El controvertido régimen laboral especial de la contratación administrativa de servicios y la creación del título valor denominado factura negociable serán los protagonistas en este trabajo de investigación que tiene por objeto demostrar que ambos regímenes son incompatibles entres si, dado que uno de ellos puede colisionar directamente con los derechos que cautela el otro. INTRODUCCIÓN Para tal fin, este trabajo de investigación se sustenta en que la circulación del título valor factura negociable debe restringirse únicamente a facturas o boletas comerciales más no a recibos por honorarios, en el supuesto de que un trabajador contratado bajo el régimen del contrato administrativo de servicios transfiera su recibo por honorarios mediante endoso a un tercero, produciéndose una novación subjetiva de obligación, ya que pasamos de una obligación laboral a una netamente comercial. Sin embargo; cabe precisar que lo que transfiere el trabajador no es solo una suma de dinero sino que esa suma de dinero incorpora su remuneración, la misma que en nuestro ordenamiento ha sido elevada a rango constitucional calificándosele como irrenunciable y estableciéndose ciertas reglas para su disposición. En ese sentido nos encontramos ante una disyuntiva entre el derecho comercial y el laboral, entre la libre circulación y autonomía de un título valor contra la intangibilidad de la remuneración. Par tal fin, en esta investigación se utilizará diversos métodos, como el metodológico explorativo, ya que al haberse escrito poco sobre el tema es necesario hacer un análisis explorativo detallado. Luego de ello se analizarán ambos supuestos para que una vez expuestos sean confrontados, demostrándose que ambos son incompatibles entre sí en el extremo anteriormente señalado. En principio, se iniciará con el análisis de la factura negociable en la legislación peruana, señalando los antecedentes de la misma y su naturaleza jurídica. La segunda sección tiene por objeto analizar de manera general la protección de la remuneración en nuestro ordenamiento nacional. Finalmente, se contrastará la incompatibilidad existente que originaría una colisión entre el derecho cambiario y el derecho laboral. / Tesis

El controvertido régimen laboral especial de la contratación administrativa de servicios y la creación del título valor denominado factura negociable serán los protagonistas en este trabajo de investigación que tiene por objeto demostrar que ambos regímenes son incompatibles entres si, dado que uno de ellos puede colisionar directamente con los derechos que cautela el otro. INTRODUCCIÓN Para tal fin, este trabajo de investigación se sustenta en que la circulación del título valor factura negociable debe restringirse únicamente a facturas o boletas comerciales más no a recibos por honorarios, en el supuesto de que un trabajador contratado bajo el régimen del contrato administrativo de servicios transfiera su recibo por honorarios mediante endoso a un tercero, produciéndose una novación subjetiva de obligación, ya que pasamos de una obligación laboral a una netamente comercial. Sin embargo; cabe precisar que lo que transfiere el trabajador no es solo una suma de dinero sino que esa suma de dinero incorpora su remuneración, la misma que en nuestro ordenamiento ha sido elevada a rango constitucional calificándosele como irrenunciable y estableciéndose ciertas reglas para su disposición. En ese sentido nos encontramos ante una disyuntiva entre el derecho comercial y el laboral, entre la libre circulación y autonomía de un título valor contra la intangibilidad de la remuneración. Par tal fin, en esta investigación se utilizará diversos métodos, como el metodológico explorativo, ya que al haberse escrito poco sobre el tema es necesario hacer un análisis explorativo detallado. Luego de ello se analizarán ambos supuestos para que una vez expuestos sean confrontados, demostrándose que ambos son incompatibles entre sí en el extremo anteriormente señalado. En principio, se iniciará con el análisis de la factura negociable en la legislación peruana, señalando los antecedentes de la misma y su naturaleza jurídica. La segunda sección tiene por objeto analizar de manera general la protección de la remuneración en nuestro ordenamiento nacional. Finalmente, se contrastará la incompatibilidad existente que originaría una colisión entre el derecho cambiario y el derecho laboral.

El Título de Crédito Hipotecario Negociable (TCHN), puede ser utilizado de manera eficiente y extensa en el mercado de créditos hipotecarios para vivienda o está reservado para el mercado de créditos comerciales? Para lograr su plena operatividad, es suficiente modificar algunos problemas identificados en la estructura legal del TCHN? Para responder a esas preguntas, en primer lugar realizamos un análisis estructural del título, a través de sus antecedentes, principios y normas, los que en conjunto debieran otorgar coherencia interna al modelo jurídico, esta primera aproximación nos permite hacer notar algunas inconsistencias que deben ser corregidas; luego, bajo el método cualtitativo, sustentado en entrevistas y estudio de dos casos de negocio, realizamos un análisis funcional del TCHN, perspectiva que agrega un valor singular a la investigación, porque nos permite ir más alla de los espacios tradicionales de análisis jurídico, y es particularmente útil en situaciones disfuncionales como la que enfrenta el TCHN. Finalmente, la complementariedad de esas dos perspectivas, nos permiten llegar a una síntesis crítica y alcanzar finalmente propuestas de mejora, tanto en el aspecto estructural como funcional del título, que desde nuestra perspectiva pueden posicionar al TCHN como un instrumento valioso en el mercado secundario de créditos, sin perder de vista el necesario reforzamiento que las regulaciones de vivienda merecen. / Tesis

La presente investigación tuvo por objetivo establecer las razones jurídicas que justifican la modificatoria del art 76.1 de la ley 27287, en relación a la prórroga del plazo de protesto, en los supuestos de hecho fortuito o fuerza mayor que afecten a las personas naturales y jurídicas no sujetas a la supervisión de la SBS. Para ello, fue necesario explicar las teorías que sirvieron de sustento para su desarrollo como lo es: la teoría general de títulos valores y la teoría contractual moderada; se procedió también a explicar las figuras jurídicas de hecho fortuito o fuerza mayor y su implicancia tanto en jurisprudencia nacional como comparada. Añadido a ello, se precisó los supuestos en las que se sería aplicable la prórroga del plazo de protesto cuando se adviertan hechos fortuitos o de fuerza mayor que sean extraordinarios, imprevisibles e irresistibles, para finalmente establecer que la modificatoria del articulo 76.1 traerá consigo que los títulos valores que se encuentren en dominio de personas naturales y jurídicas no sujetas a la supervisión de la SBS, no pierdan su mérito ejecutivo y como consecuencia se salvaguarde las acreencias de estas, con ello además se evitará que no continúe la situación diferenciada que hoy en nuestro ordenamiento jurídico persiste y que en hechos extraordinarios como los acontecidos por la declaratoria del Estado de emergencia provocada por la covid-19 su aplicación resulta insuficiente.

La titulización de activos es un mecanismo de financiamiento fuera de balance a través de la transformación de activos ilíquidos (o poco líquidos) en activos muy líquidos, el cual constituye una alternativa a las fuentes de financiamiento más tradicionales. Sin embargo, la excesiva protección otorgada por la regulación de mercado de valores vigente, ha permitido que dicha figura sea utilizada a encubrir ciertos negocios y blindar determinados bienes, originando situaciones de fraude en perjuicio de terceros. El presente documento busca: (i) brindar una breve presentación respecto de la aparición y esencia de la figura de la titulización de activos, (ii) exponer las diversas acepciones teóricas de la titulización de activos, así como el concepto recogido por la normativa vigente, (iii) explicar los aspectos distintivos presentes en los proceso de titulización de activos, (iv) explicar el régimen vigente de protección a los inversionistas de los valores emitidos en virtud de los procesos de titulización de activos, así como el razonamiento y justificación detrás de dicha protección, (v) evidenciar cómo el artículo 298° de la Ley de Mercado de Valores otorga una protección excesiva a los inversionistas en titulizaciones privadas, en comparación con la protección al adquirente de buena fe regulada en la normativa civil (vi) demostrar a través de la presentación de determinadas estructuras que, en la práctica, el fideicomiso de titulización privada, al amparo del artículo 298° de la Ley de Mercado de Valores, viene siendo utilizado para dotar de protección a determinados activos, desnaturalizando la figura de la titulización y evitando que terceros adecuadamente legitimados (acreedores del Originador) puedan ejercer sus derechos en contra de tales activos, y (vii) presentar algunas modificaciones normativas esenciales y determinados lineamientos que deberán ser implementados con la finalidad que otorgue una protección suficiente y adecuada a los inversionistas en titulizaciones privadas, sin ocasionar perjuicio a los acreedores de los Originadores. / Trabajo de investigación

El acceso al crédito es en definitiva uno de los más grandes obstáculos que podrían enfrentar las MIPYMES o emprendedores en general cuando quieren acceder a un financiamiento para crecer o iniciar un negocio. En ese contexto, aparece el Título de Crédito Hipotecario Negociable, también llamado “TCHN”, como una alternativa adicional de financiamiento en el Mercado de Valores. Este instrumento de deuda tiene aproximadamente más de 25 años en el mercado y nace como una innovación peruana; sin embargo, se han identificado algunas trabas y/o fallas, a las cuales se pretende dar solución en el presente trabajo de investigación, pero siempre enfocándose en una metodología de aplicación de Análisis de Impacto Regulatorio, ya que servirá para identificar las trabas o fallas en torno al instrumento, así como para también poder evaluar las posibles consecuencias que se podrían generar por las soluciones planteadas. En ese sentido, se propone que, solucionando las trabas o fallas identificadas, el TCHN podría competir sin ningún problema con otros instrumentos, y así iniciar un mayor dinamismo de financiamiento para las MIPYMES, pero en el Mercado de Valores.

En el presente informe se analizan los desaciertos y/o vicios de la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 11 del 04 de abril de 2016, correspondiente al Expediente N° 9737-2011 expedida por la Segunda Sala Civil Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta Sentencia establece que el silencio del ejecutante en un proceso obligación de dar suma de dinero tramitado en la vía ejecutiva, implica una aceptación tácita de los argumentos causales presentados por el ejecutado. Esta interpretación contraviene los principios fundamentales del proceso de ejecución civil peruano y distorsiona su naturaleza. La Sala pretende justificar su decisión argumentando que la ley sustantiva (artículo 19.2° de la Ley de Títulos Valores) permite al ejecutado oponer defensas causales durante la ejecución, obviando su obligación de realizar un rechazo liminar conforme al artículo 690- D, sin reflexionar adecuadamente sobre las consecuencias de sus decisiones. En ese contexto, la Sala intenta utilizar la presunción legal simple establecida en el artículo 442.2° para justificar su decisión y, de este modo, sustituir su actividad probatoria, aspecto que será analizado detalladamente en la presente. / This report analyzes the errors and/or flaws in the Judgment of Appeals contained in Resolution No. 11 dated April 4, 2016, related to Case No. 9737-2011 issued by the Second Civil Commercial Chamber of the Superior Court of Justice of Lima. This judgment establishes that the silence of the plaintiff in a sum of money obligation execution process implies tacit acceptance of the causal arguments presented by the defendant. This interpretation contravenes the fundamental principles of the Peruvian civil execution process and distorts its nature. The Court attempts to justify its decision by arguing that substantive law (Article 19.2 of the Securities Law) allows the defendant to raise causal defenses during execution, disregarding its obligation to summarily reject under Article 690-D, without adequately reflecting on the consequences of its decisions. In this context, the Court seeks to use the simple legal presumption established in Article 442.2 to justify its decision and thereby replace its probative activity, a matter that will be thoroughly examined in this report.