Durante las últimas dos décadas, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha evolucionado hasta tales extremos que, en cualquier otro momento histórico, hubiera resultado inimaginable una revolución de tal envergadura, alzándose como un auténtico fenómeno a nivel mundial. Todo ellos ha supuesto la transformación y modernización de muchos ámbitos de la sociedad, incluidas las técnicas utilizadas en el marco procesal, tanto civil como penal, si bien reflejándose, a nivel normativo, con un intervalo de 15 años de diferencia. La elección de este tema fue realizada, inicialmente, por el vacío legal existente y la problemática que producía la ausencia de la regulación legal de una diligencia con tanta repercusión práctica en el ámbito del proceso penal. No obstante ello, y durante el desarrollo de este trabajo, la temática estudiada se tornó en una cuestión aún más interesante si cabe tras la reciente promulgación de una ley llamada a disciplinar las nuevas medidas de investigación tecnológicas. Con la elaboración del presente estudio se ha intentado analizar con rigor una materia tan crucial para la actividad probatoria como es la videovigilancia y dotarla de una perspectiva actual, desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, Para ello se analizarán los distintos tipos de vidovigilancia y la posible afectación que su práctica puede ocasionar a los derechos fundamentales. Asimismo, se fijarán cuáles son los requisitos que deben concurrir para que se considere que dicha diligencia de investigación se ha practicado la forma legítima y si ésta puede adquirir valor de prueba reconstituida. Por último, se analizará la vía a través de la que la fuente de prueba videográfica puede acceder al juicio oral y los consecuencias que se derivan de la declaración de su ilicitud.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En este trabajo se analiza la incorporación probatoria del Informe Final de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cuyo único objetivo, según el Anexo 13 del Convenio de Chicago, es el de establecer la causa del accidente para así efectuar recomendaciones de seguridad que permitan evitar la repetición del accidente y no el establecimiento de culpas o responsabilidades. La incorporación probatoria del Informe Final puede afectar dicho objetivo. Por ello, en esta tesis se analizan las relaciones entre la investigación técnica y los procesos judiciales, las limitaciones a la incorporación probatoria del informe y la naturaleza de éste como medio de prueba. En cuanto a sus relaciones, se evidencia que ambas comparten el objetivo de descubrimiento de la verdad del accidente, pero se diferencian en su regulación y contexto. En lo relacionado a su incorporación probatoria, el I.F es un medio de prueba ilegal e ilícito. En lo tocante a su naturaleza como medio de prueba, se consideran dos perspectivas. Como fuente de prueba no es un instrumento público, sino un documento oficial dotado de una presunción de autenticidad y veracidad. Como medio de prueba, es un testimonio experto documentado, por lo que, para proteger el derecho al contradictorio de las partes, no puede incorporarse como prueba documental, sino a lo más, como un testimonio documentado sometido a la validación de las partes con la aquiescencia del tribunal. 4 Al mismo tiempo, su valoración debe ser cuidadosa considerando que la DGAC es un ente parcial y que, por lo tanto, no es un auxiliar de la administración de justicia. También, debe considerarse que el I.F. es una prueba científica y debe evitarse su sobrevaloración. En sede civil, el I.F. es valorado como una presunción judicial