Nuestro interés en investigar la capacidad para celebrar tratados en el Perú y la figura de los plenos poderes aplicada a la suscripción de acuerdos comerciales, tiene su origen en el trabajo realizado entre abril de 2012 y mayo de 2014 como funcionario de la Dirección General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esos dos años tuvimos la oportunidad de participar en algunas negociaciones comerciales, así como en los procesos para la celebración y entrada en vigencia de varios acuerdos de esta naturaleza. La experiencia nos permitió observar que existen algunos aspectos del régimen nacional de los tratados, incluido la autoridad para suscribirlos, que ameritan una evaluación a la luz de la práctica interna / Tesis

Los Estados a partir de la proclamación de la Carta de la Organización de Naciones Unidas empezaron a trabajar en la codificación de normas internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos, es así que hoy en día existen 9 (nueve) tratados internacionales fundamentales de derechos humanos1 y 9 (nueve) protocolos facultativos2. Estos tratados tienen la característica particular de contar con un Comité de expertos/as, el cual cumple la función de vigilar la implementación de las disposiciones de la Convención o Pacto que lo haya creado3. Los tratados mencionados y sus respectivos Comités, actualmente existentes4 conforman el Sistema Convencional de Derechos Humanos, o también denominado, Sistema de Tratados de Derechos Humanos, cuyo principal objetivo es asegurar la protección de tales derechos en el plano nacional por medio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados. De acuerdo a lo estipulado en los tratados, los comités por ellos creados, tienen asignadas diversas funciones relacionadas con la vigilancia de la manera en que los Estados aplican los tratados en que son parte; una de estas funciones se refiere a los informes que los Estados deben presentar periódicamente sobre las medidas que hayan adoptado para el efectivo cumplimiento de las disposiciones del tratado pertinente5. Esta función desarrollada por los 9 (nueve) Comités existentes crea todo un Sistema de Presentación de informes periódicos, tema sobre el cual versará el presente trabajo de investigación. / Tesis

Nuestro interés en investigar la capacidad para celebrar tratados en el Perú y la figura de los plenos poderes aplicada a la suscripción de acuerdos comerciales, tiene su origen en el trabajo realizado entre abril de 2012 y mayo de 2014 como funcionario de la Dirección General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esos dos años tuvimos la oportunidad de participar en algunas negociaciones comerciales, así como en los procesos para la celebración y entrada en vigencia de varios acuerdos de esta naturaleza. La experiencia nos permitió observar que existen algunos aspectos del régimen nacional de los tratados, incluido la autoridad para suscribirlos, que ameritan una evaluación a la luz de la práctica interna

Los Estados a partir de la proclamación de la Carta de la Organización de Naciones Unidas empezaron a trabajar en la codificación de normas internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos, es así que hoy en día existen 9 (nueve) tratados internacionales fundamentales de derechos humanos1 y 9 (nueve) protocolos facultativos2. Estos tratados tienen la característica particular de contar con un Comité de expertos/as, el cual cumple la función de vigilar la implementación de las disposiciones de la Convención o Pacto que lo haya creado3. Los tratados mencionados y sus respectivos Comités, actualmente existentes4 conforman el Sistema Convencional de Derechos Humanos, o también denominado, Sistema de Tratados de Derechos Humanos, cuyo principal objetivo es asegurar la protección de tales derechos en el plano nacional por medio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados. De acuerdo a lo estipulado en los tratados, los comités por ellos creados, tienen asignadas diversas funciones relacionadas con la vigilancia de la manera en que los Estados aplican los tratados en que son parte; una de estas funciones se refiere a los informes que los Estados deben presentar periódicamente sobre las medidas que hayan adoptado para el efectivo cumplimiento de las disposiciones del tratado pertinente5. Esta función desarrollada por los 9 (nueve) Comités existentes crea todo un Sistema de Presentación de informes periódicos, tema sobre el cual versará el presente trabajo de investigación.

El acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca consolidar una serie de leyes con el fin de asegurar medios que permitan una protección a los defensores ambientales, por medio de un acceso transparente a la información, a una participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Perú fue uno de los actores que impulsó la negociación y la suscripción de dicho acuerdo desde sus inicios, sin embargo, en el año 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú, votó por rechazar su ratificación a pesar del gran papel que tuvo en la arena política internacional. Sumado a esto, el Perú ha sido uno de los países con índices significativos de defensores ambientales asesinados por año, que, en el 2020, justamente fueron asesinados diecinueve en el primer semestre. Mediante ese contexto, se busca responder a la siguiente pregunta ¿Qué razones llevaron al Perú al rechazo de la ratificación del Acuerdo de Escazú a pesar de ser un actor importante en la negociación? Esto se responderá a partir del accionar de los Poderes del Estado involucrados en este tema de política exterior: por un lado, el accionar del Legislativo, compuesto por diversos actores que representan a diversos partidos políticos pero con una agenda similar; por otro lado, el Ejecutivo, que en dicho año, se presenciaba una crisis de legitimidad hacia el ex presidente Martín Vizcarra, y, por ende a su cartera ministerial, en los que, tanto Fabiola Muñoz como Mariano López Chávarri, Ministros del Ambiente y de Relaciones Exteriores, respectivamente, fueron los encargados de promover el Acuerdo de Escazú, pero que fallaron en dicho objetivo.