Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo investigativo tiene por objeto indagar sobre el control jurisdiccional de los Tribunales Superiores de Justicia a los actos de la Administración del Estado enmarcados en el procedimiento disciplinario de sumario administrativo, por medio del estudio de los fallos de recursos de protección pronunciados por la Corte Suprema de Justicia durante el quinquenio 2010 – 2015, y de esta manera, determinar la eficacia de la acción constitucional como mecanismo de control del procedimiento administrativo. En el primer capítulo nos referiremos al marco teórico de la investigación, revisando de manera somera los tópicos fundamentales tanto de la acción de protección como del sumario administrativo, y como estas instituciones se relacionan en el marco del control jurisdiccional de los actos de la Administración. En el segundo capítulo presentaremos los antecedentes, el desarrollo y los resultados de la investigación, en donde se recopilaron, clasificaron y tabularon 258 fallos de apelaciones de recursos de protección conocidos por la Corte Suprema. En el tercer capítulo, representaremos el análisis de cada fallo estudiado a través de fichas resúmenes individuales que dan cuenta de los fundamentos de la decisión en cada caso. Para finalizar, presentaremos algunas consideraciones a modo de conclusión, a la luz de los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El acceso a la información pública constituye uno de los más importantes hitos de los últimos años para los Estados a nivel mundial. El conocimiento por parte de la ciudadanía de los actos y decisiones que ejecutan las autoridades se ha transformado en una exigencia a nivel internacional, lo cual según algunos, es básico para consolidar los regímenes democráticos por la fiscalización que pueden hacer los gobernados a sus gobernantes. Lo anterior se ha dicho, es consecuencia del empoderamiento social. Chile no se ha quedado atrás en estas iniciativas, por lo que paulatinamente nuestra legislación se ha ido adaptando a las nuevas perspectivas, en parte a raíz de diversos casos de corrupción política que han acontecido y de la incorporación de nuestro país a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que exige la adecuación de nuestra normativa a ciertos estándares de Derecho Internacional. Una de las iniciativas más relevantes fue la dictación de la Ley Nº 20.285 el año 2009, consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo artículo 8º de la Constitución Política, donde se elevan a rango constitucional los principios de publicidad y transparencia que antes si bien es cierto, habían sido objeto de debate e incluso de dictación de importantes leyes como la Ley Nº 19.6531 y la Ley Nº 19.880, no satisfacían en forma suficiente la necesidad de establecer un sistema sólido de bases democráticas. En consecuencia se llegó a la conclusión de que la idea de legislar sobre el acceso a la información pública, la transparencia, la publicidad y la probidad no debía quedar solamente en el plano de una ley común, y por lo tanto, se planteó la necesidad de estar regulados por la Carta Fundamental.