Mediante el presente estudio se procede a analizar a la disciplina jurídica de ética profesional que rige en el Mercado de Valores a efectos de poder determinar no ya sólo cuáles son los deberes profesionales que son susceptibles de producir y las controversias que pueden albergar, sino también para poder advertir si pueden, en fin, ser utilizados o no más allá del marco disciplinario administrativo que lo acoge. Esto es, si el propio cliente inversor puede ver en ellas un mecanismo jurídico de protección directo, y no como simple fin último que justifique su existencia, en el sentido de dotarle de capacidad actora para ejercitar una acción civil de responsabilidad en el caso de producirse un incumplimiento de las mismas ocasionado por una completa falta de ejecución de lo que es debido o por la ejecución de la prestación de forma defectuosa, y que como consecuencia de ello, se le provocasen unos daños y perjuicios.