En las últimas décadas Lima Metropolitana se ha desarrollado a nivel urbano de manera desordenada y desigual. Debido a la poca oferta de viviendas de bajo costo, un alto porcentaje personas han optado por autoconstruir sus propias casas de forma precaria y en ocupaciones ilegales del suelo. Hasta el año 2020 no existía una política de vivienda ni una ley de suelos que permita definir prioridades y estrategias destinadas a la implementación de viviendas sociales para reducir la brecha habitacional existente. En ese contexto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que la concesión onerosa de derechos de edificabilidad, como instrumento de gestión del suelo, resulta una alternativa viable para el financiamiento de viviendas sociales en el marco del cumplimiento progresivo del derecho a la vivienda para todos los ciudadanos. Para ello se utilizó el método de investigación del tipo dogmático-empírico interdisciplinario, centrándose en el derecho civil y derecho administrativo (en la especialidad del derecho urbanístico) y tomando aspectos vinculados a la Arquitectura y el Urbanismo. Teóricamente se desarrolló dos variables principales: i) derecho a la vivienda con la intensión de corroborar su reconocimiento por la Constitución Política vigente y el ii) derecho de propiedad y su vinculación con el derecho a edificar. La investigación concluye determinando la obligación del Estado en la promoción del derecho a la vivienda dentro del territorio peruano, y que el derecho a edificar es una facultad perteneciente al Estado (y no al propietario) quien es el encargado de generarlo, regularlo y limitarlo mediante la normativa urbanística. Por ende, la venta de mayores derechos edificables (superiores a los coeficientes básicos) resulta viable y con los recursos obtenidos financiar viviendas sociales para la población de menos recursos económicos.

Actualmente, resulta importante crear un escenario de debate en la que se pueda discutir sobre la necesidad de que se pueda regular en el Perú un estatuto de derechos y obligaciones del propietario del suelo, a través de un instrumento normativo matriz -como bien podría serlo una Ley de Suelos. Es por esta razón que el presente trabajo de investigación pretende identificar los derechos y obligaciones del propietario del suelo en el marco de la función social de la propiedad. Para ello, se determinará de forma previa si la función social de la propiedad tiene reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico. Para el desarrollo del presente artículo, se ha recurrido al derecho comparado con la finalidad de realizar un análisis comparativo y crítico de lo regulado en el Perú, respecto de los ordenamientos jurídicos de países como España, Argentina, Brasil y Colombia. En el Perú, en tanto existen profesionales del derecho y el urbanismo que han desarrollado investigaciones sobre la necesidad de una Ley de Suelos, abordaremos aquellos análisis para desarrollar nuestra propuesta de investigación. / Currently, it is important to create a forum for debate in which it is possible to discuss the need to regulate in Peru a statute of rights and obligations of the property owner, through a principal normative instrument -as could well be a Soil Law. It is for this reason that this research work aims to identify the rights and obligations of the land owner within the framework of the social function of property. For this, it will be determined in advance if the social function of the property is recognized in our legal system. For the development of this article, comparative law has been used in order to carry out a comparative and critical analysis of what is regulated in Peru, with respect to the legal systems of countries such as Spain, Argentina, Brazil and Colombia. In Peru, while there are legal and urban planning professionals who have developed research on the need for a Soil Law, we will address those analyzes to develop our research proposal.

La presente investigación analiza cuál es el bien jurídico que se protege en los delitos de usurpación agravada sobre los terrenos del Estado, indagando si es la posesión, la propiedad, el pacífico y tranquilo disfrute de un bien u otros bienes jurídicos. Para ello, es preciso analizar si la propiedad del Estado es inviolable e inalienable, si puede entrar en conflicto con el derecho a acceder a una propiedad y con el derecho de acceso a los servicios públicos básicos de las personas. Todo ello en un contexto constitucional en el que, en principio, el interés general sobre la propiedad tiene una cierta preeminencia sobre el particular, conforme lo regulan los artículos 70 y 73 de la Carta Magna. Así mismo, la presente investigación analiza la eficacia de la Ley N.º 30230, sobre recuperación extrajudicial de la propiedad estatal, y si la referida Ley es o no eficaz frente a los interdictos de recobrar y retener preceptuados en los artículos 603º y 606º Código Procesal Civil respectivamente, y la usucapión regulada en el artículo 950º del Código Civil. Este análisis, evidentemente, se realiza desde una óptica prioritariamente penal. Del mismo modo, se analiza jurídicamente las funciones del SBN en cuanto a la recuperación extrajudicial de los terrenos del Estado, y la repercusión sobre el incremento del delito materia de estudio. El presente trabajo de investigación está vinculado a una problemática delictiva de frecuente ocurrencia en el Perú: la usurpación agravada de terrenos del Estado. Prima facie, esto se debe a la gran extensión geográfica de nuestro país, en donde se producen constantemente invasiones de grandes extensiones de terrenos en situación de dejadez o abandono por parte del Estado; a lo que se suma la falta de control y deficiencia de las leyes.

El presente trabajo académico tiene como finalidad abordar, la problemática referida al fraccionamiento predial que comporta infracción a las normas de carácter urbanístico, evidenciado en la actuación de las municipalidades que autorizan mediante actos administrativos, independizaciones de predio rústico sin cambio de uso sin considerar el área mínima que deben tener las parcelas resultantes o subdivisiones de predios rústicos, es decir, sin previo cambio de uso, en las que incluso se incluyen cuadros de áreas; lo cual manifiesta la ausencia de ejecución de la Habilitación Urbana, esquivando de este modo realizar todo el procedimiento habilitador y con ello la obligación de efectuar los aportes reglamentarios, obteniendo únicamente -“lotes”- vendibles, usualmente destinados a vivienda. Para ello se analizará, el fraccionamiento predial en el Perú y la competencia municipal, así como las restricciones en la calificación de estos documentos administrativos, cuyos parámetros vienen determinados por el Precedente de Observancia Obligatoria sobre calificación de actos administrativos y su aplicación en los pronunciamientos del Tribunal Registral, en mérito al cual se inscriben estos fraccionamientos.

El informe jurídico analiza la Sentencia 302/2023 – Caso de los parámetros urbanísticos II, del Tribunal Constitucional del Perú, que aborda el conflicto competencial entre los Gobiernos Locales, representados por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Barranco, y el Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El principal foco del análisis se centra en cómo esta sentencia afecta el derecho fundamental de acceso a la vivienda digna y la seguridad jurídica de los tenedores de títulos habilitantes en el marco del Reglamento Especial emitido por el MVCS. El informe examina tanto los antecedentes como los aspectos legales, sociales y urbanísticos involucrados, destacando el impacto de la sentencia en la regulación de la Vivienda de Interés Social (VIS). También aborda las implicaciones que este fallo podría tener en el desarrollo urbano y en la protección efectiva del derecho a la vivienda digna, subrayando la importancia de evaluar las regulaciones urbanísticas actuales a la luz de este fallo del Tribunal. Además, el informe justifica la relevancia académica de este análisis, ya que permite comprender mejor los amplios efectos que la sentencia tiene en el ámbito jurídico, social y urbanístico, ofreciendo una visión detallada de los desafíos y oportunidades que se presentan en la regulación de la planificación y de vivienda social en el Perú. / The legal report analyzes Judgment 302/2023 – Urban Planning Parameters II Case, from the Constitutional Court of Peru, which addresses the jurisdictional conflict between Local Governments, represented by the Metropolitan Municipality of Lima and the District Municipality of Barranco, and the Executive Branch, specifically the Ministry of Housing, Construction, and Sanitation (MVCS). The primary focus of the analysis is on how this ruling affects the fundamental right to access adequate housing and the legal certainty of holders of enabling titles under the Special Regulation issued by the MVCS. The report examines both the background and the legal, social, and urban aspects involved, highlighting the impact of the ruling on the regulation of Social Interest Housing (VIS). It also discusses the implications this ruling could have on urban development and the effective protection of the right to adequate housing, emphasizing the importance of assessing current urban regulations in light of this court decision. Furthermore, the report justifies the academic relevance of this analysis, as it provides a better understanding of the broad effects the ruling has on the legal, social, and urban domains, offering a detailed view of the challenges and opportunities presented in the regulation of urban planning and social housing in Peru.

Nuestra investigación se ocupa de las opiniones vinculantes emitidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y su impacto en la seguridad jurídica urbanística. Las opiniones surgen en un contexto de incertidumbre provocada por la actuación cuestionable de las autoridades municipales frente al ordenamiento jurídico vigente, en detrimento de los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía. Nuestra hipótesis principal es la siguiente: las opiniones vinculantes emitidas por el MVCS constituyen una herramienta necesaria y adecuada para la consolidación del principio de seguridad jurídica en materia urbanística En esa línea, diversas entidades vienen sumando esfuerzos para consolidar la seguridad jurídica en materia urbanística, entre ellas, el MVCS, que, en su condición rectora del sector urbanístico, emite opiniones vinculantes que aclaran, precisan o completan la normativa urbanística, lo que contribuye con la certidumbre jurídica que exige el sector. En nuestro estado del arte abordaremos el estudio de institutos jurídicos fundamentales, como la autonomía municipal, el informe administrativo o la función consultiva de la administración pública, por la importancia que tienen en la temática que abordamos. También evaluaremos los antecedentes normativos de estas opiniones, los que nos permitirán la comprensión de su contexto y su función, asunto que nos lleva inevitablemente al examen de su régimen jurídico vigente. En el problema de investigación analizaremos con detalle la importancia de las opiniones vinculantes del MVCS en el contexto urbanístico nacional, conforme a lo planteado en el estado del arte. Asimismo, es examinada la relación entre la seguridad jurídica y otros principios fundamentales, de lo que ya ha dado cuenta numerosa jurisprudencia y doctrina de primer nivel. En la discusión del trabajo, analizaremos la interpretación que el Tribunal Constitucional ha realizado de la interacción entre las competencias urbanísticas de las municipalidades y del MVCS, lo que nos permite extraer una reflexión final sobre la cuestión según el panorama jurídico existente. Evaluaremos también la potencial repercusión de las opiniones vinculantes en el derecho y la economía, lo que, a nuestro juicio, es un asunto clave que no viene considerando el MVCS en el ejercicio de su labor rectora. Finalmente, ofrecemos una sistematización de las opiniones vinculantes que constituya una aproximación empírica de los problemas que realmente se vienen presentando en el marco de las opiniones vinculantes.