Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento / El presente trabajo tiene por objetivo hacer un análisis comparativo acerca de los centros de detención para adolescentes, entre los países de Chile, Argentina y Paraguay y si éstos cumplen con garantizar los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño (en adelante Convención o CIDN), mientras los jóvenes se encuentran privados de libertad. En el primer capítulo, analizamos el contexto histórico en que se encuentran las legislaciones chilena, argentina y paraguaya, previo a la suscripción de la Convención, lo que ésta consagra en cuanto a derechos y deberes para los adolescentes y los factores que influyeron para que los Estados se hayan suscrito a ella. En un segundo capítulo, indagamos respecto a los programas existentes en Chile, Argentina y Paraguay respecto al cumplimiento de las distintas penas, en especial la de privación de libertad, y a los objetivos que se toman en cuenta para ello. Finalmente, en el tercer capítulo, evaluamos la forma en que se garantizan los derechos y deberes dentro de los programas y en los métodos de resguardo que utiliza cada país, estudiando sus fortalezas y debilidades

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las penas tienen distintas finalidades, entre ellas la más importante es la resocialización del individuo. Ahora, ¿Se puede cumplir esta finalidad o acercarse a ella? ¿Existe alguna pena en especial que permita acercarse más a dicha finalidad? Creo que sí, a través de la pena de libertad vigilada intensiva. Ésta es una pena sustitutiva que, a diferencia de las demás, presenta varios rasgos especiales, como la existencia de una alta intervención de profesionales, técnicos e instituciones, en donde el condenado participa en determinadas actividades y programas de tratamiento orientados a distintos ámbitos de su vida, como educacional, laboral y social, asimismo hay distintos tipos de control que velan por su efectivo cumplimiento, lo que en conjunto permitiría que el individuo tome más responsabilidades, actuando en el futuro de una manera más adecuada socialmente y que se reduzcan, por ende, las probabilidades de reincidencia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde su establecimiento en nuestra legislación en el año 1925 la libertad condicional pudo haberse convertido en una eficaz herramienta de reinserción social pero quedó relegada a un segundo plano debido a las implicancias políticas aparejadas a su aplicación por parte de la autoridad. Las principales discusiones a su respecto suelen versar sobre la conveniencia de su aplicación, y muchas veces las posibilidades de limitarla, debido a la coyuntura política del momento. Nuestro trabajo busca hacer un análisis de su naturaleza en base al estado actual en que se encuentra la institución de la libertad condicional luego de la modificación del Decreto Ley N° 321 de 1925 en el año 2012, tomaremos como principal elemento de análisis las sentencias de los tribunales superiores de justicia y las normas que regulan esta institución a fin de dilucidar su naturaleza en la actualidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde la puesta en marcha de la ley 20.084, el 08 de junio del año 2007, el sistema penal destinado a los adolescentes sufrió un gran cambio. Sin embargo, existen múltiples factores que debemos analizar atendiendo al tiempo transcurrido desde su entrada en vigencia para determinar si dicha reforma surtió efectos; en segundo lugar, si estos efectos fueron los deseados y, por último, si acaso el aparato estatal diseñado para dar respuesta a la necesidad de intervenir a los menores infractores de ley ha sido una herramienta útil, efectiva y real que esté a la altura de lo que se requiere en términos de reinserción social y rehabilitación. En este sentido, además de lo establecido por la ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, momento en el cual se hace una declaración de principios de este nuevo sistema penal, se fijaron sus penas –ciertamente menos gravosas que las establecidas para adultos que cometan los mismos delitos- se da cuenta del diseño de planes de intervención y equipos multidisciplinarios que traten a los menores, con todo lo que ello implica para que los menores infractores de ley retornen a la sociedad insertos en ella. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte las críticas son muchas, y no parece ser una solución convincente y efectiva al problema de los delincuentes menores de edad. Se abordará esta problemática desde distintos puntos, buscando identificar las falencias de un sistema que nació prometiendo un nuevo trato, el cual parece haberse ido diluyendo con el tiempo, la pregunta es ¿por qué?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación está orientada a determinar cuáles son aquellas consecuencias jurídicas de los delitos más allá del cumplimiento de una condena privativa de libertad. En esta labor se aborda la actual legislación sobre esta materia, con énfasis en la pena de inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad y además de la incorporación de dichas inhabilidades en la sección especial en el Registro Nacional de Condenas, conocido popularmente como el “Registro de Pedófilos”. Para ello se hace un análisis crítico no sólo de la normativa sobre delitos sexuales, sino que también de la política criminal en la persecución de estos, además de determinar los fines de estas penas y si cumplen realmente un fin preventivo como lo señala el espíritu de la ley o sólo constituyen una forma de generar una pena más gravosa para el condenado. También se hará un análisis de las consecuencias que tiene el “Registro de pedófilos” y si este significa una irrogación de un mal post penitenciario en los condenados. Por último, se busca determinar si es posible la reinserción social del agresor sexual y si es factible en definitiva corroborar la arraigada creencia de que un condenado por estos delitos tiene una alta tasa de reincidencia contrastando no solo la experiencia nacional, sino que también la comparada, a través de diversos estudios criminológicos, psicológicos y estadísticos a fin de otorgar certeza científica a los datos abordados. / 26/11/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende hacer revisión de los Registros y sistemas de notificación de individuos condenados por delitos sexuales, a través de una metodología analítica que comprende aristas normativas, criminológicas, político-criminales y de fundamentación punitiva. En el (I) PRIMER CAPÍTULO se establecerá el marco conceptual del objeto de estudio a partir del examen de sus presupuestos básicos. Para ello, (i) se hará revisión del sistema de delitos contra la libertad e indemnidad sexual y sus justificaciones históricas, con el propósito de comprender la constelación de conductas que son tipificadas y sancionadas por el Derecho Penal. Luego, (ii) se identificarán los factores que configuran el perfil criminógeno de los sujetos que se ven afectos a este tipo de mecanismos: los denominados «delincuentes sexuales». Por último (iii) se efectuará una exposición de las medidas político-criminales que en la actualidad se erigen como las principales herramientas para dar tratamiento a la delincuencia sexual. En el (II) SEGUNDO CAPÍTULO se llevará a cabo un análisis conceptual, histórico y normativo de los Registros y sistemas de notificación de agresores sexuales. En primer lugar, se estudiarán las conceptualizaciones y tipologías registrales junto a la «notificación comunitaria». En armonía con ello, se buscará dilucidar cuál es la naturaleza jurídica de los Registros Públicos y el fundamento que legitima la imposición de la «pena» o de la «medida de seguridad», según se concluya. Luego, se hará revisión del origen y la evolución histórica de los mecanismos en cuestión, analizando las propuestas normativas desarrolladas en el derecho comparado y especialmente en Estados Unidos, para luego evaluar la recepción que ha tenido este fenómeno jurídico-penal en nuestro país. En el (III) TERCER CAPÍTULO, se expondrán las consideraciones críticas respecto de los Registros Públicos. Estas serán abordadas desde dos prismas: en primer lugar, mediante la identificación de sus fundamentos: (i) en términos criminológicos, donde cabe dilucidar cuál es la comprensión que subyace a este tipo de sistemas en lo que compete a la etiología del comportamiento delictual y (ii) en términos político-criminales, con el objetivo de extraer la lógica que rige al esquema registro-notificación comunitaria. En segundo lugar, desde una perspectiva funcional, se sostendrá la falta de idoneidad de estos mecanismos. Para ello, resultará necesario evaluar el impacto que producen los Registros, desde las consecuencias fenoménicas negativas en la x sociedad (las que se extienden tanto al registrado, a su familia, a la víctima y la comunidad) así como la tensión constitucional que generan en los ordenamientos jurídicos. Luego, se examinará la (in)eficacia de estas herramientas para satisfacer las finalidades que justifican su implementación, a saber, la prevención de la reincidencia de los ofensores sexuales y la seguridad del público. Por último, en el (IV) CUARTO CAPÍTULO se propondrán medidas que permitan afrontar el fenómeno de la delincuencia sexual bajo una lógica que propenda a la reinserción del agresor sexual en la sociedad. / 20/06/2018

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / El presente trabajo se centra en realizar una interpretación armónica y sistemático jurídica del artículo 20 de la ley 20.084. Nuestro principal interés se centra en establecer cuáles son los objetivos de la pena adolescente y de qué manera se integran entre ellos. Para realizar lo anterior, empezaremos por establecer que el adolescente es sujeto de derechos y que por ello responde penalmente, presupuesto que será analizado, así como la necesidad del establecimiento de un sistema de responsabilidad penal diferenciado del de adultos. Analizaremos los fines preventivos generales de la pena adolescente en sus fases de la conminación y de la imposición judicial, si éstos deben primar por sobre otros fines de la pena. Pero también analizaremos el fin de reinsertar socialmente al adolescente a través de la pena. Para lo anterior, estudiaremos los fines preventivos especiales adolescentes y su interés superior. Concluiremos acerca de la integración necesaria de todos los objetivos de la pena, con el énfasis preponderante de la reinserción social y que nuestro sistema de determinación de la pena en materia juvenil es reglado y sustentado en principios que no pueden ser obviados, impidiendo la verificación de un examen meramente discrecional y sin margen

En el año 2006, el Gobierno Nacional de Colombia, sancionó la ley 1098 correspondiente a la ley de infancia y adolescencia. La nueva ley de infancia, generó a su vez el diseño de la política de atención al adolescente en conflicto con la ley Sistema de Responsabilidad penal para Adolescentes (S.R.P.A), la cual contempla los lineamientos y rutas indicadas para la atención de los menores de edad que se ven involucrados en delitos. El sistema señala como principales sanciones, la amonestación, la imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, medio semi cerrado y privación de la libertad; todas ellas se han aplicado, pero no han sido suficientes para disminuir el índice de delincuencia en adolescentes y jóvenes, esto se evidencia en el incremento de adolescentes vinculados a SRPA, el cual presentó un aumento de 15,1% durante el periodo de 2011- 2012 según cifras del ICBF (2012). A parte de este marco normativo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desarrolló en el año 2011 un manual sobre la aplicación eficaz de las directrices para la prevención de delito, el cual sirve como carta de navegación en este tema. De acuerdo a lo anterior, se planteó una investigación de orden cuanti-cualitativo, para conocer la eficacia de la intervención del Centro de Formación Juvenil ACJ, en relación a su contratación con el Estado para la aplicación de la sanción de libertad vigilada en los adolescentes y jóvenes que fueron atendidos en el año 2012, para este fin se realizó un investigación mixta de carácter descriptivo, en la cual se aplicó la técnica cuantitativa de la encuesta a 119 jóvenes participantes de Centro de Atención y las técnicas cualitativas como la entrevista y el focus group fueron aplicadas a 8 directivos y profesionales del programa, 16 familias de los jóvenes y un funcionario del ICBF. Los resultados obtenidos, muestran que tanto los jóvenes, sus familias y funcionarios coinciden en que la medida de libertad vigilada si bien es cierto aporta elementos de socialización y contribuye a la reflexión de los jóvenes y familias frente a su problemática, no es suficiente para lograr un inclusión social efectiva y la garantía de no repetición o reincidencia, poniendo en relieve un una situación que va en ascenso, por lo cual se infiere que todos los actores involucrados, es decir, el Estado, la familia, el centro de atención y los mismos jóvenes son responsables de lo ocurrido; tendiendo que generar estrategias conjuntas desde esta mirada para reducir la problemática. De esta manera, el estudio concluye que no basta solo con crear estrategias de afrontamiento de la problemática de delincuencia juvenil, sino también el establecimiento de directrices que lleven hacia la prevención de estas conductas, al interior de las familias, las instituciones educativas, instituciones prestadoras de servicios sociales y sociedad en general. Este tema debe ser abordado desde todas las miradas y no le compete solo a una parte de la sociedad, sino a toda en general, de esta manera, el Estado debe liderar la concentración de diferentes actores sociales que analicen la situación actual de delincuencia juvenil en Colombia y facilite la atención, pero sobre todo la prevención. / In the year 2006, the National Government of Colombia, sanctioned the law 1098 corresponding to the law of childhood and adolescence. The new childhood law, in turn, generated the design of the adolescent care policy in conflict with the Criminal Responsibility System for Adolescents (SRPA), which includes the guidelines and routes indicated for the care of minors. Who are involved in crimes. The system indicates as main sanctions, the admonition, the imposition of rules of conduct, provision of services to the community, assisted freedom, semi-closed means and deprivation of liberty; all of them have been applied, but they have not been enough to reduce the delinquency rate in adolescents and young people, this is evidenced in the increase of adolescents linked to PACS, which presented an increase of 15.1% during the period of 2011- 2012 according to ICBF figures (2012). Apart from this normative framework, the United Nations Office on Drugs and Crime, developed in 2011 a manual on the effective application of the guidelines for the prevention of crime, which serves as a navigation card in this subject. In accordance with the above, a quantitative-qualitative research was proposed, to know the effectiveness of the intervention of the Youth Training Center ACJ, in relation to its contracting with the State for the application of the probation sanction in adolescents and young people who were attended in 2012, for this purpose a mixed investigation of a descriptive nature was carried out, in which the quantitative technique of the survey was applied to 119 young participants of the Care Center and the qualitative techniques such as the interview and the focus group were applied to 8 managers and professionals of the program, 16 families of the youth and an official of the ICBF. The results obtained show that both young people, their families and officials agree that the measure of supervised freedom, although it is true, contributes elements of socialization and contributes to the reflection of young people and families in the face of their problems, it is not enough to achieve an effective social inclusion and the guarantee of non-repetition or recidivism, highlighting a situation that is on the rise, for which it is inferred that all the actors involved, that is, the State, the family, the center of attention and the young people themselves are responsible for what happened; tending to generate joint strategies from this perspective to reduce the problem. In this way, the study concludes that it is not enough just to create strategies to address the problem of juvenile delinquency, but also the establishment of guidelines that lead to the prevention of these behaviors, within families, educational institutions, lending institutions of social services and society in general. This issue must be approached from all perspectives and not only a part of society, but the whole in general, and in this way, the State must lead the concentration of different social actors that analyze the current situation of juvenile delinquency in Colombia and facilitate the attention, but especially the prevention.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación busca, en primer lugar, describir el funcionamiento de los Centros de Internación en Régimen Cerrado y Semi Cerrado del Servicio Nacional de Menores, específicamente desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente -el 18 de junio de 2007-. Se identificarán las dificultades prácticas que ha traído la aplicación del sistema sancionatorio diferenciado que la ley creó para los menores entre 14 y 18 años, para posteriormente comparar las condiciones observadas con la normativa sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por nuestro país en 1990. Según la información recabada durante la investigación, se analizará finalmente si la vulneración de estos Derechos es un factor que condiciona el fracaso de la labor de reinserción social que desempeña el SENAME.