Modelo de Análisis de Política Pública, la implementación del PAD, estableciendo la corresponsabilidad de ésta con el diseño de políticas públicas de derechos de la infancia con discapacidad y de externalización de servicios, identificando los actores que participan en la gestión, así como sus roles y recursos y las reglas institucionales en las que interactúan. A través de una metodología cualitativa de tipo exploratorio descriptivo se buscó responder a la pregunta y objetivos de investigación para lo cual se analizaron fuentes primarias y secundarias; se aplicaron entrevistas semi estructuradas a funcionarias del SENAME y de los organismos colaboradores y se desarrollaron entrevistas grupales con padres o responsables de los/as usuarios/as, en las dos regiones donde se concentra la mayor cantidad de usuarios/as. Los principales resultados de la investigación muestran: 1) ausencia de una política pública nacional que oriente las acciones en el marco de la infancia vulnerada con discapacidad; 2) hay divergencias entre la misión institucional del SENAME y la implementación del PAD, pues éste asume responsabilidades sociales que van más allá del ámbito de competencia institucional; 3) el PAD es un programa creado como respuesta a la necesidad institucional de ajustar programas ya existentes a una nueva normativa y no como una oferta inclusiva de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sin que exista claridad sobre su responsabilidad como institución en el proceso de inclusión; 4) el PAD no guarda total correspondencia con la labor de SENAME, pues si bien atiende población infantil vulnerada, muchas de sus acciones se orientan más al abordaje de las necesidades derivadas de la discapacidad no son cubiertas por el Estado y 5) existen deficiencias en el rol regulador de SENAME que muestra un bajo nivel de competencias técnicas para orientar la intervención de los organismos colaboradores, en infancia vulnerable con discapacidad, desde el marco normativo de derechos de la infancia y de la discapacidad. Las recomendaciones apuntan a: 1) mejorar la coherencia y complementariedad de la externalización con las convenciones internacionales, mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas institucionales de regulación de la externalización, establecimiento de mecanismos de coordinación internos y de capacitación de funcionarios/as en la temática de discapacidad y 2) generar acciones que le permitan delegar en otras entidades del Estado, las responsabilidades que van más allá de su misión institucional, sin violentar los derechos de la población con discapacidad.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / En Chile, en el año 2009, mediante la Ley 20.173 se crea el Sistema intersectorial de Protección Social integrado por el subsistema Chile Solidario y el Subsistema Chile Crece Contigo. Ambos, son importantes herramientas con las cuales se busca dar respuesta a la problemática del desarrollo infantil superando los déficits en materia de coordinación de políticas sociales descentralizadas y desde un abordaje integral. Sin embargo, al utilizar a las mujeres como vía para llegar a la población objetivo como la primera infancia se producen transformaciones sobre las relaciones de género y las desigualdades que éstas producen. El objetivo general de este estudio de caso es contribuir al entendimiento de los espacios de oportunidad para la incorporación del enfoque de transversalidad de género en la política intersectorial del CHCC. Para ello se busca 1) estudiar los dispositivos institucionales que promueven la incorporación del enfoque de género dentro del CHCC 2) estudiar la participación del SERNAM en relación a la incorporación del enfoque de género en el nivel de diseño de la política y por último 3) identificar posibles factores de consistencia entre políticas intersectoriales y políticas transversales. La investigación es de carácter exploratorio y descriptivo. Se utilizó una metodología cualitativa mediante técnicas de entrevistas en profundidad a actores relevantes de los organismos centrales así como a integrantes del SERNAM y del Consejo Asesor Presidencial. Además, se relevó y analizó información secundaria referida a la implementación del programa así como a los PMG comprometidos por los organismos integrantes del mismo. Como hallazgos se pueden mencionar que: el proceso de diseño de la política incluyó dos grandes objetivos de política pública que confluyeron en el Chile Crece Contigo. El objetivo de contar con un programa intersectorial integral que atendiera a la primera infancia y por otro, el de contribuir a inserción laboral femenina. Este último, no quedó plasmado en las recomendaciones y la legislación, aunque sí existieron instrumentos de política que perseguían ese fin. El SERNAM no logró una participación sustantiva en el diseño del CHCC dadas sus condiciones institucionales, sus capacidades técnicas y su experticia. Se evidencia tensión entre los dos objetivos de política pública, que se corresponde con la baja integración del sector de educación. Desde el diseño esta integración podría haberse visto limitada al no poder articular de forma coherente y consensuada estas dos miradas como objetivos complementarios. Lo que en el diseño se pensó como una estrategia desfamiliarizadora, en su redacción legal e implementación se diluyó produciendo maternalismo. La conceptualización del problema del desarrollo infantil en contexto de vulnerabilidad, sin considerar la dimensión de género, podría ser una posible explicación de esta desarticulación. Sin embargo, desde el propio programa, se diseñaron acciones de género innovadoras inaugurando el trabajo con los varones apostando a la corresponsabilidad y la equidad en el cuidado de los hijos. Las estrategias implementadas no solo amortiguaron los efectos negativos del programa sino que posibilitaron el cumplimiento del objetivo de promoción de la inserción laboral femenina mediante la focalización de los jardines y salas cuna. Los instrumentos diseñados por el programa podrían mejorar aún más sus alcances si fueran orientados por un mandato de género adecuadamente articulado.

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O estudo investiga as providências que vêm sendo tomadas por estes países no que diz respeito à elucidação da verdade e preservação da memória relativamente às violações aos direitos humanos praticadas pelo Estado durante as ditaduras militares instaladas nestas sociedades na segunda metade do século XX. O trabalho tem por objetivo apurar se as políticas públicas de memória e verdade estabelecidas nos dois países satisfazem esses direitos de acordo com o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pretende-se, ainda, obter possíveis contribuições à experiência brasileira. Utiliza-se o método comparativo, a partir da averiguação sobre as semelhanças e diferenças da redemocratização de cada país no que concerne aos aspectos envolvendo memória e verdade. Os dados necessários à pesquisa foram obtidos através da análise documental. Foi possível constatar que ambos os países iniciaram sua democracia ainda sob forte influência da elite militar que exercia o governo durante o período de exceção. Para tanto, muitas medidas foram tomadas antes da transição entre os regimes no sentido de assegurar privilégios aos militares, a exemplo das leis de autoanistia, editadas nos dois casos. Mesmo diante desse contexto, o Chile, de imediato, instaurou uma Comissão Nacional da Verdade, processo que teve continuidade com a implementação de outras medidas de memória e verdade ao longo dos anos. No Brasil, somente após mais de uma década após o término da ditadura adotou-se as primeiras iniciativas atinentes à temática. Dessa forma, a ausência de esclarecimentos e reconhecimento quanto à violência praticada no passado constitui uma lacuna que compromete a consolidação da democracia no país. A recente criação de uma Comissão Nacional da Verdade significa um passo importante nessa direção. A plena efetivação do direito à memória e à verdade nos dois casos, porém, somente pode ser concluída a partir da adoção de medidas de memória e verdade em suas dimensões individuais e coletivas capazes de evitar a repetição das atrocidades cometidas no passado. / This dissertation analyzes the realization of the right to memory and truth in Chilean and Brazilian transitional justice. The study investigates the steps that are being taken by these countries with regard to the elucidation of truth and memory preservation in relation to human rights violations, committed by the State during the military dictatorships installed in these societies in the second half of the twentieth century. The work aims to determine whether public policies of memory and truth established in the two countries fulfill these rights in accordance with the understanding of the Inter-American Court of Human Rights. Obtaining possible contributions to Brazilian experience is intended. Comparative method is used from the inquiry about the similarities and differences of democratization in each country with regard to aspects involving memory and truth. The data required for this research were obtained through document analysis. It was possible to find that both countries started their democracies under strong influence of military elite which held the government during the exception period. To this end, several measures were taken before the transition between the regimes to ensure privileges to the military, such as self-amnesty laws, edited in both cases. Despite this context, Chile, immediately established a National Truth Commission, a process that continued with the implementation of other measures of memory and truth over the years. In Brazil, only after more than one decade, after the dictatorship was ended, the first initiatives relating to the thematic were adopted. Thus, clarification and recognition absence related to the violence of the past is a gap which compromises the democracy consolidation in the country. The recent establishment of a National Truth Commission is an important step in that direction. The full realization of the right to memory and truth in both cases, however, can only be completed with the adoption of memory and truth measures in their individual and collective dimensions able to avoid the repetition of the atrocities committed in the past.