Durante la década pasada e incluso el año reciente, hubo una serie de acontecimientos y discusiones alrededor de las revisiones (a la fecha, inspecciones) técnicas vehiculares. Desde la suscripción de un contrato de concesión por parte de una entidad no competente en el año 2004 que otorgaba exclusividad a la empresa concesionaria hasta un reciente laudo arbitral en el año 2020 a partir de la controversia llevada por el concesionario en contra del Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En medio de la tormenta para la pronta implementación del servicio de revisiones técnicas tras los desaciertos en un escenario de exclusividad, a partir del 2008 con el establecimiento de la rectoría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para otorgar autorizaciones a centros de inspección técnica vehicular y la apertura al mercado para la prestación del servicio, las revisiones técnicas empezaron a ser brindadas por los conocidos centros de inspección técnica a nivel nacional. En el presente trabajo académico, se aborda la progresiva implementación del servicio, incidiendo en su definición y la experiencia comparada, específicamente, el caso costarricense para determinar las razones por las cuales se requería contar con la verificación del funcionamiento de los vehículos en el Perú. A partir de ello, se incide en la problemática sobre la autoridad competente en materia de revisiones técnicas, a fin de concluir con un estudio breve sobre los principales pronunciamientos y su impacto en la prestación del servicio en la actualidad.