No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo de título tiene por objeto evaluar el impacto económico que ha tenido la Ley de Modernización del Sector Portuario Estatal en la cadena marítimo-portuaria, entre los períodos 1995-1999 y 2000-2004. La Ley beneficia a los agentes que interactúan en el proceso productivo para los usuarios del servicio portuario, y este estudio permite apreciar la influencia de la política portuaria en el sector. La metodología se basa en un análisis cualitativo y cuantitativo de los atributos y variables que permiten la confección de indicadores relativos a la infraestructura, dotación de recursos humanos, equipamiento tecnológico, entorno portuario, normativas de seguridad y medios ambientales, económicos y transferencia de carga. La información para obtener los indicadores, se ha recopilado de las estadísticas de Empresas Portuarias, entidades gubernamentales y empresas privadas con presencia en los diez puertos. Se enfatiza el análisis de los puertos bajo el régimen concesionado monooperador emplazados en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, San Antonio y Talcahuano-San Vicente. La inversión en tecnología, método de trabajo, comunicación y gestión han permitido aumentar el rendimiento portuario. En relación a la transferencia de carga se valida el supuesto que las unidades portuarias concesionadas presentan un aumento en sus flujos, tanto en toneladas como en TEU’s, a excepción del puerto de Arica. Es interesante destacar que en conjunto las empresas autónomas y privadas, la dotación de trabajadores portuario no se ve afectada por la nueva estructura operativa. La tasa de variación del PIBR y la carga transferida crecieron en similar proporción. Para investigaciones futuras se recomienda analizar la tecnología portuaria en los países vecinos relevantes para el mercado nacional. Además, se sugiere evaluar el desarrollo de un sistema integrado de información para los actores de la cadena logística marítima-portuaria. En general, se valida el supuesto de que la Ley favorece la inversión en tecnología, derivando en el mejoramiento de la eficiencia portuaria.