En la película “Corre, Lola, corre” del director alemán Tom Tykwer, dos amantes disponen tan sólo de unos minutos para cambiar el curso de sus vidas. Lola, la protagonista de la película, recibe una llamada desesperada de su novio Manni, quien acaba de perder una pequeña fortuna que pertenece a un jefe de la mafia para el que trabaja. Si Lola no consigue el dinero en veinte minutos, Manni sufrirá las consecuencias. Desde ese momento, Lola empieza (literalmente) una incesante y desesperada carrera en búsqueda del dinero que le permitirá salvar a su novio de la muerte. / Tesis

El sector bancario es uno de los que soporta una mayor cantidad de regulación, justificada en gran medida porque brindan servicios de intermediación utilizando principalmente el ahorro del público, siendo que desde 1991 se han emitido múltiples normas en materia de protección al consumidor, las cuales no han sido suficientes para que los consumidores reciban un mejor servicio, dado el incremento sostenido de los reclamos que recibe Indecopi cada año. A fin de mejorar el servicio brindado, así como las relaciones ante sus consumidores, las entidades financieras desarrollan, a través de su gremio, iniciativas autorregulatorias; sin embargo, a nuestra consideración, muchas de estas pueden no haber tenido el impacto esperado debido a la falta de control de su cumplimiento y a la ausencia de mecanismos de sanción, elementos integrantes de todo sistema de autorregulación. En ese sentido, nuestra hipótesis principal es que el gremio bancario podría constituir un sistema de autorregulación eficaz, siempre que sus iniciativas cuenten con mecanismos adecuados de control y sanción, lo cual reforzaría la protección del consumidor financiero y, a su vez, podría ser replicado por los demás sectores. Los resultados del análisis confirman nuestra hipótesis, pues las iniciativas que cuentan con todos los elementos del sistema de autorregulación registran altos indicadores de cumplimiento, a diferencia de aquellas que no contemplan alguno de estos elementos. Es preciso señalar que para analizar el funcionamiento y eficacia de la autorregulación elaborada por el gremio bancario, se hace uso del método sociológico y funcional, pues se parte de una base empírica que es el comportamiento del sistema bancario. Asimismo, se ha recurrido a la doctrina nacional y extranjera, al derecho comparado y a los diversos sistemas de autorregulación a fin de determinar cómo funcionan estos sistemas a nivel mundial; para lo cual utilizamos el método dogmático.

El presente artículo académico tiene como objetivo exponer una problemática que ocurre cotidianamente, pero que no ha sido valorada ni estudiada como corresponde, esta es, la situación de los consumidores analfabetos y quechuahablantes al momento de la contratación de productos financieros respecto a su derecho de información. Todo ello debido a que cuando el solicitante de un producto bancario es una persona iletrada o que habla quechua no existe en nuestra legislación actual un mecanismo jurídico que garantice que aquellos han recibido la información del nuevo producto contratado en las mismas condiciones que una persona que sabe leer y hablar castellano. La falta de ello provoca que las empresas del sistema financiero recurran a otras fórmulas, como la figura del testigo a ruego para llevar a cabo la venta de productos financieros; sin embargo, esto no resulta suficiente para garantizar el acceso debido a la información por parte de los analfabetos y quechuahablantes. En consecuencia, las medidas que se deben optar van desde incluir en nuestra legislación de consumo la problemática de estas personas y modificar aquellas estipulaciones que limitan el derecho a la información, pues de no hacerlas se estaría amparando un tipo de discriminación en el sistema financiero.

La presente investigación, se dirige en el marco general del Derecho Administrativo y especialmente en el Derecho de Protección al Consumidor. En ese sentido, partiendo de la finalidad que cumple el Sistema de Protección al Consumidor en adelante el “Sistema” y por tanto el Código de Protección y Defensa de los consumidores, en adelante el “Código”, se analiza cuál debe ser la naturaleza del procedimiento de protección al consumidor que se sigue ante el Indecopi por denuncia de parte. Es así que, la investigación se divide en introducción, 4 capítulos, problema de investigación, conclusión y bibliografía. En la parte introductoria se desarrolla, la pregunta principal, objetivos de la investigación, planteamiento del problema de manera general, hipótesis, justificación del tema, así como las fuentes analizadas.. Asimismo, se desarrollan cuatro capítulos. En el primer capítulo se analiza la finalidad del Sistema y la Política Nacional de Protección al Consumidor, que son las bases de la protección al consumidor. En el segundo capítulo se analiza de forma general la aplicación de la Ley del procedimiento Administrativo General. En el tercer capítulo, se analiza la situación actual del procedimiento, a fin de dar conocer sus características y herramientas con las que se cuenta normativamente. En el cuarto capítulo, se plantea la solución al problema y se brinda argumentos por los que el procedimiento trilateral sería el más idóneo en el caso de denuncia de parte en procedimientos de protección al consumidor. De acuerdo a ello, se demuestra que el procedimiento administrativo que se sigue ante el Indecopi por denuncia de parte en procedimientos de protección al consumidor, debe ser trilateral y no sancionador, considerando al procedimiento sancionador, sólo una herramienta más con las que cuenta la Administración Pública para disuadir conductas infractoras y no el fin en sí mismo del referido Sistema.

En la película “Corre, Lola, corre” del director alemán Tom Tykwer, dos amantes disponen tan sólo de unos minutos para cambiar el curso de sus vidas. Lola, la protagonista de la película, recibe una llamada desesperada de su novio Manni, quien acaba de perder una pequeña fortuna que pertenece a un jefe de la mafia para el que trabaja. Si Lola no consigue el dinero en veinte minutos, Manni sufrirá las consecuencias. Desde ese momento, Lola empieza (literalmente) una incesante y desesperada carrera en búsqueda del dinero que le permitirá salvar a su novio de la muerte.

Ante la indiscutible preeminencia de ciertas plataformas digitales, en el mercado y la vida de sus consumidores, la presente investigación se propone abordar la problemática vigente en la esfera de intimidad del consumidor de plataformas digitales, operadas por Empresas Basadas en Datos, como objeto de protección del Derecho del Consumidor. Para ello, se propone una alternativa de solución compuesta por un mecanismo jurídico caracterizado por elementos de información específicos que, al ser expuestos por el proveedor, de forma visual, sencilla y actualizada, permitirán que los consumidores de estas plataformas digitales puedan contrarrestar la situación de asimetría informativa en la que se encuentran. De este modo, se faculta a los consumidores para que garanticen su derecho a la información y protejan sus legítimos intereses mediante la advertencia de posibles riesgos en su esfera de intimidad; complementando con ello al actual régimen de Protección del Consumidor. La metodología utilizada para cumplir con este objetivo aborda la problemática desde un análisis dogmático, centrado en la revisión de normativa aplicable, jurisprudencia y bibliografía jurídica relevante; así como en aquellas declaraciones de organismos internacionales que resulten pertinentes. En tal sentido, al comprender la naturaleza interdisciplinaria del fenómeno estudiado, este análisis se enfoca desde tres dimensiones; una jurídica, otra económica y, finalmente, una tecnológica. De este modo se llega a la conclusión de que la implementación de tal mecanismo jurídico de información es factible, de forma complementaria al actual Régimen de protección al consumidor, bajo la modalidad de un criterio de interpretación del deber de información específico para estos casos; mitigando la asimetría informativa de datos personales al reducir al mínimo los costos de acceso a información clave y dándole al consumidor la posibilidad restituir el control sobre su esfera de intimidad, frente a las plataformas de las Empresas Basadas en Datos.

Debido a los constantes cambios tecnológicos en internet, existen nuevas figuras de contratación electrónica que permiten adquirir productos o contratar servicios de manera más fácil, rápida y sencilla, traspasando fronteras mediante un solo click. Sin embargo, creemos que estas nuevas formas de contratación traen consigo diversos problemas que pueden colocar a los usuarios en una difícil situación. Ello es justamente lo que viene sucediendo en el caso de las plataformas digitales en los cuales se permite la contratación de servicios de transporte aéreo de personas, siendo el principal problema identificado que analizamos en el presente trabajo la falta de regulación normativa que se presenta en la responsabilidad administrativa de los intermediarios u operadores en las plataformas digitales en el sector antes mencionado. Es así que por medio del presente artículo, desarrollamos lo siguiente: los tipos de proveedores que existen en internet entre ellos los intermediarios u operadores de plataformas digitales, la responsabilidad del intermediario u operadores en las plataformas digitales de servicios de transporte aéreo de personas y los factores de conexión en las plataformas. De esta manera, llegaremos a la conclusión que un intermediario u operador puede asumir responsabilidad si se involucra en la oferta del prestador del servicio y permite el acercamiento hacia los consumidores.

En el Perú, las autoridades administrativas gozan de una cuota de discrecionalidad en los Procedimientos Administrativos para decidir sobre determinados aspectos que no se encuentran regulados, de manera absoluta, por el derecho. Por tal motivo, en el presente artículo se va a analizar la problemática que genera esta potestad concedida a la Administración Pública, al generar inseguridad jurídica por algunas decisiones o criterios adoptados, los cuales distan mucho de la finalidad que nuestro sistema jurídico pretende conseguir. Es así que, teniendo en consideración los puntos precedentes, el objetivo de la presente es demostrar que INDECOPI requiere reformular su normativa con el propósito de imponer sanciones acorde a la infracción cometida, es decir, establecer lineamientos adicionales que ayuden a graduar las sanciones pecuniarias y no dejar que sea la autoridad quien decida el grado de afectación y posterior sanción.