Con la llegada en vigencia del régimen laboral especial de la Ley de Micro, Pequeñas y Medianas empresas se instituyó un marco regulatorio orientado a aumentar la competitividad y formalización de estas empresas a través del establecimiento de políticas de alcance general, entre las cuales se encuentra el establecimiento de un régimen laboral especial y la promoción de un entorno favorable para la creación, formalización de estas empresas. Pese a que el régimen MYPE consistió en disminuir los derechos laborales para contribuir en la formalización de las empresas y trabajadores, tres de cada cuatro trabajadores de la población económicamente activa ocupada (PEA ocupada) tienen empleo informal, siendo las microempresas las que ostentan el mayor porcentaje de informalidad laboral (88% de la PEA ocupada con empleo informal se ubica en este sector) (INEI, 2019, pág. 75) . El empleo informal termina afectando a los trabajadores de este sector pues se encuentran desprovistos de sus derechos laborales y de la seguridad social. Además de la informalidad laboral, las mínimas condiciones de trabajo, la limitación económica, la baja productividad en este sector y la deficiente gestión de la seguridad y salud en el trabajo, son factores que limitan y hacen vulnerables a este sector frente a peligros y con ello riesgos en los casos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En ese contexto, resulta importante que el diseño normativo previsto para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las microempresas se encuentre dentro de los alcances de instrumentos internacionales, pues se trata de garantizar las condiciones esenciales de seguridad y salud para las trabajadoras y trabajadores en este sector. El sistema de gestión de seguridad y salud establecido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es inadecuado para las microempresas, pues resulta engorroso, complicado y poco comprensible de establecer e implementar, lo cual conlleva a que los empleadores incumplan con sus obligaciones y desprotejan la seguridad y salud de sus trabajadores. Los riesgos en el trabajo pueden presentarse tanto en las grandes como en las microempresas; no obstante, son estas últimas sobre las cuales se requiere un enfoque y ayuda urgente por parte de las instituciones en la medida de que las condiciones de trabajo resultan muchas veces precarias. Un entorno de trabajo seguro favorece la productividad en una empresa y promueve la competitividad en el mercado, situación favorable que se podrá lograr si se desarrolla una cultura de prevención de riesgos laborales y se establece un sistema de prevención de riesgos que sea apto y eficiente para las microempresas

La presente investigación tiene como propósito destacar la relevancia del cumplimiento de la vigilancia de la salud de los trabajadores para garantizar la salud de los trabajadores en el centro de trabajo. Esta obligación forma parte del deber de prevención del empleador; puesto que, este es el principal obligado de cumplir con dicho deber. En virtud de ello, los empleadores deben realizar la vigilancia de la salud; no obstante, tanto la LSST y el RLSST son instrumentos jurídicos que resultan insuficientes para poner en práctica dicho deber, por lo que se requiere desarrollar la normativa específica y la necesaria sobre esta materia. La investigación está basada en un estudio cualitativo que combina entrevistas a expertos y revisión de fuentes bibliográficas vinculadas al tema. Por lo tanto, se considera que esta investigación aporta generando un espacio de análisis donde se consolida la prioridad que ha de tener la vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de los empleadores y del Estado peruano. En consecuencia, pensar en una relación laboral en la cual no exista vigilancia de la salud de los trabajadores genera -a todas luces- una afectación al bienestar de los trabajadores.

El presente caso plantea el problema de determinar si el despido que realiza INDECO S.A al ex trabajador Juan Mendoza por las causales a) y f) del artículo 25 de la LPCL es válido. Esto implica determinar si es que obedece a una sanción proporcional y razonable por el incumplimiento e inobservancia de obligaciones laborales en Seguridad y Salud en el Trabajo y por el faltamiento de palabra en agravio de un compañero dentro del centro de trabajo. Para dicho análisis, se ha realizado una revisión del material probatorio, así como la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo nacional e internacional, doctrina especializada y jurisprudencia. Específicamente, se evaluará la existencia de una situación de riesgo que no fue reportada (estar dentro de la máquina bunchadora), así como se evaluará la existencia o no de un faltamiento de palabra gestual, para lo que se analizarán sus elementos objetivos y subjetivos. Se concluirá que INDECO sí sancionó con razones suficientes y de forma proporcional al ex trabajador Juan Mendoza, ya que incumplió normativa laboral de SST. Sin embargo, en el caso del faltamiento de palabra en la modalidad gestual, concurre el elemento objetivo, más no el subjetivo, por lo que se debe desestimar para ser causal de despido. / The present case raises the problem of determining whether the dismissal by INDECO S.A of the former worker Juan Mendoza for reasons a) and f) of article 25 of the LPCL is valid. This involves determining whether it is due to a proportional and reasonable sanction for non-compliance and non-observance of labor obligations in Safety and Health at Work and for the gestural insult to the detriment of a colleague within the workplace. For this analysis, a review of the evidentiary material has been carried out, as well as the national and international regulations on Safety and Health at Work, specialized doctrine and jurisprudence. Specifically, the existence of a risk situation that was not reported will be evaluated (being inside the bunching machine), as well as the existence of a gestural grievance will be evaluated, for which its objective and subjective elements will be analyzed. It will be concluded that INDECO did sanction the former worker Juan Mendoza with sufficient reasons and proportionally, since he failed to comply with OSH labor regulations. However, in the case of gestural grievance, the objective element is present, but not the subjective one, so it must be rejected to be grounds for dismissal.

Mantener los estándares de seguridad y salud, en los ambientes donde las personas realizan sus labores, es una de las principales preocupaciones y metas que tienen las autoridades de cualquier estado, esto se hace incluso más crítico en aquellos sectores donde se desarrollan actividades laborales de alto riesgo, tal como sucede en el caso de la actividad que se realiza en las obras de construcción civil, es por ello que el rol fiscalizador del Estado se convierte en una función, más que vital, para salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades. En este orden de ideas, en este trabajo, presento como se vienen realizando las labores de fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo en el sector de la construcción civil, ello a través del estudio y descripción de las principales normativas nacionales en materia de seguridad y salud, de la inspección laboral y de las normas específicas que regulan las medidas de seguridad que deben adoptarse en el sector construcción, identificando asimismo que existen dos entidades del estado, (la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y los Gobiernos Locales), que son independientes, la una de la otra, pero que vienen realizando las mismas funciones de fiscalización en materia de cumplimiento de esta normativa. Finalmente, procedo a identificar las posibles contingencias que pudieran generarse al contar con dos organismos del estado realizando esta misma función de fiscalización, culminando con la sugerencia de posibles soluciones que ayudarían a lograr una fiscalización más eficiente en este importante sector. / Trabajo de investigación

Este trabajo analiza el caso de Casación Laboral N.º 13016-2022-LIMA, enfocado en el despido del señor Juan Miguel Mendoza Gómez por parte de INDECO S.A., tras un incidente grabado en video en el que se observa una broma laboral. Se examinan los fundamentos jurídicos del despido, la interpretación de la falta grave según el artículo 25 en los incisos a) y f) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), y la resolución de la Corte Suprema. El análisis aborda la interacción entre la normativa de seguridad y salud en el trabajo y las políticas de despido, así como la protección de los derechos laborales. El caso se centra en determinar si los gestos realizados por el señor Mendoza constituyen un faltamiento de palabra en el contexto laboral, y si las acciones de la empresa fueron proporcionales y justas. A través de este estudio, se enfatiza la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, especialmente en situaciones que pueden parecer triviales, como las bromas laborales. Se destaca cómo estas pueden derivar en conflictos serios y en la interpretación de faltas graves. Esta investigación proporciona una visión integral sobre cómo los tribunales interpretan y aplican la legislación laboral en situaciones concretas, y subraya la relevancia de un entorno de trabajo seguro y respetuoso. / This paper analyzes the Labor Cassation No. 13016-2022-LIMA case, focused on the dismissal of Mr. Juan Miguel Mendoza Gómez by INDECO S.A., following a recorded workplace prank incident. It examines the legal grounds for the dismissal, the interpretation of gross misconduct under Article 25, subsections a) and f), of the Labor Productivity and Competitiveness Law (LPCL), and the Supreme Court's decision. The analysis explores the interaction between occupational safety and health regulations and dismissal policies, as well as the protection of labor rights. The case centers on determining whether Mr. Mendoza's gestures constituted a verbal offense in the workplace context and whether the company's actions were proportionate and fair. This study emphasizes the importance of workplace safety and health, especially in seemingly trivial situations like workplace pranks. It highlights how these can lead to serious conflicts and the interpretation of serious offenses. This research provides a comprehensive view of how courts interpret and apply labor legislation in specific situations and underscores the significance of a safe and respectful work environment.