En el año 1996, en el marco de una nueva Constitución y régimen autoritario, el gobierno de Alberto Fujimori asoció por vez primera la educación con el lucro en el Perú mediante el Decreto Legislativo N° 882. Como consecuencia de esto y otros factores, las universidades privadas concentran más de la mitad del total de alumnos matriculados desde el año 2006. En especial, las universidades privadas con fines de lucro se convirtieron en actores importantes. En este nuevo contexto, el sistema universitario peruano engendró retadores del Estado; es decir, universidades peruanas que en mayor y menor medida han venido impugnando el derecho del Estado de implementar políticas públicas y regular el funcionamiento de las universidades. Un ejemplo representativo de retador del Estado es la Universidad Alas Peruanas, la universidad con más sedes y más alumnos matriculados a nivel nacional, y la primera en obtener del Tribunal Constitucional reconocimiento de exenciones tributarias por Impuesto a la Renta. A mediados del año 2014, ya bajo el gobierno de Ollanta Humala, la respuesta estatal a estos retadores fue la nueva Ley Universitaria N° 30220, que marcó la transición de una etapa de desregulación a una de regulación. Este cambio de paradigma dentro del mismo Estado neoliberal obliga, en su primera etapa, a toda universidad peruana a pasar por un proceso de licenciamiento institucional para seguir funcionando. Procedimiento a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Educación. Esta investigación busca responder a los factores que explican la estrategia dual de la UAP frente al requerimiento estatal del licenciamiento en el periodo 2011-2019. Dentro de la estrategia de resistencia, se observa una serie de acciones desplegadas en los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. La estrategia de adaptación comprende el cierre de la mitad de sedes y programas de pregrado, entre otras acciones. Finalmente, el tránsito de la primera a la segunda estrategia se explica por la capacidad de enforcement (hacer cumplir la norma) de la ley universitaria, los fracasos en el Poder Judicial, el papel de la sociedad civil y el debilitamiento de agrupaciones políticas aliadas.