Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro objeto de análisis se centrará en el concepto de daño patrimonial efectivamente causado, concepto que ha ido evolucionando y, que se ha ido adaptando a las necesidades sociales de las distintas épocas de nuestra historia. / En la próximas líneas, intentaremos dar una mirada objetiva acerca de la interpretación que ha ido efectuando nuestra Corte Suprema de Justicia acerca de este concepto, y la visión que tiene el Fisco de Chile, que se manifiesta a través del Consejo de Defensa del Estado, sobre lo que debe entenderse por daño patrimonial efectivamente causado. Primeramente, haremos una revisión histórica acerca del concepto de derecho de propiedad a través de las diversas constituciones; luego, analizaremos el procedimiento de expropiación y las diversas aristas que en él se contienen; veremos también que postura ha asumido nuestra Corte Suprema de Justicia; y, finalmente, veremos cuál es la posición del Fisco de Chile sobre el tema, para aventurarnos y entregar una conclusión que intente dar solución a esta disyuntiva

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria pretende iniciar un tratamiento sistemático del art. 19 Nº 24 inc. 1º al 5º de la Constitución Política de la República de Chile, el cual trata sobre el derecho de propiedad privada. Parte analizando las características que presenta en tanto derecho positivado en la Constitución y que lo distinguiría de los demás derechos fundamentales, conceptualizándolo como un derecho constitucional no fundamental. Luego, intenta identificar los principales problemas para iniciar su tratamiento dogmático. Continúa con el análisis de su contenido normativo tanto institución jurídica como desde su faz de derecho subjetivo, pasando por las diversas potestades legislativas que lo van configurando. Se sigue con el análisis de su objeto, deteniéndose especialmente en el problema que la doctrina ha denominado la “propietarización de los derechos”. Por último, analiza el desarrollo que ha tenido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia. Lo anterior se sustenta con las respectivas referencias a la dogmática y jurisprudencia, tanto nacional como comparada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo del presente trabajo consiste en el estudio del censo en sus dos formas contempladas en nuestra legislación, ordinario y vitalicio. A fin de lograr el propósito indicado se ha utilizado en el desarrollo de este estudio un procedimiento de análisis deductivo y comparativo. En razón de la escasa doctrina nacional sobre la materia, se ha recurrido en algunos pasajes de este trabajo, en especial, a la doctrina española.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Desde 2013 está operando el Programa de Subsidio de Arriendo, el único que declara dentro de sus propósitos acercar a su población objetivo a localizaciones con mayores oportunidades en su entorno urbano, buena conexión a fuentes laborales y dotación de equipamiento, a través del arriendo. Esto es compatible con la aspiración de integración urbana en una dimensión funcional, presente en la Política Nacional de Desarrollo Urbano vigente. El diseño del Programa supuso que el beneficio haría asequible la oferta de arriendo creada por gestión inmobiliaria de vivienda privada. Sin embargo, a partir del segundo año se observa una disminución en su aplicación. Lo anterior, sumado al vínculo entre el déficit habitacional y localizaciones específicas, hace pertinente la pregunta y la hipótesis de esta investigación, a saber: ¿Es el Subsidio de Arriendo una herramienta que habilita integración urbana en su dimensión funcional? La hipótesis de esta tesis plantea que la demanda por vivienda en arriendo, incluye de manera implícita una demanda por localización, dado que la oferta de arriendo ubicada en localizaciones estratégicas no es asequible a través del programa, su población objetivo no lo utiliza. La metodología de investigación utilizada es cuantitativa y adapta la metodología de medición de la pobreza multidimensional en la dimensión de Vivienda y entorno para analizar tres bases de datos: CASEN 2015; la base de datos del estudio de Estimación y Análisis de Precios de Arriendo, 2016; una base de datos innominada de los beneficiarios del programa hasta 2016. Con estos recursos se buscó caracterizar a los arrendatarios y las viviendas que ocupan; describir la oferta asequible a través del Programa y caracterizar los entornos a los cuales tienen acceso los beneficiarios del Programa. La hipótesis se confirma, los resultados muestran que el programa evaluado no habilita integración social en su dimensión funcional. Se observan hogares arrendatarios residiendo en localizaciones que aseguran cercanía a equipamiento básico, con una buena conexión con fuentes laborales, expuestos a malas condiciones de habitabilidad, sin alternativa de mejorar su situación a través del programa, dado que la oferta subsidiable es poca, inapropiada en términos de superficie y no le asegura proximidad al transporte público. Por otra parte, el Programa destina a sus beneficiarios hacia las agrupaciones comunales donde los tiempos de viaje al trabajo son los más extensos y por lo tanto los menos deseables. Se concluye que, para habilitar la integración de población vulnerable en áreas prioritarias, el Estado tendrá que involucrarse de manera más activa en la provisión de una oferta asequible, para lo cual tendrá fórmulas de producción y gestión de vivienda en arriendo y generar ajustes al Programa existente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis para optar al grado de Magíster en Administración (MBA) / Autores, no envían autorización para el acceso a texto completo de su documento.-- Sebastián Schon Müller [Parte I} Análisis estratégico y de mercado -- Cristián De La Maza Highet [Parte II} Análisis organizativo - financiero. / El negocio a evaluar es el de la construcción y administración de un centro de bodegaje industrial en el sector poniente de la cuidad de Santiago. Este sub-sector posee actualmente el 40% del mercado. Hemos incorporado un modelo de negocios distinto a la industria, entregando sistemas de arriendos flexibles, tanto en tiempo como en superficie. De esta forma buscamos atender un mercado centrado en empresas Pymes que requieren de este tipo de servicios para almacenar sus productos. El complejo BodeFlex® cuenta con 10.000 m2 de terreno, emplazados en el sector de Los Valles (comuna de Pudahuel), teniendo disponibles 8.000 m2 construidos de bodegas modulares de primer nivel, incorporando servicios anexos como el arriendo de racks, grúas horquilla, sistemas de seguridad (CCTV y guardias de seguridad 24x7), entre otros. Actualmente este mercado (en el Gran Santiago) tiene una facturación anual de USD 152.4 millones, con una superficie total de bodegas de 2,6 millones de m2, creciendo a tasas anuales por sobre un 13% en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2013, esperando este año 2015 inyectar unos 200.000 m2 de bodegas adicionales. Estos datos nos indican que esta industria es atractiva, por lo que vemos oportunidades de generar valor en este negocio. Desde el punto de vista de la inversión del proyecto BodeFlex®, se estima en casi CLP $ 2.800 millones, siendo muy intensivo este ítem en el comienzo del negocio, lo que implica un alto requerimiento de recursos en la etapa temprana. En relación a la evaluación financiera del negocio, consideramos que nos arroja números atractivos, especialmente a los asociados a indicadores claves como son el VAN, TIR y Payback. VAN  CLP $ 611 millones TIR  13,8% Payback  9,1 años En resumen, si consideramos todos los factores analizados para la toma de decisión, cómo son el análisis del mercado, la evaluación financiera, los riesgos asociados al proyecto, el bajo costo de salida y el crecimiento de la industria, creemos que el proyecto es atractivo y tiene mucho potencial para lograr ser un negocio exitoso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El mundo y nuestro país se encuentran en un constante estado de desarrollo: económico, social, cultural, tecnológico -entre otros diversos factores-, que influyen permanentemente en la vida cotidiana de las personas. Ante este progreso, el Estado responde instaurando o reformulando políticas públicas en todas aquellas áreas que requieren de una regulación para la mantención de la paz social y la correcta armonía de los intereses privados y colectivos a las nuevas situaciones que se presentan. En el área de la regulación positiva, el Constituyente de 1980 se ha hecho cargo de establecer los lineamientos generales que permitan asegurar a las personas las libertades y obligaciones presentes según el moderno Estado de Derecho, haciendo del artículo 19 el eje central de las garantías fundamentales aseguradas, complementándolo con la fuerza vinculante asociada al Derecho Internacional a través de los Tratados Internacionales ratificados por Chile, en la manera prescrita en el inciso segundo del artículo 5°.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El declive actual que vive la industria de la exploración minera en Chile amenaza con coartar en el largo plazo el liderazgo histórico que ha mantenido el país como productor de minerales. La menor exploración es consecuencia, entre otros, de tres factores: de que no existe terreno disponible para que potenciales entrantes al mercado de la exploración puedan constituir propiedad minera, de que la propiedad minera ya constituida se encuentra excesivamente concentrada en pocas grandes empresas, y, por último, de que gran parte de ella se encuentre acaparada, esto es, se encuentra sin que sus concesionarios realicen efectivamente labores mineras en ellas. Hasta el momento, la discusión jurídica al respecto en Chile ha tratado la concentración de la propiedad minera, la falta de terrenos disponibles y el acaparamiento de concesiones como problemas exclusivamente propios del Derecho Minero. Serían –en este sentido– consecuencias de determinadas disposiciones del marco regulatorio minero, y como tales, las soluciones que se planteen a ellos sólo podrían venir dadas desde esta misma sede. La originalidad de esta memoria reside en que va más allá de esta discusión, al aventurarse a analizar si, además de constituir un problema propio del Derecho Minero, las conductas antes descritas pueden ser consideradas como problemáticas desde la perspectiva del Derecho de la Libre Competencia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La tesis tiene por objeto llevar a cabo un análisis detallado del tratamiento de la normativa nacional e internacional a los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, identificando la diferencia conceptual en que esta problemática es abordada por ambos sistemas normativos. Para estos efectos, se propone analizar la relación existente entre el Derecho Internacional y el Derecho Nacional, para luego estudiar las normas relativas a la temática indígena, preferentemente en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como a nivel interno, específicamente en la Ley 19.253. De igual manera, se comparan los niveles de reconocimiento, protección y promoción en ambos sistemas jurídicos, como también la concepción del territorio que uno u otro sistema ha adoptado, principalmente en lo que respecta a la dimensión colectiva y ancestral que los pueblos indígenas tienen sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales. De igual forma, con el efecto de adoptar una posición uniforme sobre la forma en que el Estado de Chile ha tratado el tema, serán estudiadas las principales instituciones vigentes sobre política indígena en el país, tales como la Corporación Nacional Indígena o las Áreas de Desarrollo Indígena, así como los principales proyectos de Ley en acual tramitación que pretenden reformar esta institucionalidad. Finalmente, se hará estudio minucioso de los principales hitos jurisprudenciales en torno al tema, para así formar una opinión crítica respecto de la posición que han adoptado nuestros tribunales superiores de justicia. / 02/06/2018