El principio de legalidad penal juega un rol importante dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho. Es en el ámbito del derecho penal donde cobra mayor relevancia en la medida que el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, sobre todo el ejercicio de la libertad personal, depende, en cierta forma, del respeto del principio de legalidad penal, ya que éste implica que los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer, previamente, los actos que constituyen delito y la sanción penal correspondiente. De esta manera, el principio de legalidad refuerza la seguridad jurídica en un Estado constitucional de derecho. La presente investigación postula la hipótesis que el principio de legalidad penal comprende el derecho internacional como el derecho interno, de modo que, ante un vacío, omisión o deficiencia en la legislación interna, los crímenes internacionales del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueden aplicarse directamente. Se persigue como objetivo, entonces, determinar el alcance y contenido del principio de legalidad en el ámbito del derecho y la jurisdicción internacionales. Para lograr este objetivo, se utilizan las herramientas del método dogmático y el estudio y análisis de la bibliografía jurídica relacionada con el tema, recurriendo a la búsqueda y análisis comparativo de las normas internacionales sobre Derechos Humanos, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, vinculados con el principio de legalidad penal. Se arriba a la siguiente conclusión: desde la perspectiva del derecho internacional, el contenido del principio de legalidad penal está conformado no sólo por el derecho interno sino también por el derecho internacional, por lo que es viable aplicar directamente los crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma frente a una legislación interna deficiente o que omite tipificarlos. / Tesis

Tesis

En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional oficializó el pase de la fase de examen preliminar a la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes cometidos en Venezuela desde 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos. Un año antes, en noviembre de 2020, la Carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad española Alfonzo X el Sabio, organizaron el Foro titulado “La Corte Penal Internacional y las situaciones sobre Venezuela”. El presente libro recoge las ponencias de este evento, las cuales componen un contenido importante pues se convierten en doctrinas para el Derecho Internacional y muy en particular para la joven Corte Penal Internacional, a donde fueron enviados los resultados de este evento.

La sentencia de la Sala VIII de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional (CPI) que declara al ciudadano maliense Ahmad Al Faqi Al Mahdi culpable de haber cometido el crimen de “dirigir intencionalmente ataques” contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos, marca un hito por ser la primera vez que dicho tribunal emite una condena por la destrucción intencional de bienes culturales. Sin embargo, la correcta imputación del crimen referido depende de que la conducta atribuida a Al Mahdi constituya un “ataque” de conformidad con el artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma. El presente trabajo analiza la idoneidad del sentido atribuido en la sentencia al término “ataque” a la luz de la definición del mismo en los tratados de derecho internacional humanitario y derecho penal internacional relevantes, de la jurisprudencia de la propia CPI y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y de la doctrina de los publicistas especializados. Dicho análisis permite concluir que la sentencia contraviene la definición del término “ataque” contenida en el derecho internacional humanitario, el sentido atribuido a dicho término en el artículo 8 del Estatuto de Roma y los principios relativos a la interpretación de los crímenes consagrados en el artículo 22(2) del mismo.

El Estatuto de Roma, entró en vigor el 01 de julio del 2002, es aquel instrumento internacional que instituye la creación de la Corte Penal Internacional, la misma que tiene competencia para juzgar crímenes especialmente graves en el ámbito internacional. En su artículo 5 se establece que tendrá competencia para juzgar a los individuos responsables de la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión. A pesar que contempla los crímenes antes mencionados, no considera al delito de terrorismo como parte de su competencia, puesto que se debe a la falta de consenso entre los países para definir, de forma pacífica, al terrorismo, estableciendo requisitos que permitan la diferenciación con otros crímenes internacionales. Al respecto, el terrorismo se considera como uno de los crímenes internacionales más graves para la Comunidad Internacional, pues constituye tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional un acto que tiene como medio, ejercer la violencia con la finalidad de hacer prevalecer intereses políticos, ocasionando pérdidas humanas que degradan, infunden terror e intimidan a la sociedad civil aplicándose sin reserva o preocupación moral alguna. Asimismo, el terrorismo está ubicado dentro de la categoría de los crímenes de derecho internacional, motivo por el cual debe ser un tema fundamental la necesidad de incluirlo en el Estatuto de Roma como crimen específico. La inclusión del delito de terrorismo en el Estatuto de Roma conllevará a abordar las siguientes ventajas: mayor persecución de los delitos terroristas a nivel internacional, disminución de los niveles de impunidad en la sociedad y, mayor efectividad del derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas.

El principio de legalidad penal juega un rol importante dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho. Es en el ámbito del derecho penal donde cobra mayor relevancia en la medida que el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, sobre todo el ejercicio de la libertad personal, depende, en cierta forma, del respeto del principio de legalidad penal, ya que éste implica que los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer, previamente, los actos que constituyen delito y la sanción penal correspondiente. De esta manera, el principio de legalidad refuerza la seguridad jurídica en un Estado constitucional de derecho. La presente investigación postula la hipótesis que el principio de legalidad penal comprende el derecho internacional como el derecho interno, de modo que, ante un vacío, omisión o deficiencia en la legislación interna, los crímenes internacionales del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueden aplicarse directamente. Se persigue como objetivo, entonces, determinar el alcance y contenido del principio de legalidad en el ámbito del derecho y la jurisdicción internacionales. Para lograr este objetivo, se utilizan las herramientas del método dogmático y el estudio y análisis de la bibliografía jurídica relacionada con el tema, recurriendo a la búsqueda y análisis comparativo de las normas internacionales sobre Derechos Humanos, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, vinculados con el principio de legalidad penal. Se arriba a la siguiente conclusión: desde la perspectiva del derecho internacional, el contenido del principio de legalidad penal está conformado no sólo por el derecho interno sino también por el derecho internacional, por lo que es viable aplicar directamente los crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma frente a una legislación interna deficiente o que omite tipificarlos.

La persecución y sanción de crímenes internacionales enfrenta aparentemente una barrera en el Perú: el principio de legalidad. Dado que no están implementados (o no lo están debidamente) en el derecho interno, aplicarlos directamente desde el derecho penal internacional es para un nutrido sector de la doctrina, un imposible jurídico que solo podría solucionarse si antes se tipifican correctamente en el Código Penal o en una ley penal especial. Ello, a fin de garantizar el fiel cumplimiento del nullum crimen sine lege, en virtud del cual el Estado -se sostiene- sólo puede sancionar penalmente las conductas calificadas como delito antes de su comisión en una ley previa, estricta, escrita y clara. La presente investigación parte de la premisa que, al día de hoy, es insuficiente la respuesta que ofrece el principio de legalidad estricta y formal al momento de investigar y procesar hechos que califican como crímenes internacionales ocurridos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La impunidad generada en ciertos casos, los vacíos legales y el desconocimiento del real desvalor de dichas conductas lleva a la autora de este trabajo a optar por una salida que permita revertir este escenario y con ello, garantizar de manera idónea las obligaciones internacionales de investigar, perseguir y sancionar tales hechos, en conformidad con los principios constitucionales del derecho penal. Esta tesis propone, así, una interpretación alternativa del principio de legalidad que, primero, reivindique el fundamento material que lo legitima, según el cual la ley penal, antes de ser un mandato de autoridad, debe ser la válida expresión de una conducta merecedora de sanción penal solo en tanto salvaguarda de bienes jurídicos fundamentales, y segundo, que recoja el sentido que de este brinda el derecho internacional, cuyas fuentes -tratados, costumbres y principios- finalmente autorizan la prohibición de los crímenes internacionales y obligan a los Estados vinculados a sancionar estos actos, por encima, incluso, de su legislación interna. Esta nueva lectura habilita, por tanto, procesar los crímenes internacionales ocurridos en Perú, según la tipificación que recogen las fuentes de derecho penal internacional, conforme a un modelo de aplicación, aquí sugerido, para operadores del derecho.

El presente artículo intenta observar el principio de la responsabilidad del superior recogido en el artículo 28 del Estatuto de Roma, artículo que incluye las obligaciones de prevención y sanción, y dentro de estas las medidas idóneas y razonables para cumplir tales deberes. Estas medidas fueron mencionadas en la primera sentencia relacionada a este principio por la Corte Penal Internacional en el caso de Jean Pierre Bemba Gombo, tratando de encontrar la responsabilidad de este por la comisión de crímenes internacionales debido a la omisión de tomar tales medidas que se encontraban bajo su poder como superior. El trabajo busca encontrar el origen de estas medidas y su evolución junto a la doctrina de la responsabilidad del superior, desde el intento de normar los conflictos armados, pasando por los tribunales de las dos grandes guerras y tribunales ad hoc que contribuyeron con su desarrollo, hasta su consagración en el mayor instrumento de derecho penal internacional, el Estatuto de Roma. Finalmente, nos encontraremos ante la falta de alguna regulación o lista que pueda considerarse aplicable sin ser cuestionada por su legalidad dentro del derecho penal y así juzgar a los grandes responsables por la comisión de crímenes internacionales.

[Breve descripción del problema principal del caso, instrumentos normativos empleados y principales conclusiones. Su extensión debe ser de 200 a 250 palabras] Resumen del planteamiento de los problemas principal y secundarios Los problemas jurídicos principales que examina esta sentencia son: 1. ¿Es conforme a los artículos 77 y 78 del Estatuto de Roma, eficaz, proporcional y transparente el procedimiento usado por la Corte Penal Internacional para determinar las sentencias individuales por las 61 infracciones por las que Dominic Ongwen había sido encontrado culpable? 2. ¿Es conforme con los artículos 77 y 78 del Estatuto de Roma, es eficaz, es proporcional y es transparente por un lado la decisión de la Corte sobre la eliminación de la opción de cadena perpetua, y, otro lado, la decisión de la Corte de imponer 25 años de pena privativa de la libertad como pena total conjunta a Dominic Ongwen en base a las numerosas sentencias individuales por las que fue condenado? Principales instrumentos normativos empleado: Sentencia del caso Estatuto de Roma Reglas de Procedimiento y Evidencia Veredicto de la Corte sobre este mismo caso el del 4 de febrero del 2021 Veredicto y Sentencia de apelación sobre este caso del 15 de diciembre 2022. Jurisprudencia de la Corte (Bemba et al., Ntaganda, Lubanga) Decisiones dictadas por otros tribunales penales internacionales, como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Ex-Yugoslavia. Legislación de varios Estados. Posición del candidato/a sobre dichos problemas Varias decisiones anteriores de la Corte ya han comenzado a establecer los criterios necesarios para la determinación de una pena. Sin embargo, es la primera vez que una Corte pondera factores de atenuación tan fuertes como haber sido un niño soldado con crímenes tan graves con factores de agravación tan fuertes como los indicados en los cargos de acusación. La riqueza de esta decisión reside en ver cómo la Corte razona ante estos problemas. / Summary of the main and secondary issues: The main legal issues are: 1. Does the mechanism used by the ICC to determine the appropriate penalty comply with articles 77 and 78 of the Rome Statute? Is this mechanism effective? Is it proportionate and transparent? 2. Does the decision to exclude the option of life imprisonment and to punish Dominic Ongwen with 25 years of imprisonment comply with articles 77 and 78 of the Rome Statute? Is this mechanism effective? Is it proportionate and transparent? Main normative instruments used: • Sentence ICC from 6 of May 2021 for this case • The Rome Statute • The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court. • Verdict ICC from 4 of February 2021 for this case • Appeal Verdict & Sentence from 15 of December 2022 • Jurisprudence of the Court (Bemba et al., Ntaganda, Lubanga). • Decisions rendered by other international criminal tribunals, such as the International Criminal Tribunal for Rwanda and the one for the Former Yugoslavia. • National Legislation of various States. Candidate's position on these issues Several previous decisions of the Court have already begun to establish the criteria, which are required for choosing the right sentence. However, this is the first time that a Court has weighed such strong mitigating factors as having been a child soldier with such serious crimes against such strong aggravating factors as those indicated in the indictment. This case calls our attention because it will allow us to see the Court’s reasoning to find out a solution to these issues.

Los crímenes internacionales más repudiados y considerados por toda la Comunidad Internacional, son atentatorios para los bienes jurídicos fundamentales de la persona humana, motivo por el cual no deben ser la excepción dentro de nuestro Estado Peruano cuando se trata de su regulación a través de la normatividad interna, es así que con esta investigación buscaremos implantar criterios necesarios para una propuesta de regulación en crímenes que se encuentran regulados por el Derecho Internacional dentro del Estatuto de Roma, y de esta manera pueda verse regulado en nuestra normativa interna las características más relevantes de estos crímenes, como es la imprescriptibilidad de la acción penal y el despliegue de sus efectos jurídicos, a través de las funciones de investigación, persecución y ejecución por parte del Estado Peruano de aquellos responsables, sin atentar los derecho fundamentales de las familias de las víctimas a conocer las verdad, así como el principio de nullum crimen sine lege de los criminales.