Rafael Correa llega al poder en el año 2006 como una alternativa a los gobiernos neoliberales y propone un proyecto revolucionario para construir una sociedad más igualitaria y equitativa. Para ello se alía con el movimiento indígena; recoge sus propuestas y se presenta como un gobierno de izquierda que representa a los intereses de los excluidos. Roto la alianza, al poco tiempo de haber iniciado su gobierno, el movimiento indígena le acusa de alentar una política extractivista y de ser discriminatorio y racista en contra de su organización. Esta investigación de corte netamente cualitativa, por un lado, analiza el discurso emanado desde el poder a través de las sabatinas (informe semanal a sus mandantes); y por otro, ausculta también el criterio de los propios dirigentes indígenas con el fin de comprobar si la declaratoria de país plurinacional e intercultural, incorporada en la Constitución reformada por Rafael Correa, que ofrece construir un país más igualitario, equitativo y libre de discriminación, se cumple o no. Para el efecto se analizan 500 enlaces ciudadanos, de los cuales se seleccionaron 50, relacionados todos a la temática del movimiento indígena. También se entrevistaron a 26 líderes y lideras indígenas, bajo el criterio de saturación de información, con el fin de conocer si la política pública implementada por el gobierno y sus principios epistemológicos como el Sumak Kausay que transversalizan la Constitución y que fue acogido por el gobierno como suyo ha mejorado su situación. Los resultados de la investigación revelaron que el discurso al estar en permanente conflicto político entre actores con intereses contrapuestos, éste se vuelve de confrontación, muy parecido a la “contienda”; y en ese marco se evidenció que si se vierten desde el poder calificativos negativos con una fuerte connotación racista y de discriminación en contra de los indígenas y sus dirigentes. Pero también más allá del discurso se constata que las diferencias son también programáticas, ontológicas y epistémicas. Tienen que ver con modelos y paradigmas diferentes en relación a la forma de concebir la naturaleza, la vida y el desarrollo. Por otro lado, se evidencia que la confrontación también se extiende a las acciones del ejercicio o del poder, lo que revela el carácter performativo que tiene el discurso. La decisión del gobierno de concesionar extensas áreas para la exploración y explotación minera y petrolera se topa con la oposición firme de los indígenas y sus dirigentes para frenar esas pretensiones, quienes convocan a paros y movilizaciones. Como consecuencia de esto el gobierno arremete en contra de sus dirigentes y se aplica la ley con mano dura, razón por la que termina criminalizando la protesta social, acusándoles de terrorismo y sabotaje. Todas estas expresiones son consideradas como discriminatorias y racistas por los dirigentes y sus bases. Primero, porque atenta a su hábitat con su política minera, una forma de cometer racismo ambiental. Segundo, porque da cuenta de la justicia que tiene a su alcance para perseguir y encarcelar a sus dirigentes, una acción de discriminación por su forma de abusar del poder. Tercero, porque a través de sus habituales sabatinas humilla a sus detractores descalificándoles e insultándoles. Por todo esto la declaratoria de país plurinacional e intercultural para los indígenas no les ha significado mayor aporte porque el gobierno no aplicó ni puso en práctica estas nociones, por el contrario, aducen que este acogió sus propuestas, pero lo acopló a su manera desvirtuándolas y vaciándolas de sentido. Para ellos estas categorías son verdaderamente revolucionarias que interpelan a la estructura colonial y dominante del Estado, lugar donde ubican al gobierno de Rafael Correa con su política de la Revolución Ciudadana o del “Socialismo del Siglo XXI”.