Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La prohibición de la tortura en el Derecho Internacional es ubicua. Es tal su presencia y consagración jurídica que podríamos decir que es al Derecho Internacional lo que la prohibición del incesto a la antropología social. Pocas veces ha existido un consenso tan generalizado en la comunidad internacional para institucionalizar, en términos prohibitivos, un tipo de conducta en el campo jurídico. A primera vista, la prohibición de la tortura concita la adhesión de todos los sectores políticos y de todos los regímenes institucionales, se trate o no de democracias, expresándose, en dicho consenso, un umbral que define una suerte de límite de civilización. Sin embargo, el consenso y consagración que encontramos a nivel jurídico no siempre encuentra un correlato efectivo en la práctica de todos los gobiernos. Particularmente, en ciertos períodos cruciales, cuando las crisis políticas o sociales se despliegan con toda su fuerza, se abre una brecha entre legislación y práctica. Es por ello que nos vemos obligados, de tanto en tanto, a volver sobre el consenso, sobre los supuestos, y a revisar, una vez más, aquello que dábamos por sentado. La dificultad de esta revisión radica en que enfrentarse a la tortura es siempre complejo, ya sea por las diversas aristas conceptuales que contiene dicho fenómeno, como por las consecuencias que tienen estas últimas en el campo de la ética. Y es que la tortura compromete al analista en el campo del valor, puesto que cualquier esquema conceptual que elabore en el plano teórico, tendrá consecuencias directas en los principios a través de los cuales entendemos la justicia y, con ella, el valor de la vida misma. No hay lugar pues para el observador distante, para el astrónomo de las cosas humanas, para entender la tortura desde el extrañamiento y la imparcialidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca evaluar la decisión de la Corte Penal Internacional de excluir los cargos de tortura en el caso contra Jean Pierre Bemba. Esta decisión fue tomada por la Corte a pesar que, desde una temprana etapa procesal, los hechos del caso indicaban la existencia de actos de violencia que causaron grave sufrimiento y daño físico y psicológico, cometidos con la intención de intimidar y castigar a las víctimas que en su mayoría eran mujeres; lo que podía constituir crímenes de tortura como crimen de guerra y lesa humanidad. Luego de establecida la obligación de la Corte de aplicar una perspectiva de género para identificar, investigar y eventualmente castigar las conductas que enfrente conforme al principio de igualdad y a las normas particulares que regulan a la Corte, se expondrán los hechos que fueron probados en el caso, para hacer una revaloración jurídica de ellos conforme a dicha perspectiva. Al revalorar los hechos aplicando el test creado por los tribunales ad hoc para los casos de condena múltiple, se comprobará que es posible la concurrencia conjunta de la violación y la tortura como crímenes de guerra, mas no como crímenes de lesa humanidad. Además, se comprobará que las demás agresiones físicas y mentales infringidas, que superan a la penetración forzosa, son constitutivas de tortura como crímenes de lesa humanidad y de guerra, reconociendo en este último el motivo de discriminación basada en género. Finalmente, se explicará que la importancia de incluir a la tortura en la sentencia condenatoria, considerando todos los actos de violencia cometidos, no se limita a los fines de la pena de prevención y retribución, sino que se extiende a la necesidad de reestablecer el derecho de las víctimas, evitando que sea normalizado cualquier acto de violencia contra la mujer por su condición de tal. / 15/01/2019