Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo realiza un análisis crítico al objeto social único o exclusivo de las empresas de servicios públicos. Para ello analizamos en cada industria: telecomunicaciones, gas, electricidad y servicios sanitarios, en qué consiste dicha restricción, las circunstancias sociales, políticas, económicas y jurídicas bajo las cuales fueron impuestas y cuáles son sus fundamentos. Luego ponemos sobre el tapete los nuevos negocios realizados por dichas empresas, que pueden o no estar circunscritos dentro del giro social determinado por ley, para luego exponer cuales son los riesgos y beneficios que conlleva la ampliación del objeto social. Por último, exponemos los resguardos existentes en las diferentes leyes sectoriales para impedir, aminorar o sancionar los posibles efectos negativos que dicha práctica conlleva, concluyendo finalmente si se justifican dichas limitaciones o bien existen otras formas de obtener los mismos objetivos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Hace unos pocos años se inauguró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile la cátedra de “Regulación de Servicios Públicos”. Este ámbito de materias, no obstante el cariz estrictamente administrativista de la expresión, tradicional como se sabe en el Derecho Administrativo, representa un área que bien podría calificarse de nueva para el mundo de quienes nos dedicamos al derecho en Chile, pues tradicionalmente (en los últimos treinta años) ha sido abordado desde -y ha estado entregada al trabajo riguroso- de la ciencia económica. Desde que se pusieron en marcha en nuestro país, en plena dictadura militar, los procesos de liberalización, privatización y desregulación, han sido los economistas quienes han dedicado sus metódicas páginas a la discusión acerca de los temas que atingen al establecimiento de las reglas que informan el funcionamiento correcto de los mercados y de los agentes que operan a sus sombras. Sin embargo es ésta un área de la que no podemos dimitir quienes tenemos inquietud por lo público. En efecto, como veremos, antes de ser una cuestión que surge de la maximizadora racionalidad económica (transformación metodológica de la economía posterior a Smith y asociada al utilitarismo), la regulación –cualquiera sea su apellido- es eminentemente producto de un determinado “diseño constitucional finalizado”, el cual representa un compromiso ideológico y axiológico, histórico y comunitario, que hace referencia a valores e intereses compartidos que la sociedad realiza performativamente mediante su institucionalización y exigibilidad jurídica. Luego, y en un segundo nivel, depende de un complejo entramado jurídico de intervenciones administrativas construido a partir de ese diseño. Y eso es, a todas luces, una tarea en la que no pueden estar ajenos aquellos que trabajan en esos procesos y quienes tenemos inquietud por lo público. Como ha dicho el profesor español Jaime Rodríguez-Arana “los que cultivamos el Derecho Administrativo tenemos que levantar la voz y clamar que el interés general no ha muerto a manos de la eficacia del mercado. Más bien, el mercado debe entenderse, desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, en un marco de interés general que garantice el equilibrio entre poder y libertad"

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El siguiente trabajo busca determinar cuál es la misión que debe cumplir TVN y de qué modo puede llevarse a cabo satisfactoriamente a través de las modificaciones que requiere su normativa en aspectos como su objeto, obligaciones financiamiento y la composición de sus órganos directivos