El ejercicio de la profesión como magistrado del Poder Judicial, me ha permitido advertir, que los jueces de nuestro país (entre los que me incluyo), no tienen un criterio claro y justo, al fijar el monto de la Reparación Civil a favor de los agraviados, particularmente los que resultan de los accidentes de tránsito. Estos eventos, con lamentables consecuencias, están alcanzando niveles alarmantes en nuestro país, con tasas cada vez más altas de fallecimientos o lesiones graves. Una vez llegado los casos al poder judicial, después de dilatados procesos, culminan con una sentencia, en cuyos fallos fijan montos diminutos a favor de los agraviados. En efecto, dichos montos, generalmente oscilan entre los dos mil a diez mil nuevos soles de reparación civil en promedio; que evidentemente en los casos de fallecimientos y lesiones graves, no cubren mínimamente los gastos ocasionados a las víctimas, apremios no solamente económicos, sino también sufrimiento psicológicos, que alcanzan a toda la familia, creando luego un verdadero problema social.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Hace uso de la programación lineal entera mixta para localizar centros de auxilio rápido en el distrito de Ate para poder cubrir las necesidades de atención a heridos por accidentes de tránsito. / Trabajo de suficiencia profesional

El presente trabajo de investigación se ha visto atraído por el investigador, en el sentido que durante los últimos cinco años se han venido produciendo accidentes de tránsito y el índice sigue en aumento, sin que las autoridades responsables puedan hacer algo para determinar cuáles son las causas de la siniestralidad en el sector e implementar políticas para eliminarlas, o en todo caso disminuirlas significativamente / Tesis

Determina en qué departamento existe mayor ilegalidad en comunicaciones según la actividad proactiva (de oficio) y la actividad reactiva (son requerimiento de los ciudadanos, como denuncias o solicitudes dentro del ministerio por otras áreas), para reducir la informalidad de estaciones no autorizadas. / Trabajo de suficiencia profesional

La corrupción al interior de la Policía de Tránsito tuvo su pico más elevado en el 2012 y 2013, los medios de comunicación masiva mostraban conductores de transporte público otorgando coimas a los policías de tránsito, a fin de evitar la imposición de una papeleta. En este contexto se crea el Pacto por la Integridad en el Tránsito y el Transporte Público, bajo la dirección de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM, trazándose como objetivo reducir la micro corrupción en el ámbito del tránsito y el transporte público en Lima Metropolitana, planteándose como hipótesis el desarrollo de un procedimiento, que busque el control de la corrupción en la Policía de Tránsito, los Inspectores Municipales y los Transportistas, que permita un cambio de imagen policial y eleve la confianza de los ciudadanos, teniendo como sustento una metodología que nos acerque a la experticia de los involucrados, para implementarla como política pública anticorrupción, a través de la creación de un Protocolo Anticorrupción, que a partir de su puesta en ejecución redujo las denuncias contra la policía de tránsito el 2014 (3), el 2015 (1) y el 2016 (2) y contra los transportistas de servicio público el 2014 (770), el 2015 (599) y el 2016 (317), reflejada en una disminución significativa de la percepción que se tenía de la Policía Nacional como institución corrupta de 53% el 2013 a 42% el 2015; logrando su implementación no solo la reducción de los actos de corrupción en la Policía de Tránsito, sino en los conductores de servicio público, así como un cambio de imagen institucional, recuperándose la confianza de la población y una reacción positiva de la prensa / Tesis

Los accidentes de tránsito constituyen un importante problema público. En el Perú, se estima que “cada 7 minutos se produce un accidente de tránsito, 9 personas han fallecido diariamente como consecuencia de los accidentes de tránsito en la última década, ocurren más de 100,000 accidentes de tránsito al año, y hay alrededor de 80,000 heridos por accidentes de tránsito al año”1. Asimismo, las proyecciones indican que, sin un renovado compromiso con la prevención, estas cifras aumentarán significativamente en la siguiente década. / Tesis

La corrupción al interior de la Policía de Tránsito tuvo su pico más elevado en el 2012 y 2013, los medios de comunicación masiva mostraban conductores de transporte público otorgando coimas a los policías de tránsito, a fin de evitar la imposición de una papeleta. En este contexto se crea el Pacto por la Integridad en el Tránsito y el Transporte Público, bajo la dirección de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM, trazándose como objetivo reducir la micro corrupción en el ámbito del tránsito y el transporte público en Lima Metropolitana, planteándose como hipótesis el desarrollo de un procedimiento, que busque el control de la corrupción en la Policía de Tránsito, los Inspectores Municipales y los Transportistas, que permita un cambio de imagen policial y eleve la confianza de los ciudadanos, teniendo como sustento una metodología que nos acerque a la experticia de los involucrados, para implementarla como política pública anticorrupción, a través de la creación de un Protocolo Anticorrupción, que a partir de su puesta en ejecución redujo las denuncias contra la policía de tránsito el 2014 (3), el 2015 (1) y el 2016 (2) y contra los transportistas de servicio público el 2014 (770), el 2015 (599) y el 2016 (317), reflejada en una disminución significativa de la percepción que se tenía de la Policía Nacional como institución corrupta de 53% el 2013 a 42% el 2015; logrando su implementación no solo la reducción de los actos de corrupción en la Policía de Tránsito, sino en los conductores de servicio público, así como un cambio de imagen institucional, recuperándose la confianza de la población y una reacción positiva de la prensa

La presente tesis tuvo como objeto de estudio la identificación de los principales problemas de políticas públicas, en materia de atención integral y seguridad vial en la metrópoli de Lima durante el intervalo de tiempo 2012-2013. Su investigación es pertinente toda vez que en los últimos 10 años han fallecido cerca de 30,000 ciudadanos peruanos (INEI) como víctimas de accidentes de tránsito, por tanto, consideramos que es un fenómeno público relevante, alarmante y muy silente-tal vez- comparable con la violencia sufrida en décadas pasadas. Por ello, la presente obra examina y evalúa la atención integral de accidentes de tránsito por las organizaciones públicas del Estado Peruano que guardan implicancia en servicio público de seguridad vial. Además, indirectamente la tesis en mención, permiten inferir la coherencia de la obligación del Estado Peruano para proveer a la ciudadanía del derecho de seguridad individual y ciudadana como apunta las teorías de Malinowshi y Maslow, respectivamente, y como signa los nuevos paradigmas de la ONU (1993). Consideramos además , que el derecho y obligación del Estado Peruano a la seguridad interna vial, constituye una ventana de oportunidad para generar una resolución del problema y así generar una cadena de valor público que lo legitime en su rol inclusivo, proveyéndole indirectamente gobernabilidad-gobernanza sobre la metrópolis. Finalmente la tesis termina explorando: la composición de actores, la normatividad existente, la data oficial, y la capacidad de coordinación pública; todo ello, a través de un estudio de campo interdisciplinario laborioso, los cuales permiten arribar a conclusiones y recomendaciones desde el enfoque de “políticas públicas”; plausibles éstas de ser sugeridas a los tomadores de decisiones públicas, en virtud del mejoramiento de la problemática pública de tránsito. / Tesis

Con fecha 23 de junio de 2016 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, mediante el cual se dispuso aprobar el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, el cual implementa un sistema más riguroso que el Antiguo Reglamento de Licencias de Conducir e incorpora diversos requisitos que impactan en dos sectores relevantes que caracterizan un Estado Social de Mercado como es el caso peruano: Libre Competencia y Protección al Consumidor. Sobre el primer sector aludido, es preciso tomar en cuenta lo señalado en el documento denominado Abogacía de la Competencia de la Competencia en el mercado del servicio de examen práctico de manejo en la Región Lima (2014), emitido por la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, respecto a una presunta existencia de una barrera legal a la entrada de nuevos competidores al mercado del servicio de examen práctico de manejo. Sobre el segundo sector aludido, es pertinente tomar en cuenta el impacto que se generará con la implementación de nuevos requisitos para la obtención de una licencia de conducir de vehículos automotores en la Región Lima. Al respecto, el Touring y Automóvil Club del Perú (en adelante TACP) es una Institución sin Fines de Lucro que cuenta actualmente con una autorización vigente, emita por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC) para prestar el servicio de toma del examen práctico para la emisión de licencias de conducir vehículos automotores, constituyéndose en el único Centro de Evaluaciones en la Región Lima que brinda dicho servicio. Sobre el particular, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancías (en adelante SUTRAN), así como el MTC deben definir sus roles, a fin de evitar fallas en el mercado del servicio de toma de exámenes para obtener una licencia de conducir. Para tal efecto, el presente artículo brindará las herramientas para llegar a dicho fin / Trabajo Académico

Los accidentes de tránsito constituyen un importante problema público. En el Perú, se estima que “cada 7 minutos se produce un accidente de tránsito, 9 personas han fallecido diariamente como consecuencia de los accidentes de tránsito en la última década, ocurren más de 100,000 accidentes de tránsito al año, y hay alrededor de 80,000 heridos por accidentes de tránsito al año”1. Asimismo, las proyecciones indican que, sin un renovado compromiso con la prevención, estas cifras aumentarán significativamente en la siguiente década.