Memoria para optar al título de Periodista / Roberto Lagos Flores deseaba ir a vivir a Chiloé con su madre, Víctor Fabián Díaz quería realizar el Servicio Militar, Paulina Gómez se había propuesto terminar su colegio, Víctor Hugo Barría estaba contento porque iba a estudiar Acuicultura en Temuco y Rodrigo Barichivich salió a comprar pan para tomar desayuno con su madre. Ninguno de estos jóvenes pudo cumplir sus deseos. Todos aparecieron muertos en Puerto Aysén en extrañas circunstancias y la Justicia determinó que se habían suicidado. Estos decesos, junto a casi una decena de otras muertes, formaron parte del llamado Caso Aysén, polémico y emblemático puzzle policial que conmocionó a la opinión pública desde 1997 hasta 2002. Chile aún no sabía de la desaparición de Jorge Matute Johns ni de los terribles asesinatos cometidos en Alto Hospicio por Julio Pérez Silva, sin embargo, y al igual que en los crímenes acontecidos en la Región de Tarapacá, las humildes familias de las víctimas de Aysén también sintieron la indiferencia y el desprecio de las autoridades. Pasaron dos Gobiernos de la Concertación y ninguno de ellos mostró voluntad para resolver las muertes. De hecho, en algún momento, esa falta de interés se convirtió en algo ofensivo: En el período de Ricardo Lagos, los familiares de las víctimas demandaron reunirse con la entonces primera dama, Luisa Durán, pero a cambio, la asistente de la esposa del ex Presidente ofreció regalarle a las familias tres tortas. En un comienzo, el polémico juez Carlos Klapp estuvo a cargo del caso. En la ciudad, el magistrado era famoso por su excesivo gusto por las fiestas, el alcohol y las drogas. De hecho, en varias ocasiones el funcionario habría llegado a trabajar ebrio. Todas estas acusaciones llegaron a su punto más alto cuando fue fotografiado desnudo y drogado compartiendo con prostitutas. La imagen fue portada en varios diarios nacionales y motivó a la Comisión de Ética y Control Disciplinario del Poder Judicial a trasladar al juez a Castro, en Chiloé. Además, en la ciudad se hablaba de la existencia de un polémico video donde aparecían, aparte de Klapp, varias autoridades importantes de la zona, tales como funcionarios del Poder Judicial, trabajadores de la Municipalidad y miembros de Carabineros realizando una fiesta en un conocido prostíbulo de Puerto Aysén. Quien supuestamente tenía el registro audiovisual en su poder apareció muerto de forma sorpresiva y su fallecimiento fue catalogado como suicidio por la Justicia. Pero Klapp no fue el único funcionario con un actuar reprochable. Alicia Araneda, ministra en visita a cargo del caso, incluso llegó a asegurar que el Puente Presidente Carlos Ibáñez había sido el culpable de los decesos de los jóvenes al ejercer una suerte de atracción fatal sobre ellos y propuso, como una medida innovadora, poner rejas a la estructura. Las autoridades y la prensa nacional y local parecían estar de acuerdo con esta teoría. Sin embargo, el resto de los aiseninos nunca se conformó y aún asegura que hay algo detrás de estas muertes.