El presente informe tiene por objetivo realizar una valoración jurídica con enfoque de género de los aspectos sustantivos del caso Gladys Carol Espinoza Gonzáles vs. Perú. En 1993, Gladys Carol fue detenida, procesada y condenada durante la vigencia de una legislación antiterrorista de emergencia que suspendió garantías procesales y concedió máximas licencias a las fuerzas armadas y policiales, instituciones hiper masculinizadas y violentas. Para ello, tras la exposición de los hechos del caso (fondo, contexto y procedimiento) e identificar los problemas jurídicos, se procede a realizar el análisis del caso a partir de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en la materia. Se encuentra así que el Estado peruano incurrió en responsabilidad internacional por incumplir la obligación de proteger y garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la integridad personal y a la protección contra penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Gladys Carol. Interesa, a efectos de este trabajo, conocer los impactos diferenciados de estas vulneraciones en la vida de las mujeres desde un análisis interseccional, así como visibilizar nuevas aristas del caso que no fueron apreciadas en la resolución.

Desde el año 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (en adelante, UIFPerú) ejerce una potestad normativa que implica la intervención del derecho fundamental a la propiedad en casos de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, a través del denominado Congelamiento Administrativo de Fondos (en adelante CAF). Esta potestad se fundamenta principalmente en el peligro de pérdida o desvío de fondos vinculados al caso; es decir, que se activa siempre que se identifique en el investigado un comportamiento orientado a evitar que las autoridades nacionales apliquen medidas convencionales contra su patrimonio. El mecanismo de CAF ha tenido un gran impacto en las acciones de recuperación de activos ilícitos y de aseguramiento de posibles responsabilidades civiles, y se ha aplicado en personas que han ocupado altos cargos públicos. Sin embargo, la regulación de esta medida administrativa es bastante escueta y solo hay un pronunciamiento a nivel de Corte Suprema, vía casación excepcional, que ha fijado algunas reglas de interpretación y aplicación que no parecen ser suficientes. En esta investigación se plantean algunos criterios de base constitucional, para hacer viable la aplicación de esta medida administrativa, sin que ello suponga una intervención desproporcionada del derecho de propiedad; y, a la vez, satisfaga las necesidades del sistema de justicia de recuperar los fondos u otros activos de procedencia ilícita.

El presente artículo analiza la motivación que realizo del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Caso Reforma Magisterial 3, referido a la constitucionalidad de la destitución de docentes por haber sufrido condena por delito de terrorismo, apología del terrorismo y sus agravantes antes de incorporarse o reincorporarse a la carrera pública magisterial, establecida en el art. 49 literal c) de la Ley N° 29944. Se analiza los antecedentes que dieron origen a dicha medida; el desarrollo jurisprudencial del principio de resocialización, derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el derecho de educación; y la motivación del Colegiado a partir del esquema de Toulmin y el test de proporcionalidad. / This article analyzes the motivation that I make of the Constitutional Court in the sentence relapsed in the Magisterial Reform Case 3, refering to the constitutionality of the dismissal of teachers for having suffered a conviction for the crime of terrorism, apology for terrorism and its aggravating factors before joining or rejoin the public teaching career, established in art. 49 literal c) of Law No. 29944. The antecedents that gave rise to said measure are analyzed; the jurisprudential development of the principle of re-socialization, the right to free development of the personality, and the right to education; and the motivation of the collegiate from the Toulmin scheme and the proportionality test.