A nivel internacional se reconoce que la creación de áreas naturales protegidas es una de las mejores estrategias para la conservación de la diversidad biológica, sin embargo, existe una corriente de análisis que cuestiona tanto sus raíces coloniales como la existencia de intereses extractivistas en su creación que señalan que el incremento en número y extensión de áreas protegidas en las últimas décadas, sería solo uno de los síntomas observables de la ocurrencia de una política top-down internacional de institucionalización de la protección ambiental antes que el resultado de iniciativas locales o nacionales, y donde los Estados crean las áreas protegidas con escasa o nula participación de las poblaciones que habitan en ellas, o que históricamente han hecho usufructo de sus recursos países (Frank et al. 2000; West et al. 2006; Brockington et al. 2008; Haller & Galvin 2008). El Perú no ha sido una excepción a este proceso, y actualmente las áreas protegidas ocupan un 17,51 % de los ámbitos terrestre y marino del territorio nacional (SERNANP s/fg). El presente trabajo de investigación se centra en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes (SNLMT), creado en 1988 y único con una muestra representativa del ecosistema manglar en el país. El Santuario provee de sustento a una población altamente vulnerable: los extractores artesanales de productos hidrobiológicos, quienes, relegados de políticas estructurales de inclusión social y económica, compiten unos contra otros por lograr la máxima extracción sobre recursos ya sobreexplotados, además de estar amenazados por un panorama ambiental incierto debido al cambio climático. Bajo el enfoque de Ecología Política, se analiza el proceso histórico del desarrollo de la acuicultura del langostino, que provocó una corriente migratoria a Tumbes que cambiaría la composición socioeconómica del departamento, además de provocar una importante pérdida del ecosistema que fue el detonante para la creación del Santuario que ha generado y/o modificado las relaciones de poder en ese territorio; esto es, el poder para decidir sobre el acceso a los recursos ecosistémicos que el manglar ofrece, que abarcan el cuándo y cómo entrar y salir del área protegida, qué cantidad de recursos se puede (o no) extraer, y en qué formas se realiza dicha extracción.