La presente tesis tuvo como objeto de estudio la identificación de los principales problemas de políticas públicas, en materia de atención integral y seguridad vial en la metrópoli de Lima durante el intervalo de tiempo 2012-2013. Su investigación es pertinente toda vez que en los últimos 10 años han fallecido cerca de 30,000 ciudadanos peruanos (INEI) como víctimas de accidentes de tránsito, por tanto, consideramos que es un fenómeno público relevante, alarmante y muy silente-tal vez- comparable con la violencia sufrida en décadas pasadas. Por ello, la presente obra examina y evalúa la atención integral de accidentes de tránsito por las organizaciones públicas del Estado Peruano que guardan implicancia en servicio público de seguridad vial. Además, indirectamente la tesis en mención, permiten inferir la coherencia de la obligación del Estado Peruano para proveer a la ciudadanía del derecho de seguridad individual y ciudadana como apunta las teorías de Malinowshi y Maslow, respectivamente, y como signa los nuevos paradigmas de la ONU (1993). Consideramos además , que el derecho y obligación del Estado Peruano a la seguridad interna vial, constituye una ventana de oportunidad para generar una resolución del problema y así generar una cadena de valor público que lo legitime en su rol inclusivo, proveyéndole indirectamente gobernabilidad-gobernanza sobre la metrópolis. Finalmente la tesis termina explorando: la composición de actores, la normatividad existente, la data oficial, y la capacidad de coordinación pública; todo ello, a través de un estudio de campo interdisciplinario laborioso, los cuales permiten arribar a conclusiones y recomendaciones desde el enfoque de “políticas públicas”; plausibles éstas de ser sugeridas a los tomadores de decisiones públicas, en virtud del mejoramiento de la problemática pública de tránsito.

Durante la década pasada e incluso el año reciente, hubo una serie de acontecimientos y discusiones alrededor de las revisiones (a la fecha, inspecciones) técnicas vehiculares. Desde la suscripción de un contrato de concesión por parte de una entidad no competente en el año 2004 que otorgaba exclusividad a la empresa concesionaria hasta un reciente laudo arbitral en el año 2020 a partir de la controversia llevada por el concesionario en contra del Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En medio de la tormenta para la pronta implementación del servicio de revisiones técnicas tras los desaciertos en un escenario de exclusividad, a partir del 2008 con el establecimiento de la rectoría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para otorgar autorizaciones a centros de inspección técnica vehicular y la apertura al mercado para la prestación del servicio, las revisiones técnicas empezaron a ser brindadas por los conocidos centros de inspección técnica a nivel nacional. En el presente trabajo académico, se aborda la progresiva implementación del servicio, incidiendo en su definición y la experiencia comparada, específicamente, el caso costarricense para determinar las razones por las cuales se requería contar con la verificación del funcionamiento de los vehículos en el Perú. A partir de ello, se incide en la problemática sobre la autoridad competente en materia de revisiones técnicas, a fin de concluir con un estudio breve sobre los principales pronunciamientos y su impacto en la prestación del servicio en la actualidad.

El presente artículo tiene como propósito principal llevar a cabo un estudio del Principio de Legalidad en torno a las resoluciones de archivamiento de procedimientos administrativos sancionadores expedido por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) contra las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT) durante el período 2010 al 2016, por emitir Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) a vehículos no autorizados, tales como vehículos de carga, particulares, motos lineales e interprovinciales (similares al SOAT), a pesar de que dicha conducta se encuentra tipificada como infracción grave prevista en el Código A.1 del numeral 47.1 del artículo 47 del Reglamento AFOCAT. En dicho artículo se determina una afectación al Principio de Legalidad, en tanto la SBS, ente competente para regular, supervisar, fiscalizar, controlar y sancionar a las AFOCAT, decidió inaplicar el Reglamento AFOCAT, por preferir la aplicación de ordenanzas regionales que de manera inconstitucional regularon en materia de seguros, ampliando las facultades de las AFOCAT para emitir CAT a todo tipo de vehículo y en toda una región, cuando dicha materia es competencia exclusiva de la SBS, que dispuso que los CAT solo son para vehículos que brindan servicio de transporte público provincial de personas. / The main purpose of this article is to carry out a study of the Principle of Legality regarding the resolutions of archiving of administrative sanctioning procedures issued by the Superintendence of Banking, Insurance and Private Pension Fund Administrators (SBS) against the Fund Associations Regional or Provincial Against Traffic Accidents (AFOCAT) during the period 2010 to 2016, for issuing Certificate against Traffic Accidents (CAT) to unauthorized vehicles, such as cargo vehicles, individuals, linear and interprovincial motorcycles (similar to SOAT), despite the fact that said conduct is classified as a serious infraction provided for in Code A.1 of section 47.1 of article 47 of the AFOCAT Regulation. This article determines an impact on the Principle of Legality, while the SBS, the entity competent to regulate, supervise, supervise, control and sanction the AFOCAT, decided not to apply the AFOCAT Regulation, preferring the application of regional ordinances that are unconstitutional. regulated in insurance matters, expanding the powers of the AFOCAT to issue CAT to all types of vehicles and in an entire region, when said matter is the exclusive competence of the SBS, which established that the CAT are only for vehicles that provide transportation service. provincial public of people. / Trabajo académico

Los accidentes de tránsito en el Perú suceden todos los días. Debido a ello, el seguro contra accidentes de tránsito (SOAT) juega un rol primordial en la protección de las personas. Este seguro, a diferencia de los seguros voluntarios, busca resguardar los derechos a la vida e integridad. Es por ello que la norma es clara cuando indica que cubre a todas las víctimas que se ven involucradas en un accidente de tránsito. La celeridad e inmediatez que lo caracterizan beneficia a las víctimas de los accidentes; ya que estas no tienen que recurrir al Poder Judicial, institución que no les garantiza que en algún momento recibirán algún tipo de indemnización. No solo eso, sino que aún teniendo una sentencia favorable, esto no significa que los obligados cumplirán con lo ordenado. Este artículo busca demostrar que la única interpretación posible del cuarto párrafo del artículo 17 del Decreto Supremo N°024-2002-MTC es aquella según la cual la aseguradora presente en un accidente que involucra a dos vehículos, uno con SOAT y otro sin SOAT, es la obligada a indemnizar a todas las víctimas; y que luego podrá repetir contra los responsables solidarios que la norma precisa. Esto como consecuencia de su finalidad social y su idoneidad para resolver este tipo de controversias.

El Certificado de Accidentes de Tránsito (CAT) fue creado una alternativa más económica, en comparación al Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito (SOAT), para los transportistas públicos que requieran contratar un seguro contra accidente para operar dentro del territorio peruano. No obstante, en la actualidad, la tendencia es que en accidentes de tránsito que involucren a un vehículo de transporte público, las víctimas no sean atendidas o indemnizadas de manera adecuada, pese a la existencia del CAT. En virtud ante esta situación, el presente trabajo de investigación busca analizar la figura del AFOCAT en virtud a su naturaleza y marco normativo, a fin de determinar si resulta necesario reformar el mismo a efectos de brindar una protección adecuada a los usuarios de dicho servicio: las víctimas de un accidente de tránsito que involucre a un vehículo que se dedique al transporte público. Ello debido a que, a comparación del SOAT, la legislación del CAT es mucho más flexible, toda vez que no es un producto de seguros, sino un autoseguro que opera bajo la estructura de un fideicomiso. Lo cual genera y permite ciertas distorsiones del mercado que generan un perjuicio para los beneficios de las indemnizaciones y/o atenciones. Por lo que resulta necesario reformar el sistema del CAT o de las Asociaciones de Fondos Contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT), incorporando algunos elementos de un sistema paralelo: el SOAT. / The Traffic Accident Certificate (CAT) was created as a more economical alternative, compared to the Compulsory Traffic Accident Insurance (SOAT), for public transportation companies that need to contract an accident insurance policy to operate within the Peruvian territory. However, at present, the tendency is that in traffic accidents involving a public transportation vehicle, the victims are not adequately attended or compensated, despite the existence of the CAT. In view of this situation, the present research work seeks to analyze the figure of the AFOCAT by virtue of its nature and regulatory framework, in order to determine whether it is necessary to reform it in order to provide adequate protection to the users of such service: the victims of a traffic accident involving a vehicle engaged in public transportation. This is due to the fact that, compared to the SOAT, the CAT legislation is much more flexible, since it is not an insurance product, but a self-insurance that operates under the structure of a trust. This generates and allows certain distortions in the market that generate a detriment to the benefits of indemnity and/or care. Therefore, it is necessary to reform the CAT system or the Traffic Accident Funds Associations (AFOCAT), incorporating some elements of a parallel system: the SOAT. / Trabajo académico

Con fecha 23 de junio de 2016 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, mediante el cual se dispuso aprobar el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, el cual implementa un sistema más riguroso que el Antiguo Reglamento de Licencias de Conducir e incorpora diversos requisitos que impactan en dos sectores relevantes que caracterizan un Estado Social de Mercado como es el caso peruano: Libre Competencia y Protección al Consumidor. Sobre el primer sector aludido, es preciso tomar en cuenta lo señalado en el documento denominado Abogacía de la Competencia de la Competencia en el mercado del servicio de examen práctico de manejo en la Región Lima (2014), emitido por la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, respecto a una presunta existencia de una barrera legal a la entrada de nuevos competidores al mercado del servicio de examen práctico de manejo. Sobre el segundo sector aludido, es pertinente tomar en cuenta el impacto que se generará con la implementación de nuevos requisitos para la obtención de una licencia de conducir de vehículos automotores en la Región Lima. Al respecto, el Touring y Automóvil Club del Perú (en adelante TACP) es una Institución sin Fines de Lucro que cuenta actualmente con una autorización vigente, emita por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC) para prestar el servicio de toma del examen práctico para la emisión de licencias de conducir vehículos automotores, constituyéndose en el único Centro de Evaluaciones en la Región Lima que brinda dicho servicio. Sobre el particular, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancías (en adelante SUTRAN), así como el MTC deben definir sus roles, a fin de evitar fallas en el mercado del servicio de toma de exámenes para obtener una licencia de conducir. Para tal efecto, el presente artículo brindará las herramientas para llegar a dicho fin

Durante las medidas de restricción impuestas a causa de la pandemia por COVID-19, el uso de medios de transporte sostenible aumentó; ello dejó en evidencia que el diseño vial de las principales avenidas no estaban preparadas para dicho aumento de demanda; por el contrario, el diseño vial actual prioriza el uso de las vías para el transporte automotor. En este caso, una de las principales vías del Callao, la avenida Dos de Mayo, presente este diseño vial poco eficiente y seguro para los transeúntes y ciclistas. La presente tesis plantea una mejora de las condiciones actuales de accesibilidad, circulación y sostenibilidad en la avenida Dos de Mayo, entre la avenida Sáenz Peña y la calle Monteagudo, en el Callao, considerando prioridad para el peatón y el ciclista. Para ello, se presenta un enfoque práctico e investigativo cualitativo. Se analizaron los datos geométricos y de tránsito en esta avenida, así como una aproximación histórica del contexto; con ello, se plantea una revisión técnica y normativa del estado actual; y se formula una propuesta de rediseño vial, la cual es evaluada mediante la microsimulación en el programa PTV Vissim. A partir de la evaluación mediante microsimulación del rediseño propuesto, para la intersección de la avenida Dos de Mayo con la avenida Sáenz Peña, se observan mejoras en términos de accesibilidad y seguridad para el transporte sostenible; sin embargo, se presentan ligeros efectos secundarios sobre la longitud máxima de cola para el transporte vehicular; por tanto, en el proceso de priorización al transporte sostenible, se deben considerar también medidas de mitigación de estos efectos sobre el transporte automotor. De este modo, se concluye principalmente que, dada la tendencia de aumento en la demanda de medios de transporte sostenible, se debe considerar la masificación de rediseños viales enfocados en la priorización de medios de transporte sostenible, pero presentando medidas de mitigación de los efectos secundarios en el tránsito automotor durante el proceso de transición

Los accidentes de tránsito representan hoy en día, uno de los problemas de gran significancia para la seguridad ciudadana. A sus graves consecuencias y a las enormes pérdidas para la economía nacional, se suman las horas-hombre empleadas en las etapas de la intervención e investigación que llevan a cabo las dependencias policiales. Al no existir políticas públicas coherentes con el problema y a pesar que una política de Estado está constituida por la erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, no se han promovido hasta el momento acciones efectivas destinadas a mejorar el orden en la circulación de personas y vehículos, ni al respeto del libre ejercicio de derechos y por ende al cumplimiento de los deberes individuales. Dentro de esta situación, los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol resultan ser los que más llaman la atención de la ciudadanía por la vigencia de un conjunto de normas que debería sancionar penal y administrativamente a los culpables y que no pueden ser aplicadas correctamente por problemas que surgen desde la etapa de intervención e investigación policial vinculadas mayormente a la parte procedimental y de equipamiento tecnológico. / Trabajo de investigación

En el Perú, los accidentes de tránsito causados por personas al volante bajo los efectos del alcohol configuran uno de los principales problemas asociados a la seguridad pública. En un país como el nuestro, en el que existe falta de conciencia vial por parte de peatones y conductores y poca claridad de las normas, emerge el incumplimiento de las normas de tránsito e impunidad, generado también por la falta de una adecuada estrategia e implementación de un procedimiento operativo preventivo que garantice el cumplimiento de la normativa vial. Este proyecto de innovación persigue, en primer lugar, caracterizar la problemática planteada en nuestro país y específicamente en Lima Metropolitana, sobre la grave crisis que viene atravesando la seguridad vial a causa del consumo de alcohol y, en segundo lugar, exponer que el Estado peruano, a través de sus instituciones a cargo de fiscalizar normas de tránsito, no cuenta con una estrategia adecuada para evitar los accidentes de tránsito. De lo señalado, se establece que la seguridad pública viene siendo afectada por el incremento de accidentes de tránsito causado por la conducción en estado de ebriedad; por lo cual, la implementación de un procedimiento operativo preventivo con uso de tecnología que esté destinado a la detección e intervención de conductores en estado de etílico, se propone a disminuir el número de dichos accidentes, cuyas consecuencias pueden ser fatales. / In Peru, traffic accidents caused by people driving under the influence of alcohol are one of the main problems associated with public safety. In a country like ours, where there is a lack of road awareness on the part of pedestrians and drivers and little clarity of the rules, non-compliance with traffic regulations and impunity emerge, also generated by the lack of an adequate strategy and implementation of a preventive operational procedure to ensure compliance with road regulations. This innovation project aims, firstly, to characterize the problem in our country and specifically in Metropolitan Lima, regarding the serious crisis that road safety is going through due to alcohol consumption and, secondly, to show that the Peruvian State, through its institutions in charge of enforcing traffic regulations, does not have an adequate strategy to prevent traffic accidents. From the above, it is established that public safety is being affected by the increase of traffic accidents caused by drunk driving; therefore, the implementation of a preventive operative procedure with the use of technology aimed at the detection and intervention of drunk drivers is proposed to reduce the number of such accidents, whose consequences can be fatal.