Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objetivo desarrollar uno de los temas más controversiales que se han suscitado en nuestro ordenamiento: El Derecho Administrativo Sancionador. La calificación de controversial se debe a que, en cada etapa de su reciente desarrollo, existen voces disidentes. En un primer momento, una parte de la doctrina calificó las potestades sancionatorias de la Administración como inconstitucionales, mientras otros abogaban por su legitimidad. Luego, la discusión se refirió a los principios y normas que informan esta disciplina y, al respecto, mientras algunos se inclinan por situarla dentro del Derecho Penal, otros afirman que se trata de una disciplina autónoma que, por su escaso desarrollo normativo, puede ser integrada por los principios del orden punitivo. Actualmente, el estado de la discusión no ha progresado sustancialmente, a pesar de algunas notables contribuciones desde la doctrina y la jurisprudencia. En efecto, hoy la discusión se encuentra entrabada en el alcance de la aplicación de dichos principios penales. Por estas consideraciones, este trabajo se configura como un intento por colaborar en la sistematización del Derecho Administrativo Sancionador y entenderla como una rama específica, estableciendo su distancia con el Derecho Penal, abordando particularmente la manifestación de la actividad punitiva de la Administración ejercida por la Superintendencia de Valores y Seguros, respecto de la cual se han suscitado ciertos debates y ciertas controversias que no tienen una posición pacífica en la doctrina, ni en la jurisprudencia nacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Los presupuestos de la RPA son todas aquellas circunstancias, condicionamientos o requisitos cuya común ocurrencia imponen a un organismo administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio la obligación de reparar a un particular un perjuicio injustamente sufrido o injustamente causado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria tiene por objeto analizar los factores de atribución de responsabilidad para los casos de Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado por actuaciones ilícitas materiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Para ello, se analiza especialmente el factor de atribución falta de servicio, su idoneidad en relación al marco normativo vigente y la proposición por parte de la doctrina de sistemas alternativos de responsabilidad. La realización de este cometido se divide en cinco capítulos: El primer capítulo tiene una función introductoria por medio del cual se describe el sistema general de Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado, la tendencia jurisprudencial actual y los factores de atribución de responsabilidad aplicables al caso. El segundo capítulo busca describir los requisitos que componen el sistema de responsabilidad, su pertinencia y relación con los requisitos especiales de atribución de responsabilidad. En el tercer capítulo se exponen las características de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y sus diferencias con los demás órganos de la Administración del Estado, destacando el carácter de poseedoras del monopolio de la fuerza legítima. En el cuarto capítulo se estudian las principales tendencias jurisprudenciales y dogmáticas relativas a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado por actos ilícitos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, los sujetos que participan del vínculo de responsabilidad y el modo en que actúan en la vida jurídica. Finalmente, en el quinto capítulo se contrasta el estado actual de la legislación y la doctrina administrativista, a fin de determinar la posibilidad de aplicación de una presunción de responsabilidad en el caso específico de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, fundada en la creación de un riesgo derivado de la necesaria atribución del monopolio de la fuerza legítima

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como propósito efectuar un análisis normativo, dogmático y jurisprudencial sobre la manera en que el ordenamiento jurídico chileno responde al problema de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado, en el contexto del Derecho Administrativo Sancionador. En efecto, es un problema que ha suscitado diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que han intentado resolverlo. Para ello, analizaremos cuál ha sido el origen de la discusión, las posturas doctrinales en cada caso, las diferencias e implicancias prácticas de cada una y qué ha dicho la jurisprudencia a partir de la regulación administrativa para este problema. Al respecto, comenzaré explicando los aspectos relevantes de la discusión que se ha dado en torno a la relación entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador. En este punto, se van a señalar las principales posturas doctrinales además de realizar un análisis crítico de las mismas a efectos de mostrar los aspectos prácticos y jurídicos sobre los que tiene incidencia la discusión. Otro aspecto a analizar es la fundamentación y fines de la sanción administrativa, lo cual nos dará aún más luces para determinar qué ocurre con la responsabilidad administrativa. Posteriormente, a partir de lo expuesto en el punto anterior, se entrará de lleno en la discusión jurídica acerca de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado. Al efecto, se revisará doctrina y la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico entrega a la luz de esta investigación. Así, se analizará, principalmente, lo dispuesto en la Constitución Política de la República, El Código Penal y la Ley N° 19.880, entre otras. Finalmente, se analizará lo resuelto por la jurisprudencia nacional, específicamente la Corte Suprema respecto de los únicos tres casos en que se ha referido al problema de la extinción de responsabilidad administrativa por muerte del regulado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley 21.000, de 2017, vino a reemplazar a la antigua institucionalidad de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) creada por el DL 3.538, creando un nuevo órgano, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en adelante la Comisión. La ley 21.000 dota a la Comisión de la potestad de aplicar multas en interés fiscal a los directores y gerentes de sociedades anónimas sujetas a su fiscalización que incurren en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que rijan las sociedades anónimas abiertas, ya sea por órdenes o instrucciones impartidas por la misma Comisión. Este poder sancionatorio de la Comisión está limitado por el principio de legalidad, el cual solo permite multar por las causales que la ley expresamente señale. Sin embargo, la Comisión se ha amparado en el artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas, que consagra el deber de cuidado o diligencia de los directores, para estimar que las faltas a estos deberes deben ser sancionadas administrativamente por incurrir en una infracción a la Ley de Sociedades Anónimas. De modo que no se sanciona por la infracción a la ley, sino, por una infracción a un deber de cuidado, lo que es un terreno arbitrario y de dudosa legalidad. En el presente trabajo se revisará las bases regulatorias de los órganos fiscalizadores, los cambios al sistema y, finalmente, proponer algunas soluciones a las carencias del mismo.